Con el propósito de fomentar el trabajo digno en los centros penitenciarios y eliminar la desigualdad social, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Con 414 votos a favor, el dictamen que se aprobó establece que la persona privada de la libertad podría solicitar su participación en un programa laboral.
El recluso será notificado mensualmente de su estado de cuenta y tendrá derecho de asignar a una personas para entregarle un porcentaje de sus ganancias o salarios acumulados.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) María Pilar Ortega Martínez, destacó que los sentenciados necesitan derechos para no volver a delinquir y advirtió que se tiene que reconocer que el sistema penitenciario del país vive una gran crisis.
Mientras que el diputado del Partido del Trabajo (PT), Santiago González Soto quien promovió la iniciativa, señaló que los centro penitenciarios no ofrecen las mínimas prestaciones de ley ni de seguridad social a los internos.
El legislador dijo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en el cierre de 2016 en esos centro había 188 mil 262 personas. 95% de hombres y 5% de mujeres.
Indicó que el estatus jurídico refería que 35% de ese sector no tenía sentencia y que el grupo más afectado era el de las mujeres.
Reveló que 111 mil internos han practicado una actividad productiva, pero la falta de un proceso efectivo provocó que sus familias fueran los que subsidiarán completamente su estadía, por lo que aseveró que se tiene que buscar una legislación que fortalezca el sistema penitenciario.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene como objetivo insertar a por lo menos la mitad de la población en reclusión en puestos de trabajo o ingresarlos en planes de capacitación laboral que les permita tener una mejor reinserción social.
El subsecretario de Previsión Social, indicó que el gobierno federal ya puso en operación en las 32 entidades del país las mesas “ProLabora”, para impulsar mecanismos de trabajo para terceros, para los propios penales y de autoempleo para los reclusos.
“Estamos realmente iniciando con la intensidad que se debe. Creemos que todavía se debe hacer mucho más, y no pararemos hasta que un porcentaje que signifique por lo menos el 50% del total de la población en reclusión pueda estar involucrada”, señaló.
En México, cerca de 233,469 personas están recluidas en alguna de las 379 cárceles que integran el sistema penitenciario nacional, de acuerdo con datos publicados en julio de 2016, por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
De acuerdo con el funcionario, la mayoría de la población privada de su libertad, está en el rango de edad de 18 a 30 años, por lo que para la dependencia, uno de los retos es encontrar “alicientes” para que los reos se inscriban a este tipo de actividades, pues no se les puede obligar a participar.
Los datos de la Secretaría de Previsión Social advierten que el 60% de las personas liberadas y que vuelven a prisión por delinquir, implican una problemática enorme, así como una señal de que el sistema de reinserción requiere cambios.
La iniciativa promovida por los diputados busca ser un aliciente para los reclusos, teniendo un trabajo del que obtenga ganancias y no solo sea como parte de su sentencia.
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