La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedente la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la llamada “Ley Bonilla”.
El ministro José Fernando Franco González-Salas notificó el acuerdo en el que desechó la acción de inconstitucionalidad con la que el INE buscaba revertir la reforma a la Constitución de Baja California que establece la ampliación del mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.
El acuerdo precisa: “se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la acción de inconstitucionalidad 124/2019, promovida por quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad”.
En su acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte el 31 de octubre en contra de la “Ley Bonilla”, el Instituto argumentó que dicha legislación contraviene la Constitución Federal, ya que se pretende que tenga efectos retroactivos cuando fue expedida con posterioridad a las elecciones de junio pasado.
Este era el segundo recurso legal interpuesto por el INE para salvaguardar la certeza del proceso electoral en Baja California. El primero fue presentado el pasado 24 de octubre y se trató de una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.
El órgano electoral consideró que de manera implícita sí tiene facultades para interponer la acción de inconstitucionalidad, ya que el recurso se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.
La Constitución expresamente señala, en su artículo 105: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, precisó.
En la segunda acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma concretada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.
La legislación vigente en materia electoral establece claramente las etapas de los procesos electorales y el periodo del mandato de quienes resultaran electos, de modo que su incumplimiento viola los derechos de los participantes en el proceso electoral, quienes acudieron a las urnas bajo unas reglas sobre las cuales se desarrolló y concluyó.
El INE indicó que la llamada “Ley Bonilla” pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en el país.
Señaló que continuará con las acciones jurídicas a su alcance para defender los principios de la democracia y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía bajacaliforniana y de todo el país, sobre el cumplimiento de los principios con que se desarrolla el sistema democrático nacional.
Ayer, la Suprema Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también en contra de la “Ley Bonilla”.
Dicha acción se acumuló con los recursos que presentaron los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de Baja California (PBC), que buscan que el mandato de Jaime Bonilla Valdez dure solo dos años.
Dichas acciones fueron asignadas para su estudio a la ponencia del ministro José Fernando Franco González-Salas, al igual que la controversia constitucional que promovió la administración de Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador de la entidad.
Asimismo, la Suprema Corte determinó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo bajacaliforniano para que rindan su informe dentro del plazo de seis días naturales, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acuerdo.
El viernes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, generó polémica tras ser captada en un video afirmando que la “Ley Bonilla” es legal y que, en su opinión, “la norma va a pervivir".
El lunes, Sánchez Cordero reiteró su postura sobre la reforma a la Constitución de Baja California que amplió de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador, de la cual afirmó que es legal pero su constitucionalidad está en entredicho y será la Corte la que tome la decisión definitiva.
“Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización (…) En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales”, expresó Sánchez Cordero.
Después de que se aprobó la polémica legislación el 9 de julio, la encargada de la política interna del país, había calificado la “Ley Bonilla” como inconstituicional.
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