El delito y la pena que podrían enfrentar funcionarios mexicanos por la liberación de Ovidio Guzmán

El gobierno de México debe aclarar quién, cómo y cuáles fueron las causas que llevaron al fallido operativo en Culiacán donde fuerzas del Estado retuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y que provocó una jornada violenta que duró más de seis horas y dejó como saldo ocho muertos, así lo consideró Ulrich Richter Morales, abogado, activista y escritor.

Luego de los hechos violentos que se presentaron ayer en Culiacán, Richter Morales dijo que se debe tomar con mesura el acontecimiento ante la gran efervescencia que produjo en redes sociales y se requiere tomar con serenidad el tema y analizarse fríamente

“Primero se debe evaluar, quién fue dentro del gabinete quien puso en la mesa implementar este operativo”, dijo en entrevista con Infobae México en la que platicó sobre su nuevo libro y su percepción sobre la inseguridad y violencia que se vive en el país; además de la visión que plantea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que como segundo eje, se requiere ver cuáles fueron las causas para hacer este operativo y si se tuvieron las consideraciones previas para enviar a elementos de las fuerzas del Estado al detener a Ovidio Guzmán “El Ratón”.

Aseguró que hay que ser muy fríos, pero también se debe cuestionar a quién se le ocurrió realizar este operativo sin medir las consecuencias.

“No se puede ir a un lugar como Culiacán sin antes tener un plan bien armado”.

Menciona que en zonas como la capital de Sinaloa, los narcotraficantes son de alguna manera reconocidos por gran parte de la comunidad y eso ha permitido que en distintas regiones de este estado se conduzcan con toda libertad.

¿El gobierno actuó de forma correcta?

Sobre si el presidente Andrés López Obrador decidió llevar a cabo el operativo y al final la liberación de Ovidio Guzmán López, el también activista social dijo que hay un gabinete responsable y se debe cuestionar si analizaron todos los elementos para haber actuado en un lugar como Culiacán.

“Hay un gabinete responsable, imagínate si el presidente tomara todas las decisiones, en este caso existen otros personajes y a ellos son a los que se les debe cuestionar este operativo fallido, como se le ha calificado”, expresó.

El artículo 150 del Código Penal Federal de México establece que: "Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.

“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.

Cuestionado sobre si el presidente y el gabinete de seguridad deberían recibir una sanción por haber cometido una posible falta a este artículo, el abogado señaló que es necesario analizar el actuar del gobierno federal de manera más detallada.

“Primero habría que ver si hay una orden de captura y ver quién es el responsable que lo liberó y hay que ponderar las consecuencias”, expresó.

Señala que no hablaría de más sobre las consecuencias de la la liberación de el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, porque si se hubiera cumplido la orden de aprehensión o detención se estaría hablando de más muertos en Culiacán.

“A lo mejor si se hubiera cumplido la orden, ahorita a lo mejor habría dos mil muertos, ahorita sí sería una tragedia”, aseguró

Richter reiteró que se debe hacer una análisis muy serio sobre la situación y no en “caliente” como se está realizando en redes sociales.

“A lo mejor el presidente ponderó y dijo que con tal de que no sea una matanza de 500 personas, de niños y mujeres inocentes, porque los criminales habían dicho que se iban a meter a los lugares donde viven las familias de los militares”, consideró.

Dijo que la consecuencia final es hacer un análisis a fondo y ver quién fue el que orquestó este operativo, sin tener los elementos suficientes para haber arriesgado, como se arriesgó la seguridad nacional.

Al cuestionar si en este momento se aplicara la revocación de mandato a López Obrador, el abogado dijo que el presidente ha promovido la medida desde que comenzó su gobierno por lo que el ejecutivo respetaría la decisión.

“Te voy a contestar con una frase que él cita, el pueblo pone el pueblo quita”, indicó.

Sobre su nuevo libro El Ciudadano republicano y la Cuarta Transformación, dijo que ante hechos como los acontecidos en las últimas semanas en Michoacán, Guerrero y Sinaloa, existe una gran apatía por parte de los ciudadanos que no respetan las reglas, por ello plantea una formación cívica para ir por un camino mejor.

“El eje central de la sociedad y de cualquier país son los ciudadanos, por ello es importante cambiar la mentalidad por algo positivo”, puntualizó.

Aseguró que es una tarea ardua, pero que se comienza a ver en el nuevo gobierno y que la narrativa ha cambiado y dado un giro de 180 grados.

Dijo que no hay que caer en cosas como la “Ley Bonilla” en Baja California, que amplía de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, y que están fuera del contexto legal, del estado de derecho y del rumbo republicano.

“Las ambiciones personales deben quedar fuera de la política, sólo denostan a la democracia y dejan mal parado al propio gobierno”.

Mencionó que ante las nuevas herramientas que está dando el gobierno, como son las consultas y una participación más activa, deben ser aprovechadas por la sociedad.

“El poder ciudadano debe estar plasmado en el gobierno, todos estos derechos que nos den como ciudadanos hay que tomarlos”.

El abogado cobró fama luego que Google se desistió de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para responder por la demanda por daño moral que interpuso Richter Morales, cuando la compañía se negó a identificar a un grupo de usuarios que suplantó su personalidad en un buscador de información para dañarlo moral y profesionalmente.

En su libro plantea los retos que enfrenta el nuevo gobierno, pero también los deberes de la sociedad. y que “el que no dé resultados que se vaya”.

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