La corrupción, problema que aqueja al gobierno mexicano y que le cuesta al país desde 5 hasta 10% de su Producto Interno Bruto al año, también ha afectado al suministro del agua. El líquido vital se ha visto afectado por malas prácticas que provocan su contaminación y sobre explotación, informó Ethos, laboratorio de políticas públicas, a través de su publicación Corrupción en el sector del agua.
Pero la perversión del sector no solamente daña la economía y refleja la ineficacia para combatir los tratos ilegales. También representa un riesgo para la salud de la población. Hoy en día, tres de cada cinco cuerpos de agua superficiales tienen algún grado de incumplimiento en la calidad necesaria para ser llevada a las personas. Mientras que en el caso de el líquido subterráneo, la cantidad de mantos contaminados es de uno por cada dos.
“Existen muchas causas detrás de la contaminación del agua en México, sin embargo, buena parte de ellas se relaciona con la corrupción y la incapacidad de supervisión de las autoridades del agua”, destaca el informe. Alguna de esas causas son el vertimiento de componentes químicos y desechos de empresas que generan energía eléctrica, petróleo, artículos electrónicos, electrodomésticos, alimentos, compañías metalúrgicas, siderúrgicas y químicas. Actos que en su mayoría las autoridades no frenan ni castigan.
El gobierno cuenta con dos mecanismos para revisar que el agua cumpla con las normas establecidas: automonitoreo e inspecciones. Sin embargo, ambos son débiles. En el primer caso, las empresas que cuentan con permisos deben emitir informes de cifras obtenidas con medidores de sus desechos, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no verifica la información en campo. Según el informe, de 2000 a 2013 en 21 empresas de Jalisco sólo existe evidencia de 8,5% de compañías que realmente cumplieron con lo establecido.
En la segunda estrategia las instituciones realizan un mínimo de revisiones que no garantizan la calidad del líquido. En 2014, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció que de los 16.561 permisos descarga de aguas residuales, sólo fueron supervisados 9,3%.
Aguacoleo
Entre 2012 y 2016, la Conagua identifico y clausuró 2.280 tomas clandestinas de agua de las que se extraen cantidades de líquido que pueden ser incalculables. En el manto con mayor extracción ilegal descubierto en 2013 en Pénjamo-Abasolo, Guanajuato, se logró conocer que se extraían 11.721 litros por segundo; es decir, 370 millones de metros cúbicos al año. Del segundo encontrado en Estado de México, la actividad era de 10.749 litros por segundo.
Sin embargo, existe una cifra negra sobre la cantidad de robo de agua, ya que la numeralia mencionada corresponde sólo las que ha podido percibir el gobierno. Pero como su supervisión es limitada, informa Ethos, es casi imposible determinar el número real de tomas clandestinas en el país.
La mayoría de estas actividades ilegales se lleva a cabo en zonas que ya están sobreexplotadas, por lo que ya no se dan más permisos para hacerlo en regla. Yucatán es el estado en donde existe más “aguacoleo”.
Concesiones opacas
Por lo menos 77 permisos para extraer agua de mantos acuíferos fueron otorgadas para hacerlo en zonas sobreexplotadas, como Lerma Santiago, Río Bravo, y el sureste de Baja California. Las licencias fueron dadas a usuarios que no cumplen con la documentación necesaria para ser acreedores, y en lugares donde no hay suficiente líquido.
“Dada la ineficiencia de los mecanismos formales, se ha generado un mercado negro donde se presentan una serie de irregularidades que contravienen con las normas establecidas y las buenas prácticas”, dicta el informe.
Incluso se ha logrado registrar que en algunas cuencas se han modificado las cifras de disponibilidad de agua para que las empresas puedan realizar extracciones. Por ejemplo, en la mina Peñasquito en Zacatecas, la recarga del manto del que se abastece aumentó 5,4 veces entre 2007 a 2009 aunque no hubiera ninguna manera de probarlo ni ningún fenómeno natural que podría respaldar el incremento.