Agredidos, sometidos, humillados: por qué los militares no se defienden de las turbas

Las escenas de agresiones y sometimiento a miembros del Ejército en diferentes comunidades del país se han vuelto habituales.

Con la instrucción de su comandante supremo de no responder a agresiones para evitar confrontaciones, grupos de interés creado han aprovechado para organizar muchedumbres agresivas contra los militares.

Informes dan cuenta de que incluso organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el robo de combustible, azuzan a poblaciones para enfrentar al Ejército.

El dicho de Andrés Manuel López Obrador de "abrazos y no balazos" ha quedado como un elemento de ornato en la comprometida situación en la que se han visto envueltos los militares.

El mandatario ha insistido una y otra vez que el Ejército "es pueblo uniformado", por lo que no atacará a la población, aunque eso incluya soportar golpes y agresiones con palos, piedras e incluso tubos y palas.

Las escenas se han repetido en varias partes del país: ciudadanos han arremetido contra militares y policías, quienes sólo se repliegan por lo que, incluso, han resultado heridos. En lo que va del año, se han reportado 11 agresiones a elementos militares; la última ocurrió en el municipio de Acajete, Puebla.

Aunque la orden es no responder, este 09 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional contestarán las agresiones en legítima defensa.

La Sedena señaló que cuando ocurran este tipo de incidentes entre personal militar y civiles, se actuará conforme a los protocolos con la finalidad de garantizar la seguridad y la paz.

"La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en lo que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos", señalaron.

La institución castrense dijo que los soldados podrán actuar en su defensa si son blanco de una agresión al acudir a una zona con el fin de garantizar la seguridad. La Sedena mencionó que los elementos responderán según los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad para proteger la vida e integridad física de los elementos del Ejército.

Este miércoles en su conferencia de prensa matutina, el presidente matizó su postura secundando a la Sedena.

"La recomendación es que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había masacres. Eso está prohibido, no se tolera en el gobierno esa actitud".

Un Ejército que no debe usar la fuerza

Desde el inicio de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, aseguró que nunca utilizará la fuerza para reprimir al pueblo.

"Jamás utilizaré la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales, ese es el juramento que nosotros hacemos: no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo", aseguró.

Es por ello que dio la orden de que las fuerzas del orden no responder aunque fueran agredidos, al argumentar que se respetarán los derechos humanos de la población.

El pasado mes de mayo quedó aprobada la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. En esta Ley, integrada por 41 Artículos y tres transitorios, se establecen las reglas generales sobre cómo deben actuar los agentes al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones.

Sus disposiciones aplican a todos los policías del país, a los elementos de la Guardia Nacional, y a las fuerzas armadas que participen en seguridad.

Una de las cosas que define es el uso de la fuerza que deben seguir las autoridades dependiendo de la resistencia que encuentren y las clasifica en 5 tipos: presencia de la autoridad, persuasión o disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas incapacitantes menos letales, y utilización de armas de fuego o fuerza letal.

La Ley define el uso de la fuerza como la "inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establece la norma".

Para que ese uso sea legítimo, se debe regir por los principios de "absoluta necesidad, legalidad prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas". Y en el Artículo 5 resalta que el uso de la fuerza se hará "en todo momento con respeto a los derechos humanos".

El Artículo 22 establece que se debe buscar no causar daño a la persona que se va a detener, a menos que la situación no lo permita por un alto nivel de amenaza. Se recalca que el uso de la fuerza debe ser "racional, subsidiario y proporcional". Se debe privilegiar la seguridad -en ese orden- de personas no involucradas, de los agentes y de la persona a detener.

Es bajo esta ley que los elementos de las fuerzas del orden venían actuando, lo que ha derivado en agresiones de la población.

Las agresiones

En lo que va de 2019, se han registrado 11 agresiones contra elementos del Ejército.

El más reciente ocurrió el 09 de septiembre en el municipio de Acajete, Puebla, donde cerca de 150 pobladores acudieron a una zona de bodegas resguardadas por soldados para tratar de recuperar las instalaciones.

De acuerdo con la Sedena, en dicho lugar se habían encontrado vehículos y mercancía robada por lo que solicitaron la presencia de autoridades competentes para obtener una orden de cateo.

El hecho dio paso a una serie de intercambios verbales y empujones por parte de los pobladores que supuestamente intentaron romper el cerco de los militares.

Ante la actitud de los habitantes, el comandante de las tropas invitó a los civiles para que desistieran de su actitud, manteniendo en todo momento el control de los elementos castrenses, indicaron las autoridades.

Señalaron que ante la actitud violenta de los civiles, el personal militar efectuó algunos disparos al aire como una medida disuasiva para proteger la vida e integridad del personal y dispersar a los supuestos agresores.

Pero de acuerdo con testimonios de pobladores recogidos por medios locales,  durante el enfrentamiento hubo una persona muerta y una herida. Incluso, aseguraron que los disparos no fueron al aire, sino de frente. 

Tan sólo dos días antes, el 7 de septiembre, tres militares fueron golpeados al tratar de evitar que 50 personas saquearan la carga de una tren descarrillado en San Juan del Río, Querétaro. Mientra que el 4 de septiembre manifestantes agredieron a elementos que resguardaban los accesos a Palacio Nacional en Ciudad de México.

El 26 de agosto, en el municipio de Los Reyes, Michoacán, pobladores golpearon con tubos y escobas a militares, tras la detención de un supuesto líder criminal originario de la población.

El 26 de julio, supuestos huachicoleros se enfrentaron con elementos de seguridad y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tepeaca, Puebla. Mientras que el 24 de junio, habitantes de San Martín Texmelucan, también en Puebla, golpearon y lanzaron piedras a militares que acudían a resguardar una bodega donde se robaba gas LP.

Otra más ocurrió en Tetepango, Hidalgo, en donde pobladores imposibilitaron que militares aseguraron dos camionetas que contenían combustible sustraído de una toma de Pemex. En marzo pasado, civiles de ese mismo municipio retuvieron a militares, luego de un enfrentamiento armado entre supuestos huachicoleros y personal de seguridad.

Mientras que a inicio de año, en Otumba, Estado de México, y en Tula, Hidalgo; hubo agresiones a militares por el aseguramiento de tomas clandestinas.

Pero uno de los incidentes más graves ocurrió el pasado 26 de de mayo, cuando pobladores de La Huacana, en el estado de Michoacán, desarmaron y retuvieron alrededor de seis horas a militares

La retención de los soldados ocurrió después de que éstos se enfrentaron a civiles para repeler un ataque armado. En la trifulca, una menor resultó lesionada, al igual que algunos militares.

Tras lo sucedido en La Huacana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actitud de los soldados "fue muy responsable, muy digna y muy valiente" y confirmó que el Ejército mantendrá una actitud prudente y de respeto a los derechos humanos.

"A nadie se le debe privar de la vida. Eso sí, hago un llamado a todos los mexicanos a que nos portemos bien. Ya pórtense bien" pidió el mandatario. E incluso dijo que "se trabaja en la capacitación para resolver sobre estos casos (…) Es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo", dijo.

Ante estos sucesos, el ex presidente Felipe Calderón ha mostrado su indignación por las agresiones a los militares, por lo que mediante sus cuentas de redes sociales, ha pedido al Gobierno Federal revoque la orden presidencial que impide a los elementos defenderse.

Las "razones"

Durante décadas, la población civil ha padecido los excesos de las fuerzas militares, por lo que las denuncias en su contra son numerosas. Desde violencia en operativos, hasta violaciones, desapariciones y asesinatos

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2013 a inicios de 2019, han sido presentadas 201 denuncias penales contra militares acusados de cometer abusos y de violaciones a los derechos de ciudadanos. Sin embargo, sólo se lograron siete sentencias condenatorias o castigos.

En enero de 2019, durante las audiencias públicas previas a la creación de la Guardia Nacional,  el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, informó al Congreso de la Unión que de este total de denuncias, sólo se han logrado siete sentencias condenatorias, siete absolutorias y 24 más que están están en proceso, por lo que resaltó el alto nivel de impunidad que priva en el castigo a las fuerzas armadas que cometen crímenes.

Aunque la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 reveló que la Secretaría de Marina es la institución que genera más confianza  entre la población, al ser respaldada por 8 de cada 10 mexicanos, y el Ejército es la segunda institución, después de la orden presidencial de no agredir a la población civil, las agresiones ahora son al revés. 

Es por eso que en este marco,  la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional contestarán las agresiones en legítima defensa.