El Instituto Nacional Electoral confirmó este jueves que la Unidad Técnica de lo Contencioso citó a comparecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de la secretaria de Bienestar, María Luis Albores y al coordinador general de programas para el desarrollo, Gabriel García Hernández.
Esto luego de que una queja que presentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del presidente López Obrador y diversos funcionarios denominados Servidores de la Nación, por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes) utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales.
El PRD y su consejero y ex diputado federal Rafael Hernández Estrada denunciaron el pasado 8 de agosto el presunto uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada del ejecutivo federal y de funcionarios estatales vía una estrategia en la que participarían casi 18 mil personas, entre servidores de la nación, súper delegados y coordinadores estatales de programas del Bienestar.
En su querella ante el INE, el PRD documentó que las entregas de recursos y programas no se atribuyen al gobierno federal y de forma institucional, sino al presidente López Obrador y a los funcionarios que operan esos programas, el 60% de los cuales estarían vinculados a Morena.
Eso vulneraría, según el partido quejoso, el artículo 134 de la Constitución establece que toda propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y prohíbe que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
En una tarjeta informativa, el instituto explicó que el presidente ya había aceptado aplicar medidas cautelares, dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias a fin de suspender el uso del nombre del presidente en dicha indumentaria y accesorios.
Sin embargo, es obligación legal de la Unidad Técnica de lo Contencioso seguir el curso de la investigación, independientemente de la adopción de medidas cautelares.
El citatorio que fue emitido para el presidente, subraya que no representa una medida extraordinaria, ya que antes han sido llamados a comparecer otros mandatarios.
“Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo fue emplazado en 2011 por mensajes de su 5to Informe de Gobierno, así como por una entrevista otorgada al New York Times en la que supuestamente desalentaba el voto del PRI”, dijo el INE.
Mientras que en 2015, el ex presidente Enrique Peña Nieto fue citado por la contratación de banners en periódicos digitales, la entrega de televisores digitales, la entrega de televisores digitales y la difusión de un video en YouTube por el año nuevo.
En 2017 también fue requerido por la difusión de promocionales de su informe y aparición en un spot del PRI y en 2018 por la entrega del programa Prospera en Sonora, indicaron.
Normalmente, apuntó el Instituto, las partes involucradas atienden estos citatorios a través de sus oficinas jurídicas. Es posible que, inclusive, el presidente López Obrador desahogue el tema por escrito. Es decir, sin acudir personalmente.
Anteriormente, durante una conferencia mañanera, el presidente declaró que ante los señalamientos de presunto uso de los servidores de la Nación con fines proselitistas se debían de denunciar este tipo de acciones ante la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
“Que si actúa de manera facciosa y participan utilizando recursos o dedicando el tiempo de trabajo en el gobierno para favorecer a candidatos y partidos están cometiendo un delito… los delitos electorales son delitos graves y que existe una Fiscalía Electoral que atiende estos asuntos; de modo que si hay elementos y hay pruebas que se presenten todas las denuncias”, sostuvo López Obrador.