Carlos se tomaba una cerveza sentado en una silla a la puerta de su casa cuando dos camionetas de la Armada se detuvieron frente a él, lo interrogaron, lo golpearon hasta la extenuación y se lo llevaron.
Unos días antes, Antonio ponía gasolina con un amigo cuando dos patrullas se acercaron, los subieron a un vehículo y se los llevaron. Así hasta 30 casos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de unos 600,000 habitantes, y en un periodo de cuatro meses. Éste es el peor rostro de la guerra contra el narco en México.
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Más descarado, relata el diario El País, fue el caso de José Luis, que esta en una fiesta con decenas de familias cuando unos 20 marinos se presentaron en el lugar y obligaron a todos los invitados a tirarse al suelo, incluidos decenas de niños.
Entre todos los invitados, el mando que dirigía la operación eligió a José Luis, lo hincó y lo golpeó con un trozo de madera. Después lo subieron a un vehículo y abandonaron el lugar.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las fuerzas de seguridad están involucradas en la mayoría de las desapariciones en Nuevo Laredo, y entre las víctimas también están menores de edad.
La realidad es que el secuestro y posterior ejecución de 8 presuntos sicarios del municipio no son los primeros procesos extrajudiciales que ocurren. Entre 2011 y 2014 varios militares fueron suspendidos por ejecuciones extrajudiciales.
Los jóvenes Martín y Bryan Almaza, fueron asesinados arbitrariamente en un retén militar el 3 de abril de 2010 en Matamoros, Tamaulipas. Soldados modificaron la escena de los hechos y afirmaron que su fallecimiento fue el resultado del fuego cruzado.
Un testimonio recogido por el diario español relata que Jesica aún recuerda la luz roja del fusil que le apuntaba a la frente y los gritos de la marina mientras abofeteaban a su esposo..
Ocurrió en marzo de 2018, cuando seis marinos encapuchados entraron a su casa buscando a un tal "Willy". Aunque ellos sabían que estaban en el lugar equivocado, aquella noche los uniformados desactivaron las cámaras de las casa pero olvidaron la que estaba en la casa de a lado.
Hasta el día de hoy, este junto con otras voces han sido un zumbido molesto que recorre cada día la fiscalía exigiendo resúestas.
Ejecución extrajudicial cimbra a Tamaulipas
Las pruebas que revelarían un montaje en el enfrentamiento del pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas (Video: Facebook)
En un México acostumbrado a ver y leer de muertes de sicarios del crimen organizado, la noticia sobre 8 miembros del Cártel del Noreste abatidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 5 de septiembre, pasó desapercibida. Pero una denuncia sobre una posible ejecución extrajudicial a manos de Policías de Estatales, trajo a relucir, nuevamente, el caso.
Una camioneta blindada, ocho cadáveres y armas de alto calibre eran las pruebas que el 5 de septiembre los agentes estatales enseñaron como trofeo de una batalla (ganada) contra el narcotráfico.
Cinco hombres y tres mujeres asesinados se convirtieron en el saldo del cruce de balas en el que ningún policía resultó herido.
Poco después, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó una serie de pruebas para demostrar que todo habría sido un montaje de las autoridades de seguridad.
Las imágenes difundidas por la Policía del Estado fueron clave para demostrar la hipótesis de la CDHNL.
En un video de dos minutos de duración, la organización señaló que las autoridades manipularon las evidencias, sembraron armas y pusieron vestimentas y aditamentos tácticos a las ocho víctimas.
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Las fotografías mostradas de una camioneta Tundra que lleva en la parte posterior un armazón de blindaje artesanal y la patente tapada, es parte de una de las pruebas para desmontar la versión oficial.
El día del supuesto fuego cruzado, siendo las 07:43 horas, Eladio Martínez, comandante del área de grúas y vialidad en la ciudad fronteriza, recibió una llamada telefónica, ordenándole enviar una unidad a la calle Francisco I. Madero, casi esquina con Ozuna.
De inmediato, fue enviado un conductor de nombre Ramón, quien dijo que a las 08:00 horas, llegó con su grúa a la dirección solicitada. Ahí se encontraba una camioneta Tundra negra y elementos de la Policía Estatal.
La unidad oscura fue llevada por una grúa de Tránsito desde Madero cuadra 68 hasta Avenida 7, número 902 en la colonia Valles de Anáhuac.
Como se observa en los videos de la Comisión, la camioneta tenía bisagras y cerrojos para ocultarlos hacia el interior de la caja, por ello, durante el trayecto, la camioneta lucía sin ningún armazón.
Una vez que la camioneta se encontraba en el lugar, los elementos de la Policía armaron el blindaje, tomaron fotos y las enviaron a las páginas vinculadas al Gobierno de Tamaulipas.
La organización argumenta que la camioneta habría sido manipulada en varias ocasiones, ya que en algunas fotografías el vehículo aparece con una torreta y en otras no.
En el lugar del abatimiento, también se encontraban los cadáveres vestidos con uniformes militares, chalecos con la sigla CDN, vestimenta identificada como Cártel del Noreste, y armas largas.
De acuerdo a un informe de la CDH Nuevo Laredo, al menos tres víctimas dieron negativo en la prueba de radizonato, la cual sirve para saber si una persona accionó o manipuló un arma de fuego.
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Igualmente destaca que cuatro de las 15 armas encontradas junto a los cuerpos "nunca fueron accionadas", sino más bien colocadas junto a los cadáveres.
Incluso, una de las personas abatidas traía puestas las botas tácticas al revés, no había cartuchos percutidos a su alrededor y tampoco impactos de balas en las paredes.
El levantamiento de ocho personas
En la denuncia hecha por la Comisión de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, se revela que las autoridades habrían secuestrado a las ocho personas, luego las ejecutarían en una casa y posteriormente colocarían los cuerpos en la casa número 902 en la colonia Valles de Anáhuac.
Una joven de 18, con el nombre de Kassandra Treviño, fue la primera en denunciar ante la justicia lo sucedido.
El pasado domingo se acercó a la Fiscalía local a declarar que una veintena de agentes había ingresado a su casa de manera violenta y habían obligado a su padre, Severino Treviño, a vestir el uniforme militar.
Según el testimonio de la joven, los policías se la llevaron a ella y a su bebé, de 2 años, a unas cuadras de la vivienda, donde las liberaron. No volvió a saber de su padre hasta el momento que se reportó el supuesto enfrentamiento.
Pero no sólo fue Severino. Los testigos advierten haber visto llegar un vehículo blindado en los que viajaban siete personas con la cara cubierta y esposadas, las cuales, después fueron ingresadas al domicilio.
Los instantes después del enfrentamiento
Otras de las pruebas presentadas por el Comité son una serie de videos que muestran a los agentes que presuntamente participaron en el enfrentamiento dentro de una tienda, comprando botellas de agua, refrescos y frituras sin ninguna preocupación o estado de alerta después de haber participado en una supuesta persecución con integrantes de un grupo criminal.
Las grabaciones también desnudan la presencia de militares, quienes acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras los policías estatales realizaban las ejecuciones.
Según las autoridades, los militares impidieron mediante insultos y amenazas que familiares de Severiano pudieran acercarse a su domicilio, antes de ser asesinado.
Información recabada señala que las personas levantadas fueron sacadas de la colonia Buenavista. Una de las personas era Jenifer, estudiante del Estado de México y recién llegada a Nuevo Laredo con su novio. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.
Las voces de las autoridades
La entidad fronteriza se encuentra en un escenario grave que podría poner en jaque el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, por ello, informó que solicitará que la Fiscalía General del Estado solicite asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales para investigar la presunta ejecución de ocho personas para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones.
Asimismo, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública suspendió a los elementos que participaron en el operativo.
"Cumpliremos las medidas cautelares dictadas por la CNDH. En caso de que las investigaciones concluyan en responsabilidad de los funcionarios estatales, se actuará con toda la fuerza de la ley", escribió el mandatario en su Twitter.
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