El estado de Chihuahua ha vivido durante más de dos décadas una ola de violencia, homicidios, feminicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, debido a la disputa del codiciado territorio, puerta de entrada de drogas a Estados Unidos, por parte de los cárteles de la droga.
En Chihuahua operan: La Línea, la organización delictiva señalada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como probable responsable del asesinato de nueve miembros de la colonia LeBarón, brazo armado del Cártel de Juárez. El grupo “Los Aztecas”, también perteneciente al Cártel de Juárez.
Cártel de Sinaloa o Gente Nueva, cuyo brazo armado es la organización denominada “Los Mexicles”. Los Salazar, quienes también están al servicio de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada.
Otro grupo delictivo en la región es el liderado por Francisco Arvizu, “El Jaguar”, líder de “Los Jaguares”. Y El Cártel Jalisco Nueva Generación comienza a disputar la plaza.
Las muertas de Juárez
La historia de violencia en Chihuahua se remonta a 1993 con el hallazgo del cuerpo de la adolescente Alma Chavira, de 16 años, en Ciudad Juárez. Desde entonces comenzó una alarmante cifra de feminicidios, que puso en jaque a la sociedad, al aparato de justicia nacional y la opinión pública.
Las mujeres eran halladas en parajes desérticos con signos de violación, tortura, estrangulamiento y, en algunos casos, de mutilación. Las edades aproximadas de las víctimas eran de los 15 hasta los 25 años, obreras de maquila en la mayoría de los casos, morenas y delgadas.
Estos casos comenzaron a conocerse como “Las muertas de Juárez”, que causaron conmoción no sólo en México, sino a nivel mundial y dieron origen a movimientos de organizaciones feministas que reclamaban “Ni una más”.
Se escribieron libros, cientos de artículos y reportajes, series de televisión y hasta una película hace alusión a estos casos.
Dentro de las múltiples teorías sobre quién o quiénes estaban asesinando a las mujeres: narcos, la ultraderecha, crímenes rituales perpetrados por sectas, violencia doméstica, etcétera, salió a la luz pública la de Abdel Latif Sharif Sharif, un hombre nacido en Egipto que había llegado a México para desempeñarse como químico en una compañía transnacional.
La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua vio en este hombre el chivo expiatorio que necesitaba para presentar a un sospechoso, el asesino serial que supuestamente operaba en Juárez. Sharif se ajustaba a lo que tristemente ocurría en la ciudad fronteriza, por lo cual fue detenido en 1995 aprovechando que una joven prostituta presentó cargos en su contra por supuesto secuestro y abuso sexual. A esa acusación se le sumarían las sospechas de haber asesinado a cerca de 20 mujeres y haber ordenado el homicidio de otras 24.
El apodado “El Egipcio” o “El Chacal de Juárez” siempre alegó su inocencia hasta su muerte ocurrida el 2 de junio de 2006 a los 59 años de un infarto al miocardio en la cárcel de Aquiles Serdán en la que se hallaba prisionero. Con el paso del tiempo se confirmó que Latif Sharif no era el asesino serial que buscaban las autoridades, porque estando preso seguían los homicidios de jóvenes.
El asesinato de mujeres fueron investigados desde la perspectiva de género a partir de 2016 y fueron conocidos bajo la denominación de feminicidios.
La ciudad más violenta del mundo
Entre 2008 y 2011 una severa crisis de inseguridad llevó a considerar en 2009 a Ciudad Juárez como la ciudad más violenta del mundo. Por segundo año consecutivo, la capital de Chihuahua fue considerada aún más peligrosa que Bagdad.
La declaración de guerra contra el narcotráfico, que declaró el entonces presidente Felipe Calderón desencadenó una sangrienta respuesta del crimen organizado. En 2009, se registraron 132 homicidios por cada 100 mil habitantes, contra 40 en la ciudad persa. Chihuahua cuenta con un millón y medio de habitantes.
En enero del 2010, ocurrió una de las masacres más crueles e inhumanas de las que se tenga memoria en el estado de Chihuahua. Un comando de La Línea llevó al fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en donde estudiantes del plantel 9 del Colegio de Bachilleres y del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128 celebraban el cumpleaños de uno de ellos.
Los sicarios abrieron fuego contra todos los asistentes. Tres adolescentes cayeron abatidos afuera de la casa número 1306, otros tres frente al 1308 y cuatro más en el 1310. Cinco más fallecieron durante el traslado a los hospitales. Una de las víctimas era estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Entre los muertos se contaron 11 estudiantes de preparatoria, un universitario y tres adultos, según informó la Procuraduría de Justicia del Estado. Algunos de los cadáveres fueron recogidos en los patios traseros de varias casas debido a que los jóvenes fueron alcanzados por las balas al tratar de escapar.
José Antonio Acosta Hernández, “EL Diego” o “El 15”; uno de los detenidos por esa masacre, confesó haber matado o haber participado en los crímenes de al menos otras mil 500 personas, entre integrantes de grupos rivales como de personas inocentes. De ese tamaño es el horror desatado por las organizaciones criminales.
El caso LeBarón
Un año antes, el 2 de mayo de 2009, Erick LeBarón, de 17 años, fue secuestrado en Chihuahua. Sus captores exigieron un millón de dólares de rescate. La gran familia mormona se negó a pagar. Erick fue liberado una semana después. Esta experiencia dejó una peligrosa herencia en el seno de la familia.
Benjamín LeBarón, de 32 años, uno de los hermanos de Erick y Julián, se convirtió en activista y líder comunitario en Sociedad Organizada Segura (SOS Chihuahua). La organización exigió el fin de la violencia provocada por el combate al narcotráfico. La demanda produjo una gran presión sobre esta familia de agricultores. Benjamín fue asesinado en julio de 2009 junto a su cuñado, Luis Widmar, por 17 sicarios que entraron a su casa y se los llevaron.
Julián recogió la estafeta que dejó caer su hermano Benjamín y escuchó el llamado de otras víctimas de la violencia. En marzo de 2011, Julián se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un grupo de protesta que tuvo su origen tras al asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia.
Repunta la violencia
En Chihuahua la violencia había cedido, después de padecer los periodos más sangrientos de su historia (2010-2011), pero en 2017 la pesadilla regresó: los grupos de la delincuencia organizada incrementaron su presencia y sus disputas, a tal grado que los homicidios dolosos aumentaron 28% respecto a los registros de 2016, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Desapariciones forzadas
De acuerdo con datos oficiales, se investigan 2,500 casos de desaparición forzada en lo que va de este 2019. De manera extraoficial, en el municipio de Cuauhtémoc las organizaciones de la sociedad civil que buscan desaparecidos o dan acompañamiento a familiares de víctimas de este delito estiman que hay cerca de mil desapariciones.
En el primer semestre de 2019 se registraron en Chihuahua 148 mujeres asesinadas y se tiene el registro de mil 300 desparecidas, por lo que organizaciones civiles demandaron al gobierno que encabeza el panista Javier Corral, que intensifique las tareas de búsqueda de las ausentes, y campañas de prevención.
Desplazamientos forzados
En 2014, 33 integrantes de la familia Archuleta abandonaron su hogar para sobrevivir a la delincuencia en El Valle, a unos 50 kilómetros de Ciudad Juárez. “No nos quedó otra opción más que dejar el pueblo, por seguridad”, dice a la prensa una integrante de esa familia entrevistada desde El Paso, Texas, quien pide la reserva de su identidad pues aún teme por su vida.
Sus casas fueron robadas, destruidas, se quedaron sin nada. Unos estuvieron unos días en Ciudad Juárez y otros salieron de inmediato hacia Estados Unidos, pero finalmente todos se desplazaron y reencontraron en Texas.
Las confrontaciones entre el cártel de Sinaloa, La Línea y las escisiones de éstos han provocado también el desplazamiento forzado de cientos de personas, sobre todo de campesinos e indígenas tarahumaras asentados en la sierra.
Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres en el estado de Chihuahua, asegura que los “grupos tienen el control total de los municipios y de sus policías, particularmente en Guadalupe y Calvo, que está en el centro del Triángulo dorado (formado por los estados de Sonora, Durango y Chihuahua, una de las zonas más utilizadas por los cárteles para trasladar droga hacia Estados Unidos), y en Cuauhtémoc, que es la puerta precisamente a la sierra y toda esa zona donde amenazan también a las comunidades indígenas”.
Chihuahua fue el primer escenario de la guerra contra el narcotráfico y sus huellas aún siguen manchando de sangre su extenso territorio.
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