Las protestas y manifestaciones de los migrantes africanos afuera de la estación migratoria Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, surtieron efecto.
El Centro de Dignificación Humana obtuvo un amparo para que a 812 migrantes africanos varados en Tapachula les entreguen un oficio para que puedan salir de México por la frontera que deseen.
Las constantes manifestaciones habían puesto en jaque al Gobierno mexicano, que buscaba contener el paso de ese contingente hacia Estados Unidos, como consecuencia del pacto migratorio con el país estadounidense tras su amenaza arancelaria.
El coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, señaló que esta medida suspende un documento que emitió en julio pasado la entonces directora general de Control y Verificación Migratorio, Ana Laura Martínez de Lara, en el que establece que los migrantes tienen que abandonar México por la frontera sur.
El impulsor del recurso legal a favor de los africanos detalló que un juez ordenó que el gobierno regularice a los migrantes y que puedan salir por cualquier frontera. Destacó que este amparo sería un precedente para todos los extranjeros.
"Martínez de Lara está aplicando la ley a su libre albedrío, en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado se dan citas hasta en un mes, esto es algo muy grave, ya murieron dos personas en el centro", afirmó a la agencia del estado mexicano Notimex.
"La delegada en sus funciones no tenía por qué meterse con cuestiones de regularización, sino que hay un puesto que para eso es que es el de jefa de regulación a nivel nacional", añadió.
García Villagrán aseguró que el amparo combate la ilegalidad del documento de restricción y el que la funcionaria se excedió en sus atribuciones.
"Esta gente no puede estar aquí por un sinfín de razones, están literalmente viviendo en la calle, están en condiciones paupérrimas, cómo le vas a decir definitivamente espérate siete meses y luego te vas", comentó.
El coordinador consideró que el primer agresor es el Estado Mexicano al engañar a los migrantes, pues les dicen que no hay oficios de salida y en su caso los obligan a entregarse para darles del documento.
Mediante sonoras protestas pacíficas, los migrantes habían denunciado desde hace unos días a las autoridades mexicanas sobre supuestos actos de corrupción por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), a quienes acusan retrasar la entrega de un permiso oficial que les facilitaría cruzar el país.
Pero Andrés Manuel López Obrador respondió que su Gobierno estaba "cumpliendo el compromiso de ordenar la migración en nuestro país", tras el acuerdo firmado con EEUU el 7 de junio para evitar la imposición de aranceles.
Recordó que pronto habrá una reunión "de evaluación" entre el Gobierno mexicano y el estadounidense y será en los primeros días de septiembre ya que "el plazo" de evaluación termina el próximo 10 de septiembre.
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La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país azteca para intentar alcanzar el llamado "Sueño Americano".
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Fue así que Estados Unidos y México llegaron al acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.
Como parte de este acuerdo, México envió a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo- y se contrató a más personal migratorio.
El 8 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó que las detenciones de indocumentados en la frontera con México cayeron cerca del 45 % tras dicho acuerdo.