Considerado uno de los estados más violentos del país, Tamaulipas, ubicado en el noreste de México y que comparte una gran frontera con Estados Unidos, es uno de los puntos clave para la delincuencia organizada, que desde hace varias décadas ha tomado al estado como rehén.
La entidad ha sufrido las consecuencias de los enfrentamientos entre los diferentes cárteles que han intentado dominar una de las plazas más valiosas del continente y también aquellos cruces con las fuerzas del gobierno local y del Ejército, convirtiendo a la zona en una de las más peligrosas del país.
Fue a partir de la década de los 80 del siglo pasado que la violencia en la entidad saltó a las portadas nacionales y del extranjero. A pesar de que un lustro antes había ocurrido la matanza de la Clínica Raya, donde una banda rival intentó eliminar al capo Casimiro Campos Espinoza, alias "El Cacho", y en su camino ejecutó al personal del lugar sin lograr su cometido, el caso que impacto al país fue el de los llamados "narcosatánicos".
La banda que cambió todo
El caso de la banda de los narcosatánicos, que marcó un antes y un después en los estudios sobre el crimen organizado en México, que hasta entonces no tomaban muy en cuenta las creencias religiosas dentro de los distintos grupos de traficantes de drogas, salió a la luz en 1989.
David Serna, uno de los integrantes de la banda, fue detenido en un operativo de rutina de la Policía Federal, quienes encontraron en su vehículo droga y un extraña olla grande con restos de sangre, corazones, partes de columnas vertebrales, que eran partes del cuerpo del estudiante norteamericano Mark Kilroy, reportado como desaparecido mientras realizaba un viaje a México.
Kilroy había sido secuestrado en Matamoros y su desaparición desató una intensa búsqueda en México y Estados Unidos al tener lazos familiares con funcionarios del gobierno norteamericano.
El joven había sido asesinado por una banda dedicada al narcotráfico y la santería, liderada por el cubano estadounidense Adolfo de Jesús Constanzo, practicante de una religión llamada palo mayombe. Todos sus integrantes eran menores de 30 años y, al menos los que vivían en Matamoros, pertenecían a una clase social media alta, lo que hizo el caso más mediático.
El caso resonó a través de los años y los detalles sobre sus rituales satánicos fueron carne de los medios durante mucho tiempo. Incluso el director español Álex de la Iglesia filmó la película "Perdita Durango", donde adaptó los hechos que se sucedieron en aquellos años.
El Cártel del Golfo y los Zetas
La detención de Juan García Ábrego, el líder del Cártel del Golfo, en 1996, provocó una turbulencia en la organización criminal y una nueva ola de violencia inundó a la entidad. Fue Osiel Cárdenas quien se consolidó como el líder sucesor y, para 1999, el grupo ya había incorporado a un grupo que fungía como brazo armado: Los Zetas.
El grupo que se formó a partir de ex integrantes de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la policía federal, con soldados desertores de los dos cuerpos de seguridad. Con su ayuda, el Cártel del Golfo se fortaleció a lo largo del norte y noreste del país, pero la caída de Cárdenas y su posterior extradición a Estados Unidos en 2007 provocó nuevas tensiones.
La unión entre el Golfo y los Zetas comenzó a fracturarse. El brazo armado comenzó a operar cada vez más con mayor independencia y con una crueldad hasta entonces inédita, por lo que los expertos comenzaron a llamarlo el grupo delictivo más sanguinario del continente.
Las alianzas de los Zetas con otros Cárteles, como el de Juárez y el de los Beltrán Leyva, fueron algunas de las causas para que el Golfo y su brazo armado se convirtieran en antagonistas.
La situación en el estado, como en prácticamente todo el país, comenzó a empeorar tras el anuncio de la llamada "Guerra contra el narcotráfico" que lanzó en los primeros días del sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
A partir de 2009, el enfrentamiento del Cártel del Golfo y los Zetas se intensificó con Tamaulipas como el cuadrilátero principal. La militarización ordenada por Calderón asoló también al estado, cuyas estadísticas de violencia y homicidios explotaron durante lo siguientes 24 meses.
El homicido de Torre Cantú y la matanza de San Fernando
La situación a lo largo de aquellos años se hizo insostenible. A finales de junio de 2010, Rodolfo Torre Cantú, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que siempre gobernó el estado, fue asesinado junto a Enrique Blackmore, un diputado local, y sus respectivos escoltas. La investigación nunca fue concluyente.
Un par de meses después, ocurrió una masacre en la comunidad de San Fernando, donde 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres), en su mayoría centro y sudamericanos, fueron ejecutados, de acuerdo con las autoridades, por los Zetas, ya que se negaron a pagar para ser liberados y tampoco quisieron incorporarse al grupo criminal.
Un año después, en el mismo lugar, se encontraron, en fosas clandestinas, 193 cuerpos. La zona, que era uno de los pasos migratorios por donde se buscaba atravesar hacia Estados Unidos, se volvió uno de los más temidos de todo el norte.
"Lo que se vivió fue de terror, en el mundo nos siguen recordando por la masacre y las narcofosas", contó un habitante del lugar al diario El Universal en 2018. "Es una historia negra que nos marcó", añadió otro.
El panorama del estado era desolador. "Una zona de guerra", calificaban algunos habitantes. Para la mayoría se volvió una costumbre ver cuerpos en las calles, colgados de los puentes, y el sonido de los balazos y tiroteos se mimetizó con el paisaje.
En algunos lugares, la gente tuvo que huir, obligada por las circunstancias. En el estado se vieron a partir de aquellos años propiedades abandonadas y los parajes en ruinas. El término "desplazado" comenzó a usarse de manera constante.
Uno de los principales ejemplos fue el de la comunidad de Ciudad Mier, a unos kilómetros del Río Bravo. El lugar, popular por su arquitectura colonial, se convirtió en un pueblo fantasma: se calcula que un 95% de sus habitantes abandonaron el lugar debido a la violencia.
"Primero fue una balacera, pero después vinieron muchas más. A diario hay balazos. Yo le digo a mi bebé que son cohetes. Nos encerramos, ¿qué más hacemos? Nos abandonaron. Nadie nos hizo caso", expresó una mujer en 2011 al diario La Jornada.
Balaceras de ocho horas de duración, un clima de guerra. La ciudad se quedó con menos de 500 habitantes de los casi 8,000 que alguna vez la conformaron. Sin embargo, en mayo pasado, el edil de la ciudad, Roberto González, dijo que en su administración habían regresado unos 5,400 habitantes que habían huido hace casi ya una década.
Además, la situación no permitía que los medios y los periodistas pudieran realizar su labor. De acuerdo con los expertos, los habitantes de Tamaulipas tienen que recurrir a la prensa estadounidense del otro lado de la frontera para informarse, ya que la prensa mexicana virtualmente no existe en la zona.
En los últimos años, los Zetas se diluyeron y hoy se considera al grupo como desarticulado. Sin embargo, la plaza sigue siendo importante. El Cártel del Noreste, formado por los remanentes de los Zetas, se han consolidado como uno de los principales grupos criminales de la zona, al igual que el perenne Cártel del Golfo, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
Tamaulipas en los últimos años
En 2016, el actual gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo el triunfo por primera vez para un partido que no fuera el Revolucionario Institucional (PRI) en 86 años. El abanderado del conservador Partido Acción Nacional (PAN) consiguió la alternancia por primera vez en el estado desde 1930.
Sin embargo, al igual que el país, el caso de Tamaulipas no muestra signos de mejora en cuanto a violencia. El último caso que cimbra a Tamaulipas es el de una supuesta ejecución extrajudicial de ocho sicarios a manos de la policía.
El 5 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas había informado sobre un operativo de seguridad en Nuevo Laredo, en el que abatió a tres mujeres y cinco hombres, presuntos integrantes del grupo criminal conocido como La Tropa del Infierno y brazo armado del Cártel del Noreste.
Además, reportó el aseguramiento de varias armas y una camioneta con blindaje artesanal. No obstante, el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo recabó videos y testigos que aseguran que lo ocurrido fue, en realidad, una ejecución extrajudicial y el operativo, un montaje.
La Fiscal local anunció este miércoles que había iniciado una carpeta de investigación para descubrir qué había pasado, y la policía del lugar ya suspendió temporalmente a los elementos que participaron en los hechos.
Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su subsecretario de derechos humanos de la Secretaría Gobernación aseguraron este jueves que la actual administración "no tolerará" este tipo de "gravísimos" hechos. "Si hubieron excesos, se tienen que castigar", advirtió AMLO.
Incluso el gobernador García Cabeza de Vaca señaló en sus redes sociales que sugirió al Fiscal "que solicite asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales, para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones".
Cumpliremos las medidas cautelares dictadas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). En caso de que las investigaciones concluyan en responsabilidad de funcionarios estatales, se actuará con toda la fuerza de la ley.