Amnistía pide justicia y protección a defensores del medioambiente en México

Las autoridades deben investigar en profundidad todos los ataques defensores del medioambiente en México, cuando se cumple un año del asesinato del líder rarámuri Julián Carrillo, exigió este jueves Amnistía Internacional (AI).

"A un año del asesinato del líder indígena rarámuri Julián Carrillo, las autoridades mexicanas deben realizar una investigación exhaustiva que permita determinar quiénes son los responsables en su caso y en todos los ataques contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México", dijo AI en un comunicado.

Según la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas: "Las valientes personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan un peligro constante en México".

Es por ello que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe "reconocer públicamente" a estos activistas por "su invaluable contribución a la protección de los recursos naturales", dijo.

La representante de la ONG instó al Gobierno "a tomar acción contundente para garantizar que (los defensores ambientales) puedan trabajar de manera segura".

El número de personas asesinadas por su activismo ambiental en México ha aumentado en los últimos años.

En 2017, Global Witness registró un incremento de tres a 15 muertes con respecto al año anterior en el país.

En 2018 la misma organización señaló que 14 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas.

En los primeros nueve meses de 2019, Amnistía Internacional ha documentado el asesinato de al menos doce personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente en México.

El activista Rarámuri Julián Carrillo

El 24 de octubre de 2018, hombres armados asesinaron a Julián Carrillo en su comunidad de Coloradas de la Virgen en el estado norteño de Chihuahua.

Carrillo había sido previamente víctima de amenazas y hostigamiento en relación con su defensa del territorio ancestral en la Sierra Tarahumara y al menos cinco otros miembros de su familia habían sido asesinados en los últimos años.

"Después de un año, las autoridades mexicanas aún no han juzgado a los culpables del asesinato de Carrillo. Hasta ahora dos personas han sido detenidas y están siendo investigadas, pero no se han deslindado aún responsabilidades", lamentó AI, quien instó a llevar a cabo pesquisas "exhaustivas, independientes e imparciales".

"El asesinato de Julián Carrillo ocurrió pese a que era beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, implementado por el gobierno mexicano. Esta situación es sumamente grave y hace urgente una revisión exhaustiva de dicho mecanismo", concluyo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Activistas reportados como desaparecido desde el 13 de octubre

Soto Caraveo salió el pasado sábado 12 de la ciudad de Chihuahua donde estaba viviendo temporalmente, con rumbo a la localidad de Témoris, municipio de Guazapares, para acudir el domingo 13 a la alcaldía y reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal.

El activista junto con su familia y otras personas integrantes de la comunidad de Monterde, en el municipio de Guazapares, se encontraba desplazado forzadamente desde el año 2014 luego de que recibiera amenazas de muerte por parte integrantes del crimen organizado que controlan la zona y que se apoderaron de sus tierras para la siembra de drogas.

En diciembre de 2010, ocurrió el asesinato de la también activista Marisela Escobedo Ortiz, quien desde hace dos años se manifestaba para exigir el esclarecimiento del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre.

El 24 de octubre de 2018 el activista y defensor de derechos humanos, Julián Carrillo Martínez fue asesinado en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con las autoridades de Chihuahua, el líder de la comunidad rarámuri en compañía de otra persona, se trasladó a un lugar del municipio en donde fue asesinado presuntamente por José Feliciano R. de 29 años y un menor de 17 años, quienes huyeron del lugar.

El pasado 10 de octubre, Enrique Alberto Servín Herrera, reconocido profesor y funcionario de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, fue hallado sin vida dentro de su domicilio en la zona centro de la capital del estado. La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza presuntamente para robarle su vehículo.

Servín Herrera era jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Chihuahua, además de ser reconocido por su labor por la conservación de las lenguas étnicas.

Con información de EFE

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