SAT va contra el lavado de dinero: visitarán a contribuyentes con “actividades vulnerables”

La autoridad envió cartas de forma masiva el pasado 3 de octubre para invitar a regularizarse

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El SAT dio 15 días
El SAT dio 15 días hábiles para que las personas notificaran. (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Con la intención de combatir el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició con visitas de verificación a los domicilios de los contribuyentes, sujetos obligados que realicen actividades vulnerables.

El pasado 3 de octubre, el SAT envió cartas de forma masiva a los contribuyentes invitándolos a regularizar su situación.

En el escrito dieron un plazo de 15 días hábiles para que las personas notificaran si realizan o no actividades vulnerables.

La decisión de solicitar a los contribuyentes para que se pongan al corriente se dio luego de que el organismo detectó algunos casos de sujetos que realizan actividades vulnerables y son omisos en su cumplimiento de obligaciones conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

¿A que se refiere el SAT con operaciones vulnerables?. Las operaciones vulnerables son aquellas en que un contribuyente está expuesto a que haya lavado de dinero.

Por ejemplo, si una persona es dueña de un hotel y lo vende, pero quien lo compra paga y no se sabe si su dinero era ilícito, entonces esa es una actividad vulnerable.

En general, una actividad vulnerable se basa en la compra de objetos, arte, joyas, perfumes, autos, etc, donde se utiliza el efectivo, pero no sabes su procedencia.

Una actividad vulnerable se basa
Una actividad vulnerable se basa en la compra de objetos, arte, joyas, perfumes, autos, etc, donde se utiliza el efectivo, pero no sabes su procedencia. (Foto: Archivo/ Cuartoscuro)

El SAT mandó el aviso a los ciudadanos que lo requieren, en el que decía: “Se solicita permitir a los citados verificadores el acceso al domicilio señalado en esta orden, así como darles las facilidades necesarias para el cumplimiento de la misma, en virtud de que, de no brindar las facilidades para que se lleve a cabo la práctica de la visita de verificación o a su desarrollo, y no poner a su disposición toda la información constituye una infracción.

Por otra parte, en abril de este año, el SAT publicó las disposiciones que deben llevar a cabo para el cumplimiento de obligaciones.

En dichas disposiciones se establece la forma, términos y procedimientos que deben observar para auto regularizarse.

Por ello, detalló que los contribuyentes deben ponerse al corriente, sobre todo aquellos que realicen actividades vulnerables y que no están cumpliendo con sus obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el periodo de 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.

La integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos, Silvia Matus, dijo al periódico El Financiero, que si bien la Ley Antilavado entró en vigor en 2013, es hasta ahora que el SAT decide ejercer sus facultades de supervisión, debido a los compromisos que tiene México con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“La Ley no es nueva, pero el SAT apenas está empezando las verificaciones, eso es algo novedoso porque no se hizo desde que se publicó, sino hasta ahora que se ve más movimiento porque el fisco quiere ver si los sujetos obligados están cumpliendo con todo”, detalló Matus.

El GAFI es un organismo intergubernamental, en el que sus objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

El Grupo de Acción Financiera Internacional fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7. En abril de 1990 dio a conocer sus recomendaciones que tenían como objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero.

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