El 19 de agosto de 1977, Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga fueron extraídos de su domicilio y detenidos por ser integrantes "de un grupo subversivo denominado Liga Comunista 23 de Septiembre". Soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron sus captores.
Durante 49 días, Martha fue torturada, obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Sus agresores le provocaron intencionalmente dolor y sufrimientos físicos para obtener información de la Brigada Margarita Andrade Vallejo, de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.
La transición del poder presidencial en México permitió al entonces presidente Vicente Fox impulsar la creación de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos, con el propósito de conocer la verdad sobre la represión sistemática, los crímenes y violaciones a los derechos humanos que -desde el poder- ejercieron funcionarios públicos en la década de los sesenta, setenta y ochenta; es decir, durante los Gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.
Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh), interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel Alapizco Lizárraga, así como por su tortura y desaparición forzada.
El 7 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le notificó que no se ejercería acción penal por los delitos denunciados –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad- porque habían ocurrido cuatro décadas atrás y ya habían prescrito.
Inconformes, Martha Camacho y su hijo acudieron a la justicia federal. En su apelación argumentaron que durante la llamada guerra sucia se cometieron delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados; agregaron que la investigación efectiva de estos delitos no fue posible durante muchos años, debido a las condiciones generadas por el régimen político.
El 29 de julio de 2014, un juez federal ordenó a la entonces PGR investigar las denuncias de asesinato, tortura y desaparición forzada. Estableció que dichos delitos son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Por lo tanto, la autoridad tendría que investigarlos para conocer la verdad histórica y la reparación real y efectiva a las víctimas.
Aunque la PGR se resistió a cumplir con el mandato judicial y llevó otra vez el caso a los tribunales, una sentencia federal del 13 de julio de 2015 confirmó que la PGR debe investigar el asesinato y desaparición forzada de José Manuel Alapizco, así como la tortura de Martha Camacho.
El 14 de junio de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoció oficialmente a José Manuel, Martha Alicia y su hijo Miguel Alfonso como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a sus derechos humanos. Asimismo, determinó una serie de medidas para reparar el daño, entre las cuales se encuentran los actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública.
El Centro Prodh ha señalado que la disculpa pública es un mensaje de rechazo a los crímenes atroces cometidos en el pasado, a la impunidad y a las violaciones de derechos humanos; sobre todo, es un importante paso en la demanda de verdad, justicia y reparación del daño a Martha y su familia.
Durante las décadas de los sesenta, setenta y principios de los ochenta hubo una política de represión contra los movimientos sociales y, solo durante ese periodo, se cuentan más de 25 mil personas víctimas de la desaparición forzada por integrantes del Estado mexicano.
La disculpa pública para Martha Alicia Camacho Loaiza se realizará este lunes 23 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en donde también se espera la asistencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.
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