En marzo de 2019, la policía estatal de Guanajuato y las fuerzas federales dieron marcha al operativo “Golpe de Timón”, cuyo objetivo principal era desestabilizar al Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.
Desde su creación, la organización fijó su principal objetivo en el robo de hidrocarburos. En poco tiempo logró tener presencia en 26 de los 46 municipios que conforman Guanajuato, estado del centro de México.
De acuerdo con cifras oficiales del gobierno local, el cártel robaba entre 40 y 50 pipas diarias que salían sin facturar de la refinería de Salamanca, lo que le dejaba al día ganancias estimadas entre los 20 y 30 millones de pesos.
A pesar de que al inicio del operativo los pobladores de Santa Rosa intentaron bloquear el acceso a las autoridades -quemaron unos 23 vehículos y bloquearon carreteras en 4 municipios-, las fuerzas federales lograron entrar y tras una serie de cateos y bloqueos lograron detener a algunos miembros de la organización, pero no a su líder.
Dos meses antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el desabasto de gasolina, lo que ocasionó el cierre de ductos y filas enormes de hasta 20 horas de espera en las gasolineras para conseguir cantidades ínfimas de combustible.
En el mes de julio las autoridades supuestamente detuvieron a 62 integrantes del cártel, entre ellos un policía corrupto, y abatieron durante un enfrentamiento a Giovany Martínez, uno de los operadores del “Marro”. Por aquel entonces las autoridades ya le habían decomisado al cártel 14 inmuebles, 129 vehículos, y múltiples armas de grueso y bajo calibre.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también había logrado congelar 13 millones 220 mil 192.38 pesos de las ganancias del grupo.
Con el desabasto y el acosamiento constante al Cártel de Santa Rosa de Lima el gobierno de López Obrador evidenció una de sus mayores prioridades en materia de seguridad nacional: el combate contra el huachicol (forma como se le conoce en México al robo de combustible).
Aunque la iniciativa logró debilitar considerablemente al cártel de José Antonio Yépez Ortiz, las pocas fuerzas que le quedaron las invirtió en otro negocio criminal redituable: la extorsión.
En agosto, algunas fábricas y tortillerías empezaron a sufrir advertencias de cobros por derecho de piso. Según los propietarios, entrevistados por El Sol del Bajío, el Cártel de Santa Rosa de Lima les exigía pagos únicos de entre 30.000 y 500.000 pesos (USD 1.500-USD 26.000), además de pagos mensuales de 3.000 a 5.000 pesos mexicanos (USD 150-USD 260). Las extorsiones iniciaban a través un mensaje escrito en un papel, donde les pedían que se comunicaran a cierto número de celular.
Cuando lo hacían, supuestos miembros del cártel les advertían que la segunda vez se iban a presentar cara a cara para cobrarles.
Las amenazas afectaron también a restaurantes, carnicerías, hoteles y otros negocios. Según los hoteleros de Celaya, mensualmente son obligados a pagar 2,500 pesos (USD 130) a los extorsionadores. “Los sicarios te infunden tanto temor, que terminas haciendo los depósitos que te piden”, señaló Alberto Madrid a Noticieros Televisa.
A raíz de que el cártel del “Marro” se mudó al negocio de la extorsión para compensar sus pérdidas en el terreno del huachicol, se han reportado varios ataques armados en Guanajuato contra distintos negocios que han costado vidas humanas.
En el restaurante Indita, en Lago Zirahuén, Celaya, varios pistoleros abrieron fuego y asesinaron a tres mujeres que trabajaban en el establecimiento. Sucedió en agosto. La cuarta víctima fue un cliente de un depósito de materiales para construcción en la carretera panamericana. Otro ataque en la tortillería Perlita terminó causando daños a la propiedad, pero no se registraron pérdidas de vidas.
Esto motivó una huelga general de tortillerías en Celaya, donde muchos establecimientos cerraron en protesta por la violencia de la que son objeto.
Pese a los esfuerzos que se han invertido para debilitar su organización, “El Marro” sigue sin ser capturado y continúa buscando nuevas fuentes de ingresos, mientras la tasa de homicidios continúa en ascenso.
La actual disputa por el control del territorio que a día de hoy mantienen el Cártel de Santa Rosa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, sumada a la presión constante del gobierno, ha provocado más de 2.000 homicidios en lo que lleva el 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Una cifra que duplicó los registros totales de 2017: 1.084 homicidios.
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