Una camioneta blindada, ocho cadáveres y armas largas eran las pruebas que la Policía de Tamaulipas enseñó como parte de un enfrentamiento con supuestos miembros del Cártel del Noreste.
Cinco hombres y tres mujeres eran el saldo del cruce de balas en el que ningún elemento resultó herido.
Una semana después de los hechos, el Comité de Derechos Humanos del municipio de Nuevo Laredo, presentó una serie de pruebas para demostrar que todo se habría tratado de un montaje de las autoridades estatales.
La organización acusó a las fuerzas de seguridad de haberlas ejecutado en una casa y colocado posteriormenete en el lugar.
La denuncia forzó a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad a suspender temporalmente a los elementos señalados de participar en el abatimiento.
Las fotografías fueron clave para esclarecer el suceso. Imágenes difundidas en redes sociales, muestran los ocho cuerpos con uniformes militares y chalecos con la sigla CDN.
Uno de los cuerpos que esta tumbado en el suelo de una casa pertenece presuntamente a Severino Treviño, ex empleado de una empresa refresquera, quien según el testimonio de su hija Kasandra, se encontraban durmiendo en el inmueble cuando uniformados entraron a la fuerza.
Kassandra Treviño aseguró que los muertos fueron disfrazados con los uniformes del Cártel por los mismo agentes de seguridad.
La verdad de los activistas
El 5 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un operativo de seguridad en Nuevo Laredo, en el que abatió a tres mujeres y cinco hombres, presuntos integrantes del grupo criminal conocido como La Tropa del Infierno y brazo armado del Cártel del Noreste. Además reporto el aseguramiento de varias armas y una camioneta con blindaje artesanal.
No obstante, el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, recabó videos y testigos que aseguran que lo ocurrido fue, en realidad, una ejecución extrajudicial y el operativo, un montaje.
Un informe obtenido por Milenio Noticias, muestra que el día del supuesto fuego cruzado, siendo las 07:43 horas, Eladio Martínez, comandante del área de grúas y vialidad en la ciudad fronteriza, recibió una llamada telefónica, ordenándole enviar una unidad a la calle Francisco I. Madero, casi esquina con Carlos Ozuna.
De inmediato, fue enviado un conductor de nombre Ramón, quien dijo que a las 08:00 horas, llegó con su grúa a la dirección solicitada. Ahí, se encontraba una camioneta pick up negra y elementos de la Policía Estatal.
Los agentes se le acercaron y le ordenaron enganchar la camioneta. El hombre preguntó si se llevaría a la FGR, entonces fue intimidado: le tomaron una foto a su gafete y le aseguraron que irían por él si decía algo.
El conductor accedió a trabajar y llevó la unidad frente a una casa de la avenida 7.
En la zona, los uniformados irrumpieron la vivienda número 902, localizada en la Avenida 7. En ella, sólo vivían Severino Treviño, ex empleado de una empresa refresquera, su hija Kasandra y el bebé de ésta.
Los tres se encontraban en casa, cuando elementos estatales entraron por la fuerza.
En su testimonio, Kasandra aseguró que por tener a su hijo en brazos, le perdonaron la vida esa mañana.
"Estábamos dormidos, cuando de repente tumbaron la puerta, y mi papá corrió con nosotros, pero lo regresaron a golpes pa'tras. Cinco policías se metieron conmigo al cuarto y me dijeron que me tapara y no los mirara a la cara, y a mi apa' lo tenían afuera", señaló la joven a Noticieros Televisa.
Kasandra continúo con su relato y detalló que los agentes con armas largas no se identificaron ni mostraron orden de cateo para entrar al domicilio. En tanto, su padre fue sacado de la casa en playera y chanclas y lo vistieron con uniforme militar.
La joven aun recuerda con lujo de detalle aquella tragedia: "Yo vi cuando le pusieron el pantalón, las botas y un casco, de la misma forma en que apareció muerto".
Pero no sólo fue Severino. Los testigos advierten haber visto llegar vehículos blindados en los que viajaban siete personas con la cara cubierta y esposadas, las cuales, después fueron ingresadas al domicilio.
Los vecinos nunca escucharon ráfagas, sino sólo disparos aislados. Además, no encontraron marcas de impactos de bala en otras casas o en las calles.
Información recabada, señala que siete de las personas levantadas fueron sacadas de Héroes de Nacataz, colonia Buenavista. Una de las personas era Jenifer, estudiante del Estado de México y recién llegada a Nuevo Laredo con su novio. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.
Otra chica, que de acuerdo a las autoridades estatales era parte del grupo criminal era Juana Yetzel, sexoservidora de 20 años y con dos hijas, que llegó proveniente de frontera Coahuila.
Una persona más habría sido sacada de un domicilio ubicado en Jesús Guajardo 649. La víctima fue identificada como Fernando Hernández, de 19 años.
Los testigos señalan como responsables a elementos de la Policía Estatal.
El Comité de Derechos humanos envió copia de las pruebas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que exigió una investigación inmediata y protección a los familiares de las víctimas.
La versión oficial
La entidad de Tamaulipas permanece bajo la conmoción de la jornada de horror vivida el pasado 5 de septiembre.
La tragedia comenzó en la mañana, cuando elementos de la Policía Estatal reportaron que delincuentes, que vestían uniformes apócrifos de la Marina y el Ejército. los emboscaron en la colonia Valles de Anáhuac mientras realizaban rondines de vigilancia.
Según el testimonio de los uniformados, al ver la presencia policial, los agresores dispararon contra éstos, pero sobrevino la reacción y optaron por huir en una camioneta gris oscuro tipo pick up.
La persecusión y tiroteo terminó en la Avenida 7 en una casa habitación marcada con el número 902, donde pretendieron refugiarse los gatilleros.
La policía alcanzó a abatir al chófer en el asiento de la camioneta y dos hombres más quedaron sin vida en la banqueta. Luego enfrentaron a cinco sujetos más en el interior del domicilio, quedando muertos dos hombres y tres mujeres.
Los ocho occisos vestían uniformes apócrifos de la Marina Armada y del Ejército Mexicano. Se presume pertenecían al grupo criminal La Tropa del Infierno, que es brazo armado del Cártel del Noreste.
Cuestionan "historial negro" de defensor de Derechos Humanos
Cuanto más compleja se vuelve la realidad, menos se tolera la incertidumbre. La versión sobre una ejecución extraoficial fue rechazada por algunos pobladores de la entidad, quienes reconocieron que los testigos son supuestos familiares de los líderes del Cártel del Noreste.
Hace meses, el presidente del Comité de Derechos Humanos en Tamaulipas, Jesús Raymundo Ramos Vázquez fue acusado de proteger a sicarios del Cártel del Noreste. Según informes, el comisionado criminaliza a las fuerzas armadas para sacarlos del estado.
Entre la lista de acusaciones también se encuentran los supuestos pagos que el cártel de Los Zetas realizó a organismos de Derechos Humanos de la entidad, principalmente en el municipio de Nuevo Laredo, para la promoción de denuncias contra la Marina y el Ejército por supuestas desapariciones de jóvenes.
Denuncian más ejecuciones extrajudiciales
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos humanos de Nuevo Laredo explicó que no es la primera vez que se denuncia una ejecución extrajudicial en Tamaulipas.
Señaló que el pasado 30 de marzo de 2018, Rafael Montoya Rosales, era un plomero quien fue ultimado al ser confundido con un delincuente.
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