Cada año en México, entre 750 mil y un millón de mujeres realizan abortos clandestinos ya que en sólo dos entidades del país interrumpir el embarazo es legal. Esto ha provocado que el procedimiento furtivo sea la cuarta causa de mortalidad de mujeres embarazadas, según datos del Observatorio de Muerte Materna (OMM).
Oaxaca es la entidad en donde de forma más reciente el congreso local aprobó que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de hasta 12 semanas de gestación. La discusión se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre y las modificaciones al Código Penal fueron publicadas el 28 de octubre. La reforma entrará en vigor el lunes 4 de noviembre.
La iniciativa fue realizada por Laura Estrada Mauro, coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sus argumentos fueron que las mujeres deben tener derecho a ejercer libre y con información su decisión de ser madre o no, cómo llevar su salud reproductiva y qué hacer con su cuerpo.
Fue apoyada por su bancada, Partido del Trabajo (PT) y legisladores independientes.
Según datos de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), anualmente se registran en promedio 2,300 abortos clandestinos. Sin embargo, la cifra negra puede aumentar hasta 9,200.
Antes de la reforma en esta entidad, la Ciudad de México despenalizó el aborto. En abril de 2007 la entonces Asamblea de Representantes autorizó la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación. La propuesta fue impulsada por Armando Tonatiuh González y la Caoalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Desde entonces han habido mejoras en salud pública respecto a este tema. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo en la inauguración del XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género: La Marea Verde, que desde la modificación al código penal de la capital del país se han realizado 210 mil procedimientos sin un solo deceso. Además, afirmó que desde el 2014 esta práctica ha disminuido 16%.
Sin embargo, son pocos los estados que han intentado sumarse a los cambios. En Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tlaxcala existen análisis en los congresos locales para permitir que las mujeres puedan abortar de forma voluntaria y legal hasta las 12 semanas de gestación.
En el caso de Quintana Roo han habido tres iniciativas de ley para despenalizar el aborto, pero se mantienen congeladas. En la entidad sólo se puede realizar la interrupción del embarazo si la vida de la madre está en riesgo, el producto presenta problemas congénitos o si es accidental.
En Coahuila la propuesta de reforma se realizó en octubre del 2018 por la diputada de Partido Revolución Democrática (PRD) Claudia Isela Ramírez Pineda. Cuando el documento se presentó, fue turnado a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Para su dictamen, pero no ha sido abordado.
Mientras que en Guanajuato, en octubre del 2018, el diputado Isodro Bazaldúa Lugo del PRD, presentó su iniciativa al respecto. Pero desde entones el tema no se ha discutido, a pesar de que colectivos en defensa de los derechos de las mujeres se han manifestado en León, capital de la entidad, para que la reforma continúe. La situación es igual en el resto de entidades en donde las modificaciones están en pausa.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el año pasado realizó observaciones al Estado mexicano para que atienda retos como la interrupción segura del embarazo, la mortalidad materna y el embarazo en adolescentes. El grupo parlamentario Morena anunció en septiembre que presentaría una iniciativa a la reforma del Código Penal Federal para que esto fuera posible, sin embargo, aún no se ha discutido en las Cámaras.
MÁS SOBRE ESTE TEMA