Suprema Corte admitió cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas hasta ahora en contra de la llamada Ley Bonilla, la reforma a la Constitución de Baja California que permitirían ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo, Jaime Bonilla.

El ministro Fernando Franco González Salas, encargado de analizar el tema, consideró que las solicitudes contienen los elementos jurídicos necesarios y fueron presentadas conforme a la ley.

Se trata de las acciones promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

“Se tiene por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señaló el ministro.

Sin embargo, se negó otorgar la suspensión, por lo que la Ley Bonilla seguirá vigente hasta que la SCJN determine su constitucionalidad.

González Salas explicó en su acuerdo de admisión: “La admisión del presente medio de control constitucional no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada; además el hecho de que el gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

Y agregó: “en este sentido, no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento; en todo caso".

Jaime Bonilla, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) resultó ganador en las elecciones del 2 de junio pasado; sin embargo, el 9 de julio, el Congreso de Baja California modificó la Constitución local para que Bonilla se mantenga en este cargo por cinco y no por dos años, como establecen las leyes locales.

El 19 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que deberá ser la autoridad competente la que resuelva los reclamos por la ampliación del periodo de gobierno en Baja Californi,a por lo que garantizó que el Gobierno federal no se entrometerá en el proceso.

El 10 de agosto, la Comisión de Orden y Disciplina del PAN decidió, por unanimidad, expulsar de las filas del partido a los diputados locales de Baja California que votaron a favor de aprobar la llamada Ley Bonilla.

Mientras que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI dijo en julio que condenaba rotundamente el ‘albazo legislativo’ mediante el cual el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del mandatario electo Jaime Bonilla. Acusó que “se trata de una decisión inconstitucional y representa un grave ataque a los principios de certeza y legalidad de la elección del pasado 2 de junio”.

El gobierno de Baja California publicó apenas el jueves pasado, en el Periódico Oficial del Estado, la reforma constitucional que le permitirá al morenista Jaime Bonilla Valdez gobernar por un periodo de cinco años.

El documento en el que aparece el aval del todavía mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid del PAN, fue publicado con el número especial 45, en el que se lee: “Decreto no. 351 mediante el cual se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo octavo transitorio de la constitución Política del estado”.

La SCJN no tiene términos establecidos para resolver los asuntos que conoce por lo que la sentencia de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla puede durar hasta un año o más.

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