“No cederé a presiones”, respondió el presidente de la Corte en medio de la polémica con Calderón y amparos contra obras de López Obrador

El ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea advirtió que no cederá a presiones del gobierno, organizaciones civiles, grupos de poder, redes sociales ni medios de comunicación, en la definición de las grandes decisiones de la Suprema Corte de Justicia mexicana.

La declaración adquiere relevancia, si se considera que los juzgados y tribunales federales tienen al menos 5,000 amparos pendientes de resolución, contra decisiones políticas, administrativas y presupuestales del presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la suspensión de las estancias infantiles, las atribuciones de la Guardia Nacional y la reducción de salarios de los servidores públicos y los titulares de organismos autónomos.

En la primera conferencia de prensa que ofrece a los medios un presidente del máximo tribunal de justicia en México -al menos desde 1994 a la fecha- Zaldívar Lelo de Larrea se refirió a las presiones que en su contra ejerció el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012). Mencionó al columnista Salvador García Soto y a la Revista Proceso, porque en su momento dieron cuenta de las presiones del Poder Ejecutivo cuando la Corte discutía el resultado de la investigación sobre las responsabilidades de autoridades en el incendio de la Guardería ABC (2010) y la liberación de Florence Cassez (2013).

“De que hubo presiones, es innegable que hubo presiones; pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a la presiones. Mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido. Para que te presionen tiene que haber algo con lo que te puedan presionar y ese no es mi caso”. Y aseguró que en su momento informó de estas acciones a los presidentes de la SCJN en turno, Guillermo Ortíz Mayagoitia y Juan Silva Meza, así como al resto de los integrantes del tribunal constitucional.

Incluso, comentó que no consideró conveniente convocar a una conferencia de prensa para denunciar las presiones, porque “si comentaba esas cuestiones, iba a generar una crisis institucional. Antepuse al Estado mexicano y a la Suprema Corte, a cualquier otra cuestión personal”.

El ministro Zaldívar se negó a responder si hubo chantaje, apremio, condicionamiento, influencia, amenaza o coerción contra él o su familia, y si dichas actuaciones fueron realizadas directamente por el presidente Calderón, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont o alguna otra persona.

No obstante, utilizó el foro para manifestar que durante el sexenio de Felipe Calderón fue víctima de un linchamiento por parte de los medios de comunicación. “Cuando presenté el caso ABC hubo un linchamiento mediático para denostarme en lo personal; y en el caso Florence Cassez, con mayor intensidad hubo una presión mediática”.

El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, las edades de los pequeños oscilaba entre 5 meses y 5 años de edad. El siniestro ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno de Sonora, cuando era gobernador Eduardo Bours Castelo, militante del Partido revolucionario Institucional (PRI); y la presidencia estaba a cargo de Felipe Calderón Hinojosa, entonces militante del Partido Acción Nacional (PAN). La estancia infantil funcionaba con un permiso que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó a la asociación civil Guardería ABC, cuya titular era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, esposa del presidente de la República.

Florence Marie Louise Cassez Crépin es una ciudadana francesa quien fue acusada y condenada en 2007 por tribunales mexicanos a 60 años de prisión, por su participación en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El 23 de enero de 2013 fue liberada tras un polémico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró que la autoridad realizó flagrantes violaciones al debido proceso judicial, al promover la “recreación” de la liberación de las personas secuestradas, para conseguir la transmisión en vivo del suceso a través de un programa de noticias de Televisa. La encarcelación y condena de Florence Cassez provocó un severo conflicto diplomático entre los gobiernos de México y Francia; incluso, en julio de 2011, Francia anunció el boicot a los destinos turísticos de México, cuestionó la “negación real de la justicia” en México y canceló las actividades culturales denominadas “El año de México en Francia”.

Renuncia del ministro Eduardo Medina Mora

Respecto a la renuncia de Eduardo Medina Mora al encargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar se negó atender los cuestionamientos relacionados con las presuntas presiones que el gobierno del presidente López Obrador habría impuesto al ministro que dimitió.

“Fue una decisión personal del ministro Medina Mora, no voy a expresar ninguna opinión. El presidente de la Corte no participa ni siquiera en el proceso de aceptación y aprobación de la renuncia. Fue una decisión de Eduardo y es todo lo que tengo que decir”.

Mario Maldonado, columnista de el periódico El Universal, reveló que el viernes 4 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Eduardo Medina Mora y de 11 personas físicas y morales relacionadas con él. Ese mismo día, el Ministro Medina Mora presentó su renuncia a la Suprema Corte. El sábado 5 de octubre, el presidente López Obrador aceptó la dimisión y notificó al Senado de la República y en la misma fecha, la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear las 11 cuentas.

Proceso de designación

Y en torno al proceso de designación para ocupar el espacio que dejó vacante Eduardo Medina, el ministro Zaldívar se manifestó a favor de que la terna de aspirantes sólo incluya a mujeres, para impulsar la equidad de género en el Poder Judicial, sin que esa declaración sea considerada como “insinuación”.

“Me gustaría que la Corte siga teniendo más ministras. Yo espero que sea gente sea honorable, seria, íntegra, con juristas independientes que vengan a sumar al prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y respondió que él ni la SCJN debe sugerir candidatos, porque dicha institución no tiene facultades constitucionales en el proceso de designación.

Combate a la corrupción

En la inusitada conferencia de prensa, el también presidente de la judicatura nacional en México anunció una estrategia de combate a la corrupción y al nepotismo en todos los circuitos, juzgados y tribunales federales del país, para demostrar el compromiso de la justicia mexicana con la sociedad.

Un poder judicial mejor, aseguró, será un poder judicial independiente, más cercano y sensible a la gente.

Zaldívar Lelo de Larrea detalló que la estrategia para “romper las redes de nepotismo y de corrupción” determinaron cambiar el lugar de residencia de algunos jueces y magistrados, para modificar su distribución en las 32 entidades federativas; y actualizar las reglas para ratificar en sus cargos a los juzgadores, de tal forma que quienes presenten comportamientos “negligentes, no sean éticos ni cumplan los estándares mínimos de honestidad”, serán relevados (ratificación).

Anunció la suspensión de sus funciones de un magistrado de distrito del primer circuito judicial, es decir, de uno de los tribunales instalados en la Ciudad de México. Dicha separación tuvo su origen en las “inconsistencias financieras graves”, entre el salario devengado por el juzgador y los bienes muebles e inmuebles registrados como de su propiedad.

Sin embargo, se negó a mencionar el nombre del magistrado que es investigado y los posibles delitos o irregularidades administrativas en que habría incurrido, bajo el argumento de proteger la presunción de inocencia de la persona involucrada. Sólo aclaró que dicha persona “era una pieza relevante, por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial, para la comisión de conductas indebidas”.

Sin que se trate de una cacería de brujas, advirtió, continuaremos con una política de cero tolerancia a la corrupción y a las conductas indebidas.