Un expediente tachado e incompleto: la confusa investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa

El expediente sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos se hizo público por primera vez el 11 de octubre de 2015. Fue presentado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) luego de varias solicitudes de información para conocer los detalles que resguardaba la carpeta de investigación. La decepción vino cuando las organizaciones se percataron que de esas 54,000 fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos, la mayoría estaba tachado y borrado.

La PGR tachó nombres de testigos y de agentes del ministerio público involucrados en el caso; incluso cubrió los resultados de los peritajes médicos aun cuando dichos dictámenes eran información clave para saber qué ocurrió con los estudiantes el día de su desaparición ese 26 de septiembre de 2014.

En total, el gobierno federal hizo pública cuatro partes del expediente del Caso Iguala. La primera se divulgó en 2015, la segunda y tercera en 2016, y la cuarta en 2018. Son un total de 631 tomos, y no hay uno sólo que no cubra información a base de marcador negro.

La forma en la que se descartó cierta información y se priorizó otra generó dudas desde el primer momento. Mario Patrón Sánchez, quien fuese director del Centro Prodh en 2015, dijo en ese entonces que la manipulación demostraba que estábamos “frente a un uso político en la publicidad del expediente y que la autoridad quiere que en particular sean públicas algunas aristas del caso y otras no”.

Y es que aunque cubrió más del 50% de la información en los expedientes, la PGR se encargó que desde el primer momento se supiera del supuesto vínculo de algunos de los desaparecidos con grupos criminales. Ocurrió también que en la primera parte del expediente, las autoridades tacharon los dictámenes médicos que se realizaron el 28 de octubre del 2014 a Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”; Agustín García Reyes, “El Chereje”, y a Darío Morales Sánchez, los inculpados a partir de los cuales se sostenía la “verdad histórica” del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Con el tiempo se sabría que gran parte de los testigos fueron sometidos a tortura durante los interrogatorios llevados a cabo por la policía. Este fue el caso de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por la desaparición de los normalistas que fue brutalmente torturado en instalaciones que, presuntamente, pertenecían a la Secretaría de la Marina en la Ciudad de México.

Según contó la propia víctima, fueron marinos y agentes de la Policía Federal Ministerial (PMF) quienes lo obligaron a firmar una confesión donde se incrimina de la desaparición de los estudiantes.

En uno de los más recientes informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa, se señala que, de acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades y presentados en las carpetas, existen cuatro versiones completamente diferentes y contradictorias de lo que ocurrió.

Tres de estas versiones hablan sobre el lugar al que fueron llevados los estudiantes, mientras que la cuarta trata el motivo que los condujo hasta Iguala, el cual fue supuestamente matar a los hermanos Benítez Palacios”, conocidos como “Los Peques”.

Otro ejemplo de la opacidad de la investigación es el primer tomo del caso, el cual está dedicado a la versión del basurero de Cocula, basada en la declaración de los presuntos autores materiales. Al igual que con los acusados, una investigación independiente de la CIDH determinó que no había pruebas que acreditaran esa versión.

Al menos 169 personas fueron consignadas del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018, ya que se encontraban relacionadas con la desaparición forzada de los estudiantes. De esa cifra sólo se determinó la actividad de 142 consignados; de ellos 55 se desempeñaban como policías de Iguala, 20 municipales de Cocula y 67 civiles (presuntos integrantes de la banda “Guerreros Unidos").

El pasado 15 de septiembre un juez otorgó la libertad a 24 inculpados por su presunta responsabilidad en el caso y se presume las liberaciones podrían seguir. Entre ellos se encuentra Gilberto López Astudillo, alias “El Gil”, un presunto lugarteniente del grupo criminal acusado de ordenar la incineración de los jóvenes. Recuperó su libertad después de que un juez determinara que la información se recabó de forma ilegal.

Este jueves se cumplirán 5 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que hasta el momento se sepa a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en esa trágica noche en la que desaparecieron, o al menos se cuente con un expediente transparente.