La masacre contra nueve integrantes de una prominente familia mormona en el norte de México, en la que murieron tres mujeres y 6 niños, puso de relieve la grave crisis de seguridad que desde hace años aqueja a México y encendió las alertas por la alta probabilidad de que los responsables logren evadir la justicia.
Todas las víctimas eran ciudadanos con nacionalidad mexicana y estadounidense, y dos de los seis menores eran bebés que tenían meses de edad.
Según la información oficial, los 17 miembros de la familia LeBarón viajaban en tres camionetas tipo Suburban cuando fueron atacados en un punto carretero aislado y de alta peligrosidad entre Sonora y Chihuahua. Hombres armados les dispararon a los pasajeros y una de las balas perforó el tanque de gasolina de una de las camionetas, causando que ésta se incendiara con todo y sus ocupantes.
Una de las hipótesis del gobierno federal es que los atacantes, presuntamente miembros del grupo delictivo “La Línea”, probablemente confundieron a la familia con “Los Salazar”, un grupo rival, posiblemente debido a las camionetas que conducían. Pero la realidad es que todavía no se conocen los verdaderos motivos.
La región donde tuvo lugar el ataque ha sido blanco de disputas por al menos dos grupos criminales: el Cártel de Sinaloa y otro grupo conocido como La Línea, vinculado al Cártel de Juárez. Ambas organizaciones buscan hacerse con el control de las rutas de tráfico de drogas y de migrantes hacia Estados Unidos.
A pesar de que la noticia tuvo gran impacto mediático -en buena medida porque involucró infanticidios y a una familia conocida-, las probabilidades de que los culpables sean enjuiciados son escasas.
En 2018, 30 de los 32 estados de México registraron tasas atípicas de impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad de México, a nivel nacional el país alcanzó casi los 70 puntos en una escala de 100, y a nivel mundial, México suele ubicarse entre los peores países en cuanto al enjuiciamiento de delitos.
Los responsables de asesinar a 14 policías estatales el pasado 14 de octubre en Michoacán no han sido detenidos, como tampoco lo han sido los que provocaron un gran caos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán, quien más tarde fue liberado.
Pero quizá el caso más relevante ocurrido en los últimos años fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, pues hasta la fecha ninguno ha sido encontrado.
Los niveles de violencia en México han alcanzado cifras récord en los últimos años, y su crecimiento parece imparable. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 hubo 35,964 asesinatos en todo el país, convirtiéndose en el año más sangriento en toda la historia del país norteamericano.
Sin embargo, las tendencias señalas que 2019 será el más violento desde que se tiene registro.
La violencia criminal surgió por primera vez en 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Antes de Calderón, México experimentó aproximadamente 10,000 homicidios por año en promedio, menos de un tercio de la cifra actual.
Esta lucha, que en México ha dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos, se debe a la alta demanda de estupefacientes en Estados Unidos y al tráfico de armas proveniente de la Unión Americana.
Las armas de alta potencia (como un rifle de francotirador calibre .50) que los sicarios del Cártel de Sinaloa utilizaron contra soldados mexicanos en Culiacán, son fáciles de adquirir en casi cualquier parte de EEUU, por lo que son enviadas fácilmente a México. Mismo caso ocurrió con el arsenal empleado para asesinar a los miembros del clan LeBarón.
De acuerdo con el analista político Nicola Morfini, México debe revertir el equilibrio de poder que actualmente favorece a los cárteles de la droga. El sistema de justicia mexicano tiene una tasa de impunidad extremadamente alta: 99.3 por ciento. De hecho, la confianza en el sistema de justicia es tan baja que solo el 10 por ciento de los delitos se denuncian a las autoridades, y de estos, solo el 14 por ciento resulta en una condena.
Según su perspectiva, México debe fortalecer y reforzar sus sistemas policiales, de justicia y penitenciarios. Pero no solo eso.
El problema en México es estructural. El país permanecerá en un estado de emergencia constante hasta que sus instituciones reduzcan las áreas grises y de corrupción en las que prospera el crimen. Y los cambios necesarios tomarán mucho más tiempo que los seis años de un mandato presidencial. No es suficiente que esta administración sola implemente las políticas correctas; la administración posterior debe garantizar su continuidad.
“México no permite la reelección presidencial, lo que pone en peligro la capacidad de establecer una estrategia clara a largo plazo. Es por eso que es crucial para la élite política mexicana converger en la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y finalmente establecer una visión común para el país”, concluyó el analista.
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