El discurso de campaña del presidente López Obrador para la atención a los productores del campo se cumple, pero solo en el segmento de productores más pobres y a la vez el menos productivo.
Ya lo había dicho “por el bien de todos, primero los pobres”, se plantean nuevos programas como Crédito Ganadero a la palabra, Fertilizantes, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Producción para el Bienestar (antes PROCAMPO), Agro-mercados Sociales y Sustentables (antes ASERCA), que ejercen el 31% del presupuesto, algo así como 20,500 MDP, dichos programas no cuentan con reglas de operación y los apoyos se entregan directamente a los productores mediante un censo elaborado por los “servidores de la nación”, las organizaciones de productores dejan de ser el conducto como sucedía en el pasado, esquema que según el gobierno federal propiciaba la corrupción y el pillaje, sin embargo, los nuevos programas al carecer de reglas de operación y seguimiento no son susceptibles de evaluarse, el resto del presupuesto, 44,934.9 MDP, se distribuyó entre los programas sustantivos donde destaca el Programa de Desarrollo Rural, con un presupuesto de 7,831.5 MDP, equivalentes al 12% del presupuesto total aprobado a la SADER.
En México alrededor del 7% de unidades de producción agrícola (UPA) son de tipo comercial con grandes superficies de cultivo, buena infraestructura productiva, altamente tecnificados, con sistemas de riego y manejan cultivos de exportación, en el otro extremo se encuentra el 80% de las unidades de producción agrícola de autoconsumo con superficies pequeñas, deficiente infraestructura productiva, poco tecnificadas, de temporal escaso o errático y manejan el cultivo de granos básicos.
En medio está un segmento de un 13% de las unidades de producción agrícola nacionales con capacidades intermedias, también dedicados a la producción de granos básicos que comercializan sus excedentes productivos en los mercados nacionales y en ocasiones de manera organizada logran cupos para exportación. El primer segmento las UPAs comerciales han logrado ser competitivos dentro de la globalización contribuyendo a que México tenga una balanza comercial agropecuaria superavitaria, sin embargo el actual gobierno federal ha dejado de apoyarlos particularmente a con el argumento de que son ricos. Las políticas públicas se han orientado por completo a las UPAs de autoconsumo a través del suministro de semillas mejoradas y fertilizantes en forma gratuita y los precios de garantía con la expectativa que produzcan más y contribuyan a disminuir la importación de granos.
El problema medular es que al hacer la entrega directa de los subsidios con el fundamento de combatir la corrupción, se desmotiva la cooperación entre productores en busca de la eficiencia y la competitividad, y se tiende a regresar al paternalismo oficial, descuidando los esquemas de productividad al disminuir los montos de los programas funcionales dando prioridad a los programas sociales. Ante este panorama habrá que revisar incluso la Ley de Desarrollo Rural Sustentable pues en esencia promueve la cooperación y el desarrollo de las cadenas productivas en busca de la competitividad y la entrega directa de recursos no compromete a los productores que los reciben a desarrollar estos esquemas.
*Director de la División de Ciencias Agronómicas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropoecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara
Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio