El gobierno de México subastará casas que fueron propiedad del narcotraficante Joaquín “El Chapo" Guzmán, entre otros bienes decomisados al crimen organizado, con un precio inicial de salida de 32.5 millones de pesos.
Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, refirió que entre los nueve bienes inmuebles que serán rematados, seis están ubicados en el Estado de Sinaloa y tienen diferente valor en el mercado.
Una de las casas que serán ofertadas está ubicada en la calle Río Humaya 130, Colonia Guadalupe, Culiacán, en la que Guzmán Loera se refugió antes de ser recapturado el 8 de enero de 2016, cuando integrantes de la Marina Armada de México realizaron una serie de operaciones tácticas para localizar y reaprehender al líder del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a la ficha técnica de la subasta, dicho inmueble es de dos niveles e incluye el menaje de casa. Tiene un precio de salida de 2 millones de pesos, sin el impuesto al valor agregado (IVA).
Otra de las propiedades se encuentra en Constituyentes Emiliano García 1811, en Culiacán. Cuando era prófugo de la justicia, “El Chapo” Guzmán permaneció durante un tiempo en ese inmueble del cual logró escapar cuando militares del Ejército mexicano realizaron un operativo militar en la zona.
Esa casa es de un solo piso y su precio en la subasta es de 2.4 millones de pesos.
La propiedad de mayor extensión que será subastada habría pertenecido a Griselda López, la madre de Ovidio Guzmán López, quien fue liberado el 17 de octubre pasado en medio un operativo fallido que ha marcado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El inmueble tiene su ubicación en Cerro de la Siete Gotas 642, en Culiacán; tiene tres niveles, 700 metros de terreno y 350 de construcción, por lo que su valor inicial en la subasta es de 11.2 millones de pesos.
El resto de los inmuebles sitos en Culiacán, Sinaloa y que serán rematados por el gobierno mexicano se localizan en Puerto de Veracruz 1647, colonia Vallado Nuevo; Constituyente Enrique Colunga 1825, colonia Libertad; y Javier Mina 1126 en el Fraccionamiento Los Pinos.
“Es una buena oportunidad para la ciudadanía y los inversionistas, de adquirir un bien a un precio módico y en condiciones favorables”, consideró Ricardo Rodríguez y recordó el sentido social de este tipo de remates, que en esta ocasión serán utilizados para financiar bandas musicales de niñas y niños del Estado de Oaxaca.
El director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado informó que el remate de casas, automóviles, embarcaciones y joyas, que suman un total de 45 lotes, tendrá lugar el domingo 10 de noviembre próximo en el Complejo Cultural de Los Pinos.
Explicó que, por primera vez, se incluirán en las subastas dos buques cargueros de combustible, anclados en alguno de los puertos localizados en el estado de Tabasco y con un costo inicial de 22 millones de pesos; así como un bloque de 24 vehículos de dos tipos diferentes: unos de gama alta, pero antiguos, como Mustang, Jaguar y Mercedes; y otros más nuevos y de lujo. Todos los automóviles tiene un precio de salida de 1.8 millones de pesos.
“Tenemos un vochito que cuesta dos mil pesos como precio inicial; estos vochitos se venden bastante bien”, dijo en la conferencia matutina del presidente López Obrador celebrada el viernes 1o de noviembre, donde anunció la celebración de la “quinta subasta con sentido social”.
El 15 de octubre, los legisladores del Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena) utilizaron su mayoría en la Cámara de Diputados para cambiar el nombre del Instituto de Administración de Bienes, para llamarlo Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Durante el sexenio de del presidente Vicente Fox (año 2003) y hasta la gestión de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se encargó de dar destino a bienes improductivos, heterogéneos y con problemáticas diversas, que son propiedad del Estado.
El 9 de agosto pasado, cuando se promulgó la Ley de Extinción de Dominio el SAE se convirtió en Instituto de Administración de Bienes y Activos. Sin embargo, el presidente López Obrador se manifestó en desacuerdo y el 14 de agosto el diputado Mario Delgado propuso llamarle como pidió el Ejecutivo, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
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