La escena que mejor ilustra el panorama se presentó el 24 de junio de 2018 en la comunidad de Las Varas, al oeste de Chihuahua: durante 10 horas miembros del grupo “Gente Nueva”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, se enfrentaron con los sicarios de “La Línea”, grupo familiarizado con el Cártel de Juárez.
El saldo del combate fue de 20 sicarios muertos de ambos bandos, cuyo intercambio de fuego fue avivado por rifles de asalto, granadas de fragmentación y fusiles barret calibre 50.
Pocos días antes, un ataque contra las autoridades dejó dos policías asesinados, una patrulla calcinada y la destrucción completa de las instalaciones de la comandancia.
El caos ocasionó que los habitantes del pueblo, que antes se estimaban en unas 1,417 personas, iniciaran un éxodo hacia lugares más seguros y en los que estuvieran a salvo de la violencia del narco, dejando detrás de ellos su historia y algunas de sus pertenencias.
Esa misma situación vivieron los pobladores de Nicolás Bravo, pueblo que comparte con Las Varas el territorio de Madera, municipio colindante con el estado de Sonora, al noroeste de México.
“A unos los corren, a otros los levantan y a otros les queman sus casas. Les dicen ‘te vas’, y al que no quiera lo suben y lo desaparecen”, relató Don Abisail Bojórquez Solano, uno de los pocos habitantes que todavía se aferran a su tierra, en una entrevista para el periódico El Universal.
“Vean ustedes las calles, las que cruzan, y verán que no hay gente”, dijo el señor a los periodistas.
El presidente seccional y encargado del consejo de administración del pueblo fueron parte de la multitud que decidió huir de la violencia, por lo que actualmente no hay policía municipal ni estatal que cuide las calles.
Don Abisail describió a los criminales que se apoderaron de aquella zona: “Andan vestidos de sardos, de militares, pero no son militares. Son sicarios. Antes de oscurecer ya están todos en sus casas, a las seis, siete de la tarde”.
Los poblados de Las Varas y Nicolás Bravo pasaron a formar parte de la lista no oficial de pueblos fantasma, como se le dice popularmente a las localidades que han quedado prácticamente vacías por la violencia del crimen organizado.
En Sinaloa se ha registrado desde 2015 una salida masiva de personas de distintos pueblos primero por las operaciones para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y ahora por el reacomodo de grupos delictivos que le disputan el territorio al Cártel de Sinaloa.
Otros municipios de Sinaloa en los que han detectado poblados abandonados total o mayoritariamente son Concordia, San Ignacio, Culiacán, Choix, Mazatlán, Mocorito y El Fuerte.
En Guerrero están los casos de Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Teloloapan, Apaxtla y Zirándaro de los Chávez.
Y en Tamaulipas Ciudad Mier, donde opera el remanente de los Zetas.
En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó unos 90.000 desplazados por la violencia en México, aunque expertos estimaron una cifra hasta tres veces mayor.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) también hizo su medición partiendo del año 2009 y terminando en enero de 2017. Su análisis arrojó que la cifra supera los 310.000.
El más reciente caso fue el del clan LeBarón, cuyos integrantes -casi una veintena de familias- abandonaron Chihuahua tras el asesinato de seis niños y tres mujeres el pasado 4 de noviembre.
Las escisiones, “Gente Nueva”, del Cártel de Sinaloa y “La línea”, del Cártel de Juárez, mantienen una lucha encarnizada por el territorio fronterizo. Ambas células son los responsables de las cientos de muertes en el territorio.
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