El Senado de la República autorizó la eliminación de la figura del arraigo de la Constitución Mexicana, para garantizar el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, libertad y defensa adecuada de los acusados.
Senadores de todos los partidos políticos aprobaron en comisiones legislativas las reformas constitucionales para derogar un recurso legal que, con frecuencia, utilizaban la Procuraduría General de la República (PGR) y la nueva Fiscalía General (FGN) en sus investigaciones sobre delincuencia organizada. Acudían a un juez federal, manifestaban su temor de que el acusado escapara de la acción de la justicia y lograban privarlo de su libertad, para continuar con sus pesquisas.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), celebró el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas para desaparecer “una figura que viola los principios constitucionales de presunción de inocencia, la integridad de la persona, el derecho a la libertad y una defensa adecuada” y que se presta “a la tortura y a la fabricación de delitos”.
Por su parte, Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), indicó que se debe erradicar toda forma de privación arbitraria de la libertad. “Es momento de desarraigar el arraigo de la Constitución y fortalecer las políticas que buscan erradicar toda forma de reclusión injusta en México”, puntualizó.
En tanto, Tania Reneaum Panszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, señaló que el arraigo y cualquier figura de detención debe estar sujeto a una revisión periódica, desde el punto de vista judicial y de derechos humanos, porque “es un espacio sujeto de arbitrariedades con posibilidades de cometer tortura y malos tratos”.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y militante del Partido Acción Nacional (PAN), anticipó que el pleno del Senado podría consumar la próxima semana la desaparición del arraigo.
El 26 de abril de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —327 votos de legisladores de todos los partidos—, una reforma constitucional para eliminar la figura del arraigo. Una vez que los senadores aprueben las reformas constitucionales, el decreto será enviado a los Congresos locales, para su discusión y eventual aprobación. Para que la reforma constitucional surta efectos, será necesario el voto aprobatorio de la mitad de los congresos locales.
Actualmente, un juez federal puede dictar el arraigo domiciliario por un plazo máximo de 40 días; en el caso de delitos relacionados con el crimen organizado, el plazo se extiende hasta por 80 días. De esta forma, el Ministerio Público integra una averiguación previa y solicita al juez el arraigo del inculpado para continuar con las investigaciones que le permitan acreditar el tipo penal y la probable responsabilidad del acusado y consignarlo ante el juez competente.
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