El fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, fue consecuencia de una mala planeación y “de acciones precipitadas”, así lo reconoció el propio gabinete de seguridad.
Lo ocurrido puso en entredicho la “estrategia” implementada por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Este lunes, el propio presidente dijo estar dispuesto a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) con la finalidad de defender su decisión ante la justicia, después de que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) lo demandó por liberar al narcotraficante.
“Sí me gustaría comparecer ante la autoridad, si la autoridad competente lo solicita, para ir a a dar a conocer y a exponer mis razones del porqué no a la violencia”, subrayó.
AMLO, aseguró tener la conciencia tranquila ya que “se evitó un baño de sangre”.
“Va a pasar el tiempo y la gente de Culiacán va a poder juzgar si se hizo bien o mal, tengo la conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta”, expuso el presidente.
No obstante, el presidente dijo que si existe una orden judicial para capturar el hijo del Chapo, esta se cumplirá vigilando no desatar una nueva ola de violencia.
“Si existe la orden, desde luego (se arrestará Ovidio Guzmán), siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de la población y se cuide la vida de las personas”, expresó.
Después de los eventos del jueves, han aflorado las preguntas sobre quiénes deben rendir cuentas y qué responsabilidad conllevan las decisiones que se tomaron.
La línea de mando
El Presidente de la República
En su calidad de comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente es quien toma las decisiones en situaciones como la ocurrida el pasado jueves 17 de octubre durante el operativo de captura de Ovidio Guzmán, en Culiacán Sinaloa.
Pese a que existe un Gabinete de Seguridad (integrado por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de la Marina Armada, José Rafael Ojeda) la última decisión recae en el presidente de la República y en este caso, él mismo admitió haber respaldado la decisión de liberar al hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, para evitar más violencia.
El Secretario de Seguridad
Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), debe rendir un informe para conocer los alcances, límites y fallas en materia de estrategia de seguridad pública, por lo que el Senado de la República podría llamarlo a comparecer.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, todo el gabinete de seguridad tiene la obligación de responder porque “no podemos rehuir o tapar ningún evento ni acontecimiento, que la población exige la transparencia de lo que se suscitó no sólo en Sinaloa, sino también en Michoacán y en Guerrero”.
En entrevista con El Financiero Bloomberg, Ricardo Monreal aclaró que citarlos a comparecer no es ni interferencia ni invasión de competencias, ya que el Senado tiene la potestad constitucional de hacer comparecer a los funcionarios involucrados con la seguridad pública, para que “revisemos la estrategia”.
El secretario de la Defensa Nacional
El fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional , por lo que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González debe rendir cuentas de lo ocurrido.
El mismo titular de la Defensa reconoció que se “actuó de manera precipitada, (con) deficiente planeación, así como falta de previsión de las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores”.
Luego de lo sucedido, más de 400 militares de las Fuerzas Especiales, para reforzar la seguridad en la capital del estado de Sinaloa.
Aunque la Secretaría de Marina forma parte del Gabinete de Seguridad, no intervino en el caso del operativo en contra de Ovidio Guzmán.
La secretaria de Gobernación
Como encargada de atender el desarrollo político del país y coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y fomentar la paz social, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también tendría que ser llamada a comparecer por lo sucedido.
¿Qué dice el Código Penal Federal mexicano?
El Artículo 150 señala que “Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.
Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años.
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