La Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero presidencial

El Ejecutivo podrá ser acusado y procesado penalmente por cualquier acto relacionado con delincuencia organizada, corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La minuta fue enviada al Senado para su análisis y eventual ratificación

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Palacio Nacional (Foto: Googlemaps)
Palacio Nacional (Foto: Googlemaps)

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta en materia de fuero constitucional para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción, así como por otros ilícitos graves. La reforma se aprobó con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones.

El documento, que modifica los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. En él se establece que el Ejecutivo podrá ser acusado y procesado penalmente por actos relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

También incluye casos de genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, corrupción de menores de edad, turismo sexual y narcotráfico.

Durante su discusión, el diputado federal Pablo Gómez, de Morena, destacó que "con esta reforma de la Carta Magna se termina el esquema de impunidad que actualmente protege al presidente de la República, que impide que durante el tiempo de su encargo sea procesado o sentenciado penalmente”. Detalló que la reforma al artículo 108 constitucional incluye todo acto de corrupción previsto en el Código Penal.

De acuerdo con el funcionario, López Obrador o cualquier otro presidente futuro, podría ser acusado de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, delitos por pago y recibo de remuneraciones de los servidores públicos, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, cohecho a servidores públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.

“Cualquiera de esas conductas que caracterizaron la gestión presidencial durante muchos sexenios, eso es lo que estamos ajustando. (Son) cuentas con la historia y haciendo ver que eso de lo que siempre nos quejábamos de los presidentes, ahora podrá ser perseguido ya contra el presidente en turno”, expuso el legislador, quien recordó que se trata de una promesa de campaña del mandatario tabasqueño.

Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, agregó que la iniciativa del presidente busca eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la federación.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, Mario Delgado, remarcó que con esa reforma se busca que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción, electorales e ilícitos considerados en el artículo 19 constitucional.

“El 108 constitucional era muy restrictivo respecto de los delitos en los que el presidente de la República en funciones pudiera ser juzgado como era explícitamente traición a la patria y otros delitos del orden común”, recalcó.

Para el diputado morenista, la aprobación de la minuta se da un paso importante para quitar la inmunidad al ejecutivo federal y en San Lázaro se avanza hacia una redefinición completa del sistema político mexicano.

Delgado adelantó que la próxima semana, cuando se someta a consulta popular la revocación del mandato, el fuero constitucional y la condonación fiscal por parte del presidente, se va a "cambiar por completo la figura del presidente de la República”.

Dado que tendrá responsabilidad política, a través de la revocación de mandato y consulta popular, responsabilidad penal, en el ejercicio que podrá ser el Congreso para destituirlo en caso de que cometa un ilícito y, responsabilidad fiscal, al renunciar a la facultad de condonar de manera discrecional impuestos

Sobre el fuero político, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, recordó que se trata de una iniciativa que presentó López Obrador para que la figura presidencial pueda ser procesado y desaforado en caso de que cometa un delito grave. Celebró finalmente cualquier medida que fortalezca la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

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