Nuevas investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa podrían afectar otros casos de desaparición forzada

El 26 de septiembre, miles de personas marcharon por calles de la ciudad de México para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los padres de los estudiantes encabezaron el nutrido contingente sosteniendo fotos de sus hijos.

Después de cinco años de investigaciones fallidas y de la llamada “verdad histórica”, el caso de Ayotzinapa sigue sin resolverse y se desconoce el paradero de los estudiantes.

De acuerdo con un artículo publicado por Foreign Policy (FP), desde que asumió el cargo en diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado su compromiso con la justicia para los desaparecidos. Como parte de la investigación en curso reabierta bajo su gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo que el fiscal general abriría una línea de investigación sobre los funcionarios que habían estado a cargo del caso bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Los funcionarios a investigar incluyen al exprocurador, Jesús Murillo Karam, y el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien dijo que la policía local había entregado a los estudiantes a la organización criminal de Guerreros Unidos, que luego quemó los cuerpos en el basurero de Cocula.

Su manejo del caso ha sido criticado y rechazado por las familias de los estudiantes y los grupos de derechos humanos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían llamado para investigar el caso, encontraron irregularidades en la verdad histórica oficial.

El basurero de Cocula no reveló signos de un incendio de ese tamaño, varias de las confesiones citadas en la construcción de la historia oficial fueron extraídas bajo tortura, y gran parte de la evidencia ha sido manipulada.

La supuesta participación de altos niveles del gobierno en la desaparición de los normalistas lo convierte en un desafío particularmente significativo para López Obrador. Una de sus primeras acciones fue firmar una orden garantizando a los padres de los normalistas que no habrá impunidad en las desapariciones. Creó una Comisión de Verdad y Justicia para abordar el caso, trabajando en estrecha colaboración con las familias para buscar nuevas líneas de investigación con respecto a la ubicación de los estudiantes.

Los miembros del GIEI, que habían terminado su trabajo en 2016, regresaron a México para continuar apoyando las labores de la comisión. Al mismo tiempo, el fiscal general está llevando a cabo la investigación judicial del caso, incluidas las indagatorias a exfuncionarios.

La resolución del caso de Ayotzinapa implica dos tareas paralelas: primero, averiguar dónde están los estudiantes, y segundo, llevar a los responsables del delito ante la justicia

“La comisión es principalmente de carácter humanitario”, dijo Félix Santana Ángeles, secretaria técnica de la Comisión. “Estamos tratando de responder a la pregunta de dónde están esos jóvenes”. Con ese fin, agregó, la comisión está realizando búsquedas de los estudiantes vivos (en hospitales y centros de detención) y muertos (en tumbas clandestinas). Actualmente, los expertos están buscando a los estudiantes en un basurero en el municipio de Tepecoacuilco, Guerrero, a unos 13 kilómetros de Iguala.

Maria Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha trabajado estrechamente con las familias de los 43 estudiantes, dijo que la relación entre las familias y la administración López Obrador es diferente a la del gobierno anterior. “Hay un giro muy significativo en términos de la teoría del caso y la forma en que se ha manejado el diálogo”, indicó a FP.

A pesar de que los investigadores descalificaron la conclusión del gobierno de Peña Nieto, su administración continuó respaldando la versión oficial hasta el final. Por el contrario, López Obrador ha reconocido las irregularidades de esa investigación y ha trabajado estrechamente con las familias para encontrar la verdad de los hechos.

Aún así, las irregularidades permanecen en torno al caso. Encinas reveló que docenas de detenidos por la desaparición de los normalistas han sido liberados, tres de ellos este jueves, a pesar de que la investigación aún está en curso.

Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero, un grupo de expertos centrado en la impunidad en México, cuestionó si el compromiso de López Obrador de abordar la impunidad en el caso de Ayotzinapa se trasladará al sistema de justicia mexicano en su conjunto. Consideró que el tratamiento de este caso podría cambiar el paradigma de cómo el gobierno trata lo que ella llama “redes de macrocriminalidad”, es decir, la participación criminal de funcionarios de alto nivel, autoridades y fuerzas de seguridad, ya sea por colusión u omisión. La investigación de Murillo Karam y Zerón de Lucio podría sentar un precedente de cómo el gobierno asume la participación de funcionarios de alto nivel en delitos graves.

Hasta ahora, sin embargo, la investigación se ha centrado solo en aquellos que estuvieron directamente involucrados en los ataques en Iguala, en lugar de examinar el caso en la cadena de mando. “Es preocupante que todavía estén tratando de perseguir a los autores materiales pero no a los autores intelectuales”, dijo Tello Arista. “Deben perseguir no solo a los acusados ​​de secuestro, sino también a quienes dieron las órdenes, ya sea la policía municipal, la policía estatal o el ejército”, exigió.

Más de 40,000 personas han desaparecido desde el comienzo de la guerra contra las drogas en México en 2008, declarada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con muchas desapariciones vinculadas a las fuerzas estatales.