La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, reformar el Código Fiscal de la Federación, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de combatir la defraudación fiscal, evitar la emisión de facturas falsas y la existencia de empresas fantasma.
Las reformas aprobadas -con 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones- consideran la defraudación fiscal como una amenaza a la seguridad nacional y la equiparan con actividades relacionadas con el crimen organizado; facultan a las autoridades fiscales a embargar los bienes del presunto defraudador, antes de ser señalado como culpable en la sentencia de un juez; autorizan las escuchas telefónicas y permiten la prisión preventiva oficiosa, atentando contra la presunción de inocencia.
Los legisladores opositores al gobierno -militantes del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) e incluso el Partido Encuentro Social (PES)- votaron contra las modificaciones legales y acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de instaurar el terrorismo fiscal y criminalizar a los contribuyentes.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) reveló recientemente que las pérdidas para el Estado mexicano por defraudación fiscal y facturación falsa alcanzaron los MX 2 billones, sólo en los últimos 5 años. También identificó más de 9 mil empresas de facturación y operaciones inexistentes.
La semana pasada, la Cámara de Diputados organizó el foro “Las reformas fiscales y penales contra las facturas falsas y las empresas fantasma” y convocó a representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Asociación de Bancos de México (ABM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras. Ninguna de sus propuestas, demandas ni críticas de la iniciativa privada fueron consideradas por los legisladores de la mayoría, en el dictamen final.
Asimismo, funcionarios gubernamentales como Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF); Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT; Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado sostuvieron encuentros con los representantes de los organismos empresariales. Las reflexiones y planteamientos del sector privado tampoco fueron atendidos.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) utilizó su aplastante mayoría para conseguir la aprobación de las reformas a las legislaciones federales. Como el dictamen legislativo no incluyó modificaciones constitucionales no requirió el apoyo de los partidos de oposición, cuyas propuestas y demandas fueron ignoradas por el grupo parlamentario del partido gobernante.
Incluso, el Partido Encuentro Social votó contra el dictamen, pese a que acompañó a Morena y al Partido del Trabajo (PT) en la alianza electoral que abanderó la candidatura de López Obrador en 2018. De esta forma, la coalición electoral se rompió con una discusión legislativa.
El 10 de septiembre, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados el paquete de reformas en materia de defraudación fiscal. La colegisladora no realizó cambio alguno al dictamen original y sólo basta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020.
Las voces de la reforma
El salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro lució vacío durante el debate y discusión de las reformas en materia de defraudación fiscal, sólo unas 50 de las 500 curules estaban ocupadas. Fue necesario apelar al reglamento interno para abrir el tablero electrónico de votación y verificar el quórum.
La oposición ansiaba que las reformas fueran abortadas por la falta de quórum y así tener algunos días más, para intentar convencer a los diputados de Morena de los excesos de las reformas. A las 16:29 (hora local), la mesa directiva decretó que la presencia de 420 diputados superaba el mínimo de legisladores necesarios para dotar de legitimidad las votaciones e impedir que sólo una minoría tuviera la posibilidad de tomar las decisiones legislativas.
Mario Delgado (Morena)
“Tenemos prisa en esta Cuarta Transformación por terminar con tanta injusticia y corrupción. La bancada de Morena le dará prioridad a la minuta del Senado que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para sancionar severamente la expedición de facturas falsas y a las empresas fantasmas, otras leyes que se modifican son la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal”.
Óscar González Yáñez (PT)
“¿Es un exceso esta ley? Sí, pero también el saqueo del país ha sido un exceso. Sí, es un exceso pero más exceso es el saqueo”.
Patricia Terrazas Baca (PAN)
Con las reformas, “cualquier contribuyente podrá ser objeto de técnicas de investigación altamente intrusivas como intercepción de comunicaciones en telefonía, agentes encubiertos, delatores o agentes protegidos”.
Fernando Torres (PAN)
“Las reformas representan un sistema de terrorismo fiscal para acallar a las voces críticas del régimen”.
Pedro Pablo Treviño (PRI)
"Tal parece que en los hechos la propuesta que se hace, convierte a la Unidad de Inteligencia Financiera en la nueva Dirección Federal de Seguridad, que fue famosa por ser la policía política de otros tiempos. La reforma ahuyentará la inversión y el empleo, porque considera a los inversionistas como delincuentes potenciales y llevará a la economía mexicana al desplome.
Claudia Pastor Badilla (PRI)
“Morena están instaurando un Estado policial y un populismo penal”.
María Alemán (PRI)
“El gobierno busca premiar a los delatores, a los soplones, porque la autoridad busca pactar con los delincuentes, a cambio de información”.
Lorena Villavicencio (Morena)
“Estamos desmantelando el sistema acusatorio que está sustentado en el principio fundamental constitucional que es la garantía de inocencia".
Arturo Pérez Negrón (PES)
“La reforma puede ser usada de manera facciosa por algunos funcionarios públicos que no tienen la vocación del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Tonatiuh Bravo Padilla (Independiente)
“Equiparar la defraudación fiscal con delitos como el terrorismo es excesivo y desproporcionado y presentaremos una acción de inconstitucionalidad en la SCJN”.
Ángeles Jasso (Administradora general jurídica del Sistema de Administración Tributaria )
“La ley está hecha para considerar como miembros del crimen organizado sólo a quienes cometan el ilícito de manera permanente y reiterada, no por error o por volumen. No va dirigida a los pequeños empresarios, la idea es ir contra las grandes mafias o redes. Los medios de defensa siguen vigentes y la prisión oficiosa debe ser dictada por un juez de control”.
La reforma a detalle
Se incorpora la omisión o la simulación en el pago de impuestos como delincuencia organizada.
Se consideran amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal.
Procede la prisión preventiva oficiosa, la congelación de cuentas y la extinción de dominio de los bienes, cuando el monto del contrabando o de lo defraudado supere los MX 7.8 millones.
Se impondrán sanciones de 2 a 9 años de prisión al que expida, compre o adquiera facturas inexistentes con el propósito de deducir operaciones simuladas.
Se castigará con hasta 9 años de prisión a quien permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Las empresas que facturen operaciones simuladas y hayan defraudado al fisco con más de MX 9 millones serán castigados con prisión por 3 a 13.5 años.
La delincuencia organizada será tipificada únicamente para aquel sujeto que junto con 3 o más personas, hayan buscado defraudar al fisco por más de MX 9 millones, utilizando documentos falsos o datos falsos. Les corresponderá una sanción de 4 a 16 años de prisión.
Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicados los acuerdos reparatorios en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.
Se considera el delito de contrabando y su equiparable a quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito, incluyendo la importación o exportación prohibida.
Las críticas de juristas y empresarios
- El paquete de reformas criminaliza a contribuyentes
- Provocará la quiebra de empresas
- Disminuirá la inversión privada
- Se configuró una nueva forma de terrorismo fiscal
- Genera inseguridad jurídica
- Los acusados quedan en la indefensión porque antes de ser juzgados podrían sufrir el congelamiento de sus cuentas bancarias, prisión preventiva oficiosa y la confiscación de sus bienes por la vía de la extinción de dominio
- Los contribuyentes que cometan alguna falta, pueden ser responsables de evasión fiscal, pero eso nos los hace narcotraficantes ni integrantes del crimen organizado
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