El caso de Karla Pontigo a detalle: irregularidades, omisiones, y una nueva investigación por feminicidio

El caso de Karla Pontigo, mujer de 22 años presuntamente asesinada en San Luis Potosí en octubre del 2012, ha sido reabierto y ahora será investigado como feminicidio, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto unánime este 13 de noviembre.

La resolución se dio cuatro años después de que la institución atrajera el caso, luego de que María Esperanza Lucciotto y Fernando Lucciotto, madre y hermano de la víctima, presentaran el recurso. Consideraron que la investigación realizada por la Procuraduría General del Estado (PGE) estaba llena de irregularidades.

El calvario para la familia comenzó el 28 de octubre de hace siete años en la madrugada. Karla trabajaba entre semana en un spa de rehabilitación para aprender a hacer masajes terapéuticos. Asistía de 10:00 a 20:00 horas; su madre y hermano la dejaban y recogían diario de su lugar de trabajo. Los fines de semana también laboraba. Era edecán de Play Bar, entonces ubicado en Avenida Carranza, entre Terrazas y Avanzada.

El sábado 27 de octubre entró a trabajar. Durante el final de su jornada le escribió a su hermano y ambos acordaron que él pasaría por ella a las 3:00 de la mañana, para que no regresara sola a su casa.

Fernando estuvo ahí, pero el ambiente le pareció extraño. Casi no había personas en el sitio, sólo unos agentes de seguridad. Su hermana no le contestaba el teléfono, y cuando preguntó por ella no quisieron darle respuesta. Ante la incertidumbre intentó entrar al bar, pero se lo negaron. Momentos después alguien salió para avisarle que Karla tenía una gran cortada.

El joven entró. En el primer y segundo piso no había nadie. Fue hasta el tercero en donde la encontró. Ahí estaba la cocina y la oficina del dueño del negocio, Jorge Vasilakos. Estaba tendida en el piso con un charco de sangre a su alrededor y una herida en la pierna. Una de sus compañeras la sostenía de la cabeza y las manos. Él se acercó, su hermana estaba todavía consciente y alcanzó a decirle “ayúdame”.

Le dijeron al joven que Karla no había prendido la luz, por lo que no vio la puerta de cristal de la oficina y chocó con ella, la rompió y el vidrio le había hecho la cortada en el cuerpo.

Fernando se percató que sus botines tenían el cierre abajo lo que le pareció raro, pero al ver la gravedad de la lesión de su hermana, no preguntó y sólo la tomó de los brazos para bajarla por la escalera.

A medio camino llegaron los servicios médicos, quienes la subieron a una camilla para trasladara en ambulancia al Hospital Central. Ya habían sido avisados previamente de lo sucedido en el bar, pero nadie dio informe a la policía. Cuando la subían al vehículo, Jorge Vasilakos, el dueño, estaba presente. Se iba a acercar a la mujer, pero decidió no hacerlo. El hermano dijo que se frotaba, nervioso, el antebrazo derecho.

Karla llegó al hospital con su hermano y minutos después su madre. Los doctores la examinaron y le dijeron que además tenía golpes en la cabeza, una mordida en el labio, señales de estrangulamiento y una grave lesión en la cabeza; “Cuando la vi supe que no había sido un accidente”, dijo Esperanza a medios de comunicación dos meses después del incidente.

Nadie le había intentado hacer un torniquete a la joven, por lo que al llegar al hospital ya había perdido demasiada sangre. Los médicos no vieron otra solución más que amputarle la pierna, así que entró al quirófano por primera vez.

Pero al salir su estado no mejoró. Las transfusiones que le realizaban se coagulaban, y había algo más: tenía una herida interna que no habían encontrado, por lo que seguía perdiendo sangre. Ingresó a operación por segunda vez. Le abrieron el estómago para encontrar la lesión, pero no la encontraron, contó su madre.

A la 01:15 del lunes 28 de octubre del 2012, Karla sufrió un shock hipoglucémico y un infarto. Falleció luego de 20 horas de agonía. Hasta ese momento las autoridades ministeriales no habían aparecido en el hospital, a pesar de que los médicos les informaron sobre la situación de la joven.

Cuando la policía llegó, lo hizo para presionar a la familia para que donara los órganos de la mujer, ya que se encontraban sanos. Esperanza accedió con la condición de que iniciaran una investigación por homicidio.

Fue hasta que pasaron 38 horas del incidente, que los agentes acudieron al lugar de los hechos a realizar las indagaciones periciales. Pero el área de lo sucedido ya había sido limpiada; lo único que encontraron fue que la mochila de la trabajadora estaba dentro de la oficina de Jorge. Al mismo tiempo los Servicios Médicos Forenses realizaron la necropsia de ley a Karla. Encontraron 11 lesiones, entre las que se encontraron signos de violación. Pero esta información se perdió después. El diputado Miguel Ángel Covarrubias, entonces procurador de San Luis Potosí, declaró que la mujer no había sido abusada sexualmente.

El día posterior a la muerte de la joven, su novio, con quien tenía tres meses de relación, asistió al Ministerio Público a declarar. Él manifestó que Jorge Vasilakos, el dueño del bar, acosaba sexualmente a la edecán. Dijo que le hacía comentarios sexuales sin su consentimiento y que se molestaba cuando alguien la saludaba de beso.

También contó que tres días antes del incidente, Karla le envió un mensaje pidiéndole que fuera a recogerla al bar porque el hermano de su jefe le había dado una nalgada. Igualmente declaró que Jorge Vasilakos la iba a buscar al spa en el que trabajaba.

Esta última declaración coincidió con la de Esperanza, su madre. Ella dijo que al inicio le pagaban a joven en el bar, pero que después el dueño iba a buscarla a su otro sitio de trabajo para entregarle el dinero, y aprovechaba para pedirle que le diera un masaje.

Sin embargo, estos testimonios no fueron tomados en cuenta por la Procuraduría y se descartaron de la investigación.

Armando Rodríguez abogado del bar El Play, dijo que las indagaciones periciales habían determinado que la causa del accidente era poca iluminación en el primer piso, lo que provocó que Karla tropezara.

En 2013 se cerró el caso y se acusó a Jorge Vasilakos, dueño del bar, de homicidio culposo por accidente. Por lo que pudo seguir el proceso en libertad. Pero la familia de Karla quedó inconforme. Además, denunciaron que durante todo el proceso no los dejaron revisar el expediente de su hija.

“En casos graves de homicidios con señales de violencia extrema, uno de los primeros obstáculos para la impartición de justicia es no poder obtener su expediente, pues de esta manera se imposibilita la manera de impugnar, de verificar que las autoridades hicieron bien su trabajo y sobretodo de poder comprobar si las pruebas periciales, en particular la forense, fueron bien realizadas”, declaró la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quienes han acompañado a la familia durante todo el proceso.

Los parientes de Karla recurrieron a un amparo contra el juez segundo del ramo penal y otras autoridades derivado de la violación de garantía del debido proceso y negación de acceso a la justicia contra la PGJE. Se los consignaron y pudieron tener acceso a la investigación.

Esperanza declaró que en la carpeta estaba escrito que Karla había consumido alcohol la noche del presunto accidente; la declaración había sido dada por Covarrubias, procurador. Cosa que negó, porque además de que no se lo tenía permitido, en el hospital no le informaron nada y no le hubieran permitido hacer donación de órganos.

También estaba constatado que inmediatamente después del accidente, cuatro policías municipales habían llegado al sitio, lo cuál fue mentira, de acuerdo a testimonios de testigos que tampoco fueron incluidos. Igualmente, el Hospital Central no documentó la violencia física que Karla presentó cuando fue ingresada.

Por las irregularidades la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2015 una recomendación al gobierno de San Luis Potosí para que aclarara el caso, identificara a la familia de Karla como víctima y les brindara atención psicológica; “La descripción de las misiones fue incompleta, inadecuada e ineficiente”, declaró.

Después de las denuncias de la familia de Karla, Esperanza comenzó a recibir amenazas y hostigamiento. Contó a medios de comunicación que recibía amenazas, mensajes, y que automóviles rodeaban su casa.

Dos años después de que la SCJN atrajo el caso, Esteban Beltrán, representante de Amnistía Internacional, organización que estuvo cercana al caso, se reunió con el gobernador de San Luis Potosí y con personal de la Fiscalía, aunque ya eran distintos a los que se encontraban al momento del presunto asesinato. “Ellos dicen que tienen la voluntad de investigar, pero no hay un solo proceso por homicidio, ni por las irregularidades en la investigación, ni por las amenazas posteriores a la madre de Karla”, dijo entonces.

Ayer se determinó que el caso se volvería a investigar, pero ahora con perspectiva de género y por el delito de feminicidio. Las pesquisas se retomarán desde que se comenzaron a registrar irregularidades. También se estudiará la probable culpabilidad de todas las autoridades de gobierno relacionadas con la omisión y trasgiversión de información.

Federico Garza Herrera, fiscal general del estado, dijo que están a a espera de la notificación para acatar los resolutivos que emitan los ministros.

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