La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, pidió a la Fiscalía del estado, tramitar la colaboración y respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en las investigaciones del ataque contra las familias LeBarón y Langford, en Bavispe, el lunes pasado que dejó nueve muertos, entre ellos seis menores.
La mandataria estatal informó que derivado de las reuniones que tuvo esta semana con el embajador estadounidense, Christopher Landau, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, fue que solicitó a la fiscal del estado, Claudia Indira Contreras, hacer efectivo este acuerdo de colaboración que respalde y fortalezca las investigaciones para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
Claudia Pavlovich reiteró su repudio a este acto de barbarie contra inocentes y reconoció la necesidad de una colaboración efectiva entre todos los niveles del gobierno y del FBI, que ha ofrecido su colaboración respetuosa y apegada a la legalidad.
A raíz de la solicitud hecha por la gobernadora que forma parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el ámbito de coadyuvancia entre autoridades federales y locales, puso a su consideración el solicitar el respaldo de autoridades extranjeras en los términos de tratados y convenios internacionales suscritos por Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que realice las gestiones necesarias para el apoyo técnico, tecnológico y de acompañamiento en la investigación de este caso.
De igual forma, y por involucrar presumiblemente delitos del fuero federal, la Fiscalía General de Sonora hizo entrega este viernes del desglose triplicado de la carpeta de investigación sobre esta masacre a la FGR, con lo que se trabajará de manera coordinada y de colaboración para esclarecerlo.
El miércoles, la administración del presidente Donald Trump ofreció al gobierno mexicano la ayuda del Buró Federal de Investigaciones para coadyuvar en las pesquisas sobre el ataque a las familias Lebarón y Langford en los límites de Sonora y Chihuahua en el que murieron tres mujeres y seis menores.
Ese día la Casa Blanca confirmó la llamada entre los presidentes Trump y Andrés Manuel López Obrador en la que discutieron sobre la violencia en México y el comportamiento de los cárteles y grupos criminales en la región.
“(El presidente Trump) ofreció a México ayuda para asegurar que los autores enfrenten la justicia”, dijo la Casa Blanca en un comunicado que describía la llamada entre ambos mandatarios.
Según la versión oficial, Trump ofreció a México coordinar la guerra contra los cárteles de la droga, lo que fue rechazado por el gobernante mexicano.
En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la ayuda que la Administración Trump ofreció formalmente al Gobierno mexicano es el de la coadyuvancia del FBI en la pesquisa que siguen las autoridades mexicanas tal como ha ocurrido en casos en el pasado.
“Como parte de nuestro sólido compromiso con México, el FBI ha ofrecido asistencia a las autoridades mexicanas”, dijo el Departamento de Estado, también en una declaración a medios.
El Departamento de Estado confirmó también que muchas de las personas de la familia LeBarón muertas en el ataque eran ciudadanos estadounidenses.
Las que también son estadounidenses fueron las armas utilizadas por los sicarios que masacraron a las tres mujeres y seis niños, informó el mismo miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Más de 200 casquillos calibre .223 de rifles M-16 y AR-15 de la marca estadounidense Remington fueron recuperados en el lugar de la masacre.
“En las primeras pesquisas, en la recolección de casquillos, nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia estadounidense”, dijo Durazo en una conferencia que el gabinete de seguridad realizó para dar a conocer los avances de la investigación
Durazo dijo que en respuesta a este hecho dependencias de ambos países comenzarán a “operar de inmediato el programa de ‘sellado’ de la frontera para controlar el tráfico de armas de Estados Unidos a México”.
Se trata de un acuerdo de cooperación que se firmó poco después de la jornada violenta que se vivió en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre cuando el cártel de Sinaloa incendió esa ciudad para liberar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.
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