Un juez negó la suspensión definitiva de obras del aeropuerto de Santa Lucía, luego de considerar que pondría en riesgo la seguridad nacional y ésta debe prevalecer por encima del interés social.
Ante esta resolutiva, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México negó frenar la construcción del aeropuerto Santa Lucía, resolución demandada por un representante de los pueblos indígenas de Santa María Ozumbilla, Estado de México.
La decisión favoreció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la cual podrá retomar la obra, a pesar de los 100 amparos tramitados en contra del proyecto.
Estos amparos fueron impuestos por el colectivo #NoMásDerroche, que, en conjunto con los pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, habían solicitado para frenar la construcción del aeropuerto.
Medio ambiente, seguridad aérea y derechos de los pueblos indígenas fueron los argumentos mencionados por los pueblos aledaños, para no querer que se siga construyendo el aeropuerto.
Aunque en el pasado, el juez ya había concedido el amparo a favor para que el gobierno no iniciara la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Solo que ahora dio la razón a la Sedena por considerar que esto pondría en riesgo a la seguridad nacional.
La suspensión provisional, que había sido concedida a quienes se quejaban de las obras, pedían que se hiciera una consulta indígena antes de continuar con el proyecto de construcción. Sin embargo, la Sedena le dijo al juez que la obra se posicionaba en el lugar por ser una instalación estratégica.
Todos sus bienes como muebles, inmuebles, incluido el proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía fueron catalogados como un punto estratégico, en el cual conlleva la posibilidad de ejecutar órdenes militares “de la que no se debe frenar su operación”.
Además, la sedeña mencionó que obliga a los militares a utilizar otras instalaciones que pueden carecer de la infraestructura necesaria para actividades como el Plan DNIII-E.
“El proyecto de ´Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 [Santa Lucía, Estado de México], su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares´, implícitamente conlleva la posibilidad de ejecutar órdenes militares tendientes a preservar la seguridad nacional a través de la fuerza Aérea Mexicana, mediante una instalación militar estratégica de la que no se debe frenar su futura operación, y que tiene encomendado entre otras tareas defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior”, testificó el juez.
Ante esta negativa de la suspensión de la obra, el juez mencionó lo siguiente:
“La medida así adoptada por el Estado mexicano mediante la autorización ambiental tiene como fin hacer prevalecer la soberanía mediante la seguridad nacional y constituye un objetivo que legitima la restricción a los derechos fundamentales y humanos con relación a los actos reclamados, de los que se pide la suspensión de los efectos y consecuencias. Por ello, no es procedente conceder la suspensión”, mencionó.
Se entregó esta resolución el 23 de septiembre en la cual, el juez hace referencia a que el debate de amparo se relaciona con el dominio de los recursos naturales, que pueden ser explotados por la nación o particulares. Aunque esto no significa que sean propietarios de estos recursos.
“En ese supuesto, prevalece la seguridad nacional de un recurso natural que corresponde a la nación su dominio directo, como lo es la superficie donde se edificará tal proyecto que incide en materia militar como área estratégica”.
Dicha resolución no significa que esté resuelto el amparo, ya que ahora el juez debe dar continuidad al trámite hasta que se dicte una sentencia sobre el asunto, que podría ocurrir el 4 de octubre, fecha en que el juez señaló para la audiencia constitucional.
Ese día se definirá si se da el amparo o no.
Ante la ola de recursos legales que varias organizaciones civiles han utilizado para frenar las obras en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que se trata de un “boicot" legal.
“En otros casos como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México devastaron toda esa zona, destruyeron cerros completos y no hubo un solo amparo, no protestaron. Ahora tienen toda una campaña en contra de esta obra que es fundamental”, dijo en su conferencia de prensa matutina del jueves AMLO.
El mandatario fue más allá y dijo que el ex ministro José Ramón Cosío, está detrás del equipo que ha asesorado a las organizaciones para frenar la obra.