Violencia, desorden y destrozos han sido la constante en las más recientes manifestaciones en la Ciudad de México, y aunque diversas voces se han pronunciado a favor y en contra, el gobierno de la Ciudad de México mantiene su posición de no intervenir para evitar confrontaciones.
En días pasados, la capital del país vivió dos grandes marchas en una semana: por el quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otra en favor del aborto: ambas dejaron postales de violencia.
En el pasado mes de agosto, la marcha que reprobaba la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios terminó justamente así: de manera violenta, en la que incluso, un reportero fue cobardemente agredido.
El común denominador en los tres casos fue la sospecha de que grupos de choque se infiltraron para provocar a las autoridades.
Tanto el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y el de la Ciudad de México, cuya titular es Claudia Sheinbaum, son emanados de la izquierda mexicana, por lo que una y otra vez se han pronunciado a favor de la libre manifestación “no habrá represión”, insisten.
La situación pone en alerta a los capitalinos, toda vez que faltan dos días para que se realice la marcha conmemorativa por el 2 de octubre, la cual congrega a miles de personas e invariablemente, termina en acciones vandálicas.
Claudia Sheinbaum, aseguró que la marcha conmemorativa por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, será vigilada “sin represión”.
“Están garantizadas las libertades, no somos un gobierno represor”: AMLO
Este lunes, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “no habrá mano dura” en contra de las manifestaciones de este 02 de octubre.
“Están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación, no somos un gobierno represor. Nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos, este no es un gobierno autoritario, por lo mismo pedimos que nos ayuden, que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico”.
Solicitó que se actúe “como en su momento lo hicieron Gandhi, Mandela, Martin Luther King y otros luchadores sociales”.
El presidente pidió la ayuda de los ciudadanos para que se infiltran provocadores “los aislen y los mantengan separados”.
Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de la Ciudad “tiene todo nuestro apoyo” y recordó que Claudia Sheinbaum viene del movimiento estudiantil, entonces “es incapaz de reprimir”.
“Eso es Claudia, entonces es una garantía de que se va a buscar la mejor forma posible", aseguró.
López Obrador pidió que no se le dé tanta importancia “a quienes gritan ahora que hace falta la mano dura y luego van a gritar que el autoritarismo, porque están en otro papel, que también es legítimo, es la oposición” dijo.
“Si la ensartas perdiste, sino la ensartas también, es un poco en esa lógica”, concluyó.
La impunidad
La primera gran marcha que enfrentó la administración de Claudia Sheinbaum fue el pasado 16 de agosto. Un grupo de mujeres encapuchadas y armadas con palos, rayó y vandalizó una estación del Metrobús, al igual que monumentos históricos.
Ahí también fue cobardemente golpeado el reportero de ADN 40, Juan Manuel Jiménez. Su agresor fue identificado como Luis "N" de 24 años de edad, alias “El Chupas”, quien fue arrestado y vinculado a una organización conocida como “Los Claudios”, la cual está vinculada a “La Asamblea de Barrios”, un grupo de invasores de predios y reventadores de marchas.
Cuatro días antes, decenas de mujeres ya se habían manifestado de forma violenta frente a las instalaciones de la policía, luego de que un grupo de agentes fueran señalados por presuntamente haber violado a una adolescente de 17 años en Azcapotzalco.
Claudia Sheinbaum descalificó los hechos advirtiendo que se trataba de provocadores, pero ante la lluvia de reproches que recibió, ofreció disculpas, se reunió con colectivos de mujeres e insistió en que no se reprimiría a los manifestantes.
El 26 de septiembre, durante la conmemoración por el quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, decenas de encapuchados hicieron pintas y destrozos en monumentos históricos, edificios, hoteles, bancos y negocios a lo largo de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, ante los ojos de los policías que los dejaron actuar impunemente durante casi una hora.
Quienes los contuvieron fueron comerciantes del Centro Histórico. Sin embargo, otro grupo llegó hasta la puerta de Palacio Nacional, residencia del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y quemaron la Puerta Mariana, que es la puerta principal del recinto.
Una vez más, el gobierno capitalino y el federal, aseguraron que se trataba de “infiltrados”.
Dos días después, el sábado 28 de septiembre, mujeres vestidas de negro y con pañuelos verdes se unieron a la marcha de la “Marea Verde” como parte de las movilizaciones en la mayoría de estados de la República Mexicana en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
La marcha terminó en pintas, destrozos y agresiones a hombres con gases. También fueron vandalizadas e incendiadas las rejas de la Catedral Metropolitana y, nuevamente, la Puerta Mariana de Palacio Nacional.
Por los hechos, nadie fue detenido.
El sector empresarial se une a las condenas
Este lunes, el Consejo Coordinador Empresarial reprobó los actos vandálicos que se han producido en las recientes manifestaciones en diversas zonas del país, y en particular en la Ciudad de México, que han provocado daños a comercios, propiedades privadas y públicas y monumentos históricos.
Insistieron en que es “responsabilidad indeclinable de las autoridades mantener la paz y el orden público, sin represión ni violencia”. Por lo que consideraron “es urgente que se establezcan en todo el país, protocolos realmente eficaces, que permitan armonizar los derechos a la manifestación, al libre tránsito, a la propiedad privada y la propia integridad de los ciudadanos que pueden verse afectados”.