La ley de Amnistía que propone López Obrador, punto por punto

El Congreso mexicano analiza la iniciativa de Ley de Amnistía, con la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende otorgar la libertad a presos políticos, así como a indígenas, mujeres y jóvenes que no son reincidentes y purgan condenas por delitos menores y sin violencia, a fin de avanzar en la pacificación y reconciliación del país.

El 15 de septiembre, el mandatario mexicano presentó el proyecto de Ley de Amnistía en calidad de iniciativa preferente, con la intención de que los diputados y senadores la analicen y en su caso la aprueben en un plazo máximo de 60 días naturales.

Durante las campañas políticas de 2018 circularon en redes sociales videos que critican la amnistía propuesta por el candidato presidencial de Morena (Videos: Youtube)

Desde la campaña presidencial, el anuncio de una ley de amnistía causó polémica y múltiples críticas a López Obrador; sus adversarios políticos en las elecciones de 2018, advirtieron a los votantes que el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pretendía liberar a delincuentes.

Los familiares de personas desaparecidas y de víctimas del crimen organizado, quienes participaron en los Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional organizados por el presidente electo, también anticiparon su rechazo a la propuesta y señalaron que no otorgarán el perdón a quienes atentaron contra ellos y sus seres queridos.

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En la exposición de motivos de la Ley de Amnistía el Presidente sostiene que en México hay un número significativo de personas en prisión por haber cometido delitos menores, "provocados por el hambre y la pobreza".

El documento señala que los grupos más afectados son los de las mujeres, muchas veces presionadas y amenazadas por su parejas para delinquir; los jóvenes, quienes carecen de oportunidades de educación de calidad y un empleo bien remunerado; y los indígenas, porque generalmente enfrentan los procesos judiciales sin el apoyo de un traductor.

Esos jóvenes y mujeres no representan una amenaza para la sociedad, advirtió, pero si los dejamos en prisión los condenamos a formar parte de la delincuencia organizada y a cometer nuevos delitos.

Los beneficiarios

De acuerdo con la propuesta del presidente mexicano, los beneficiarios serán: primodelincuentes, es decir, que no son reincidentes; presos políticos o de conciencia; y quienes se realizaron un aborto, tanto para la mujer que lo haya cometido, como para los médicos y parteras que la hayan asistido.

Además, también se incluirán aquellos que cometieron delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza obligados a cometer ilícitos  por algún familiar o un miembro del crimen organizado, como robo, siembra y transporte de drogas, o narcomenudeo; los delitos cometidos por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido a un defensor público gratuito o un traductor; delitos de robo sin violencia que no ameriten más de 4 años de prisión;  y el delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno.

Casos en lo que no aplica

Delitos de sangre y violencia; secuestradores; homicidas; integrantes de la delincuencia organizada que hayan empleado armas de fuego y violado los derechos humanos de sus víctimas; y reincidentes en la comisión de delitos.

La iniciativa presidencial de Ley de Amnistía no contempla el perdón ni la libertad para delitos futuros y sólo se refiere a condenas anteriores a su promulgación.  La Fiscalía General de la República (FGR) revisará los casos de delitos menores y la Secretaría de Gobernación se encargará de los presos políticos. La propuesta indica que no desaparecen los delitos, solo se extinguen las penas, por lo que las cifras estadísticas de comisión de delitos no sufrirá modificaciones.

En diferentes espacios académicos y de comunicación, José Ramón Cossío, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que serán muy pocos los beneficiarios de la nueva ley porque contempla delitos federales de los que son acusadas muy pocas personas  Como sólo se refiere a delitos federales, en automático, deja fuera al 85% de los prisioneros que hay en todo el país.

Subrayó la importancia de promover cambios legales en los congresos de las 32 entidades federativas, para ampliar el margen de acción y aclaró que corresponderá a la Secretaría de Gobernación promover legislaciones similares en todo el país.

De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente podrá enviar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones dos nuevas iniciativas al Congreso de la Unión, consideradas como preferentes.

La Cámara de origen cuenta con un plazo máximo de 30 días naturales para su análisis, discusión y aprobación. Una vez que el pleno emite su voto, pasará inmediatamente a la cámara revisora, la cual deberá discutirla y votarla bajo las mismas condiciones de tiempo.