El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este sábado el municipio Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, y ahí se comprometió a realizar consultas en las comunidades indígenas sobre la construcción del Tren Maya, y en caso de ser rechazado, lo cancelará.
En su gira por el sureste del país, el mandatario aseguró frente a decenas de ejidatarios mayas que no va a poner en riesgo la inversión de 120.000 millones de pesos para el proyecto. Para evitar que ocurra una situación similar a la del Aeropuerto de Santa Lucía, cuya construcción se retras{o porque se interpusieron m{as de cien amparos.
El Tren Maya tendrá una extensión de 1.460 kilómetros y atravesará cinco entidades del sur-sureste de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está pensado para conectar las principales ciudades y circuitos turísticos de la región, contribuyendo al desarrollo turístico y social.
Como la población será quien resienta el impacto, el mandatario aprovechó su gira de trabajo de este fin de semana por la región para abordar el tema. “Si la gente dice vamos, vamos; si la gente dice no, no vamos, pero que sea la gente la que decida”, dijo López Obrador en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto.
López Obrador designó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a su director, Adelfo Regino Montes, presente en el acto, como los encargados de realizar las consultas y pidió se lleven a cabo “lo más pronto posible”.
También dijo que si la oposición retrasa con amparos la obra, como en el Aeropuerto de Santa Lucía, y el gobierno estima que no podrá concluirse antes de que acabe el sexenio “no la iniciarán [la obra]”, pues “no quiere dejar obras inconclusas”.
A los Diálogos con el Pueblo Maya Peninsular acudieron ejidatarios para exigir al presidente el pago de millonarias indemnizaciones por expropiaciones de tierras suscitadas años atrás. Este punto es una de las condiciones para que este grupo acceda a la construcción del Tren Maya.
Ponciano Genaro Martín Esquivel, miembro del Consejo Nacional de Comunidades Indígenas, contó que cuando construyeron la carretera 307 hace 20 años, que cruza Quintana Roo de Chetumal hasta Puerto Juárez, expropiaron alrededor de 200 hectáreas ejidales sin indemnización a los afectados.
Ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, Xmaben, Hazil, Zun Yax Chen, Chac Choben y Andrés Quintana Roo piden 200 millones de pesos. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijará el precio final de indemnización.
Los inconformes presentarán una propuesta por escrito a López Obrador que será entregada de la mano de Clemente Pot Varela, comisario ejidal de Felipe Carrillo Puerto.
Además, 31 ejidatarios de Felipe Carrillo también exigen al gobierno federal comprar madera que podría usarse para la fabricación de más de un millón de durmientes necesarios para el Tren Maya a estos ejidos forestales, quienes cuentan con certificación internacional de producción sustentable.
A pregunta abierta del mandatario sobre si están de acuerdo con la construcción del Tren Maya, todos los representantes de los ejidos mencionados declararon estar a favor del megaproyecto. Pero aclararon que en caso de expropiar tierras, se indemnice a las personas con un precio justo.
Con lo que no están de acuerdo es con formar parte de la Fibra, un modelo donde el ejidatario pone la tierra y los empresarios la inversión.
El Tren Maya junto con el Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México son los proyectos insignia en infraestructura del gobierno de López Obrador.
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