De Mario Villanueva Madrid a Jorge Torres López, México tiene algunos de los casos más paradigmáticos en extradición de gobernadores. Casos de corrupción, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico recaen en los hombros de estos personajes de la política nacional, que a pesar de tener todo el poder en sus manos no pudieron huir de la justicia estadounidense.
La primera extradición de un político de esta magnitud se remonta a 2010, año en el que Mario Villanueva “El Chueco", ex gobernador de Quintana Roo, fue entregado a las autoridades estadounidenses. Era buscado por delitos contra la salud y asociación delictuosa por una corte federal de Nueva York.
Las investigaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) señalaban que “desde 1993 hasta 1999 suministró apoyo estatal y federal para que el Cártel de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, introdujera a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, cientos de toneladas de cocaína procedentes de Colombia, para después ser transportadas a Estados Unidos."
El ex mandatario de Quintana Roo recibía alrededor de USD 500,000 por cada cargamento de cocaína que le permitía realizar al Cártel de Juárez. A cambio de esa suma, Villanueva consentía almacenar la droga en ranchos de la entidad para después ser trasladados vía terrestre o aérea a EEUU.
Villanueva, que estuvo a cargo del gobierno de dicha entidad de 1993 a 1999, pasó nueve años en prisiones mexicanas tras ser detenido en mayo de 2001. En México había sido sentenciado a 28 años de prisión, sin embargo, fue extraditado a una prisión en Kentucky en 2010. Durante su juicio en aquel país, “El Chueco” admitió haber lavado dinero para el narcotráfico.
Un político asociado con Los Zetas
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba se suma a esta lista. El ex gobernador de Tamaulipas fue extraditado a EEUU en 2018 desde Florencia, Italia, donde se encontraba detenido desde abril de 2017. Era requerido por el gobierno vecino desde 2012, al estar acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Según la acusación, el ex funcionario trabajó para el Cártel del Golfo y Los Zetas.
El político mexicano fue gobernador la entidad entre 1999 y 2005. En ese tiempo habría recibido millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo que tenía como brazo armado a Los Zetas, quienes durante su gobierno extendieron su poder y brutalidad en los estados fronterizos, según la acusación en su contra.
También habría desviado a cuentas bancarias en Estados Unidos más de 60 millones de pesos mexicanos (alrededor de USD 3 millones) del presupuesto del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sus prestanombres compraron con ese dinero ranchos, una aeronave y otros activos en Estados Unidos.
Tras un año de litigar su traslado a territorio azteca, el 11 de abril de 2018 la Corte de Casación de Italia resolvió que no lo entregaría al país y que se priorizaría la petición de Estados Unidos.
La última víctima a manos de la justicia
El último caso se trata de Jorge Juan Torres López, ex gobernador de Coahuila, quien fue extraditado a la ciudad de Corpus Christi, Texas, este martes. El ex mandatario enfrenta cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude. De acuerdo con los estadounidenses, registró operaciones con recursos de procedencia ilícita por USD 2.7 millones, dinero que terminó en instituciones crediticias de dicho estado y en bancos de las Bermudas.
De acuerdo con las investigaciones de la agencia estadounidense, el ex gobernador fue uno de los presuntos responsables, junto al ex tesorero de Coahuila, Javier Villareal, de transferir millones de dólares robados del erario público, durante el llamado “Moreirazo”, a estos bancos. Debido al estado en que hizo las transacciones, la jurisdicción del caso comprende a La Corte del Distrito Sur de Texas, en San Antonio.
Según señalaron las autoridades extranjeras, se tenía evidencia de que el acusado abrió una cuenta bancaria en 2008, en donde se hacia pasar por accionista de la trasnacional mexicana Cemex, cosa que la empresa negó. El funcionario fue requerido ante un tribunal, sin embargo, no se presentó. Desde ese entonces era prófugo de la justicia.
En 2017, su nombre apareció en uno los expedientes de la DEA luego de que Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, confesara durante su juicio en Estados Unidos, que había pagado sobornos para obtener contratos durante el gobierno de Moreira. En sus declaraciones, aseguró que Torres López, entonces Secretario de Desarrollo Social en el estado, participó en los actos de corrupción.
El 8 de febrero del mismo año, la Corte del Distrito Sur de Texas emitió una orden de arresto en su contra, sin embargo, no fue hasta el mes de diciembre que el gobierno de EEUU inició el proceso para solicitar a las autoridades mexicanas su extradición.
Su caso forma parte de una investigación por lavado de dinero en Estados Unidos por parte de funcionarios del estado de Coahuila. Los únicos detenidos hasta el momento por “el Moreirazo” son Javier Villarreal, quien fue aprehendido en 2014, y Sergio Fuentes, capturado en 2011.
Los que están a la espera de su extradición
La lista se alarga si se considera a aquellos políticos que están a la espera de que se resuelva su extradición. Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, y Luis Armando Reynoso Femat ex gobernador de Aguascalientes, aparecen aquí.
Flores es requerido por las autoridades estadounidenses desde 2015; está acusado de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia, asociación delictuosa y fraude. El gobierno de Barack Obama lo vínculo con el Cártel del Golfo, de quien presuntamente obtuvo ganancias por USD 30 millones.
Esta suma fue cobrada por el ex funcionario a cambio de permitir que el grupo delictivo operara con libertad en Tamaulipas. Fue así que permitió tráfico de drogas, secuestros, venta de contrabando y tráfico de personas a Estados Unidos. De ser extraditado enfrentaría una condena de 20 años de prisión.
En el caso de Reynoso Femat, gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010, el gobierno estadounidense lo acusó en 2017 de haber transferido durante su administración alrededor de USD 5.5 millones de para adquirir propiedades en el área de San Antonio. La DEA emitió una orden de extradición en contra de su hijo por el delito de lavado de dinero; la suma corresponde a los millones transferidos por su padre.
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