Una serie de anomalías fueron detectadas en el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con el Órgano Interno de Control (OIC) no se hallaron 320 vehículos en la base de datos del inventario operativo o funcional de los vehículos patrimoniales del máximo órgano electoral del país.
Otros 44 automóviles identificados de forma física, no se encontraron registrados en el Sistema de Administración (Siga), indicó el OIC como resultado de la auditoría financiera aplicada al parque vehicular propiedad del INE, de acuerdo con el diario El Universal.
En el informe previo de gestión del primer semestre de 2019 del OIC, se detectaron 208 resguardos vehiculares que no están a nombre de los titulares de unidades responsables donde están asignados.
Lo que indica que los autos no se encuentran en las oficinas centrales del INE; además existen otros 13 casos en los cuales no se acreditó el resguardo correspondiente.
De acuerdo con la investigación, en 81 de 95 casos de vehículos enajenados se continuó pagando la poliza de cobertura amplia y no se ajustó a la nueva de contenidos (que es menos costosa) una vez que fueron autorizados en el Programa Anual de Desincorporación de Bienes Muebles y Consumo 2018, por lo que existen primas pagadas pendientes de recuperar por un monto aproximado de 67,000 pesos.
Mientras que en nueve casos de autos siniestrados no se ha obtenido la indemnización correspondiente, a pesar de haber transcurrido de 207 hasta 564 días desde que sucedió el accidente, indicó la OIC en su informe.
Otras de las irregularidades que también se encontraron fueron de una conducta sistemática de dar vista sobre supuestas anomalías a otras áreas del INE o al OIC, pero que después de varios años, esto ha impedido una investigación o una sanción.
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El Órgano de Control Interno dijo que a partir de estos incidentes comenzarán a tener mecanismos para conocer de inmediato las denuncias, lo que permitirá combatir la impunidad en este tipo de casos.
Se hallaron varios casos en lo que el Instituto, sin alguna justificación contrata servicios de terceros para desempeñar tareas para el cual sí se encuentran capacitados o con personal suficiente.
Por ejemplo, en el rubro de Asesorías, Estudios e Investigaciones se detectaron que seis áreas de INE pagaron 9.9 millones de pesos en 15 contratos formalizados con terceros para realizar el trabajo que por norma debe y puede realizar el personal del instituto y sin que se justificara la existencia de elementos capacitados para realizar o desempeñar las funciones.
La subcontratación dentro del instituto es una falla recurrente y en el nuevo informe se hallaron 61 servicios sin justificación.
Otro de los datos reportados por subcontratación, es el que se realizó en la Dirección Ejecutiva de Servicio Profesional (Despen) que realizó la contratación de instrumentos de evaluación de competencias, pero en el INE se tiene al menos a 5 personas con 61 funciones relacionadas a dichas tareas.
La Unidad Técnica de Planeación (hoy inexistente) realizó un contrato para el diagnóstico de indicadores de metas institucionales, pero contaba con 12 puestos que podían elaborar la misma función.
Otras de las irregularidades, fueron el incumplimiento de contratos con lavandería, limpieza e higiene, jardinería por el incumplimiento de contratos, pero no realizó tal acción.
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El OIC detalló que están por implementarse sanciones ante estos hechos, entre los que destacan multas por 124.6 millones de pesos.
Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas indicó que ante las anomalías reportadas, se debe iniciar una investigación y revisar lo sucedido ante la desaparición de 320 vehículos.