Policías se encargarán de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados

La situación para los periodistas y defensores de derechos humanos en México no suele ser la ideal, pues muchos de ellos viven amenazas e incluso son agredidos por su labor. Ante esa problemática, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos anunció que los policías de Seguridad Pública, quienes escoltaban a jueces y empresarios ahora se encargarán de proteger a este sector de la población.

En una entrevista con el portal Animal Político, Aarón Mastache, titular del Mecanismo, fue quien dio los detalles de esta transición que comenzó desde el pasado miércoles y finalizará hasta diciembre. La medida resulta significativa, pues estos elementos “están más capacitados” en tareas de seguridad que los agentes privados y, además, cuentan con mejores equipos.

Otro punto que resulta importante destacar es la posibilidad que tiene estos elementos de Seguridad Pública para contactarse directamente con las autoridades locales, estatales o federales en caso de que un periodista o activista se encuentre en riesgo latente.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en lo que va del año, 10 periodistas han sido asesinados en México y ha habido 249 agresiones. En este sentido y respecto al cambio que se establecerá en la seguridad a través del Mecanismo, Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la misma organización, consideró en una plática para el mismo medio que puede tratarse de una buena medida solo si se cumplen varias condicionantes.

Una de ellas es que el Servicio de Protección Federal cumpla con las promesas que le fueron planteadas a la Junta de Gobierno. Entre ellas destacan fortalecer las medidas de admisión y las evaluaciones de control a sus escoltas con el fin de aumentar la confianza en ellos.

En este contexto, otra de las condiciones es que se establezca un monitoreo constante hacia los elementos que sustituirán a los 70 agentes privados, quienes laboraron entre 2012 y marzo de este año, mismos que fueron objeto de quejas por parte de algunos de los beneficiarios del programa.

Sin embargo, esta medida ha provocado la desconfianza en algunos de los periodistas y defensores de derechos humanos, pues se argumenta que los funcionarios públicos son de los principales agresores hacia estos grupos. Algunos señalan que los padecen incluso más que el crimen organizado y la delincuencia.

Para algunos elementos de estos grupos que hoy en día son sumamente vulnerables, como Omar Bello, la transición no es algo tan aceptable, pues será como someterlos a una vigilancia mucho más férrea por parte del gobierno. Además, piensan que la medida está relacionada con la austeridad del Ejecutivo para ahorrar dinero y no contratar a otra empresa de seguridad privada.

Respecto al asunto monetario, un diagnóstico realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reveló que si la tendencia de violencia en contra de este sector continúa, el Mecanismo requerirá un monto superior a los mil millones de pesos a finales de 2024 con el fin de cubrir los gastos protección relativas a ese año.

La situación para ese año, marca la previsión de la ONU, no sería mejor a la actual, ya que el número de personas beneficiarias del Mecanismos llegaría a estar cercano a las 3.400, por lo que con el presupuesto asignado en la actualidad, el Mecanismo se volvería “ineficaz e insostenible”.

Además, el informe también señala que en el supuesto de que las cifras se mantengan constantes durante el lustro que va del 2025 al 2030, para este último año serán necesarios recursos cercanos a los 4.130 millones de pesos.

En la actualidad, la falta de recursos ya es un problema de suma importancia. La Secretaría de Gobernación prevé que a finales de este años se protejan a 1.131 personas, que representaría un gasto de 325 millones de pesos, no obstante, el presupuesto para el 2019 fue de 207,6 millones, lo cual equivale a un 64% de la previsión.