Por qué Sedesol y Rosario Robles sólo son "la punta del iceberg" en la Estafa Maestra

La acusación del millonario desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de lo que se conoció como La Estafa Maestra, que hoy tiene tras las rejas a Rosario Robles, es sólo la punta del iceberg.

Y es que el descomunal desvío de 7,760 millones de pesos a través del complejo entramado de La Estafa Maestra no tiene como centro a la Sedesol, sino a otras instituciones como Pemex o la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de un grupo interdisciplinario, cruzó datos y determinó que Pemex y la UAEM son las dos instituciones que forman parte medular de la estructura de la red.

De acuerdo con el estudio basado (en la investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político), se observa que las instituciones dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) que en esos momentos se encontraba bajo la dirección de Juan José Suárez Coppel y luego de Emilio Lozoya Austin (hoy investigado por presuntamente haber aceptado sobornos de Odebrecht y por la compra con sobre costo de la empresa Agro nitrogenados) firmó 35 contratos con universidades.

Desde la ahora empresa productiva del Estado (Pemex) se desviaron la mitad de todos los recursos involucrados en La Estafa Maestra y el centro de distribución del dinero no es la Sedesol, Banobras o alguna dependencia, sino la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) la cual a su vez, redistribuyó los recursos económicos al resto de las empresas por servicios que o no fueron realizados o fueron subrogados.

Gracias a que estas compañías (legales y fantasmas) están vinculadas entre sí a través de sus representantes legales, empresarios y socios, se formó un núcleo de cohesión que le permitió llevar a cabo el desvío de recursos.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2013-2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cual se basa la investigación periodística que derivó en La Estafa Maestra, 11 dependencias de gobierno realizaron 70 convenios con 8 universidades públicas, las cuales se quedaron con una "comisión" de mil millones de pesos por jugar ese rol.

A su vez, estas Universidades firmaron contratos con 186 empresas legalmente constituidas y 128 fantasmas o irregulares. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

La Universidad Autónoma del Estado de México, parte medular de La Estafa Maestra

Pese a que la participación de la UAEM (a través de su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica) fue primordial en la redistribución de los 7,760 millones de pesos desviados del erario público durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la institución no ha sido requerida en la actual investigación que tiene a Rosario Robles presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México en esos momentos era Jorge Olvera García, quien una y otra vez se ha deslindado de los desvíos millonarios. Insiste en que desde que inició su rectoría, el 14 de mayo de 2013, todos los convenios bajo el esquema de La Estafa Maestra ya estaban firmados desde 2009.

Sin embargo, Olvera García admite que durante su rectorado sí se firmaron convenios con Sedesol, pero asegura que fueron para darle continuidad a los acuerdos signados años atrás.

No obstante, Olvera García, quien es el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, asegura que es el único rector que denunció esos convenios "hemos colaborado con la Auditoría Superior de la Federación y hemos dado respuesta a todas sus solicitudes. [En] seis años y medio yo tengo una denuncia interpuesta ante la PGR en el 2015, antes que la Auditoría [Superior de la Federación]. Fui el único rector que denunció esos convenios", insistió.

Por su parte, el actual rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca aseveró que hasta el momento no se le ha solicitado información sobre los convenios que firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando su titular era Rosario Robles Berlanga.

Barrera Baca insistió en que aunque no existe una solicitud de información o requerimiento por parte de las autoridades, está dispuesto a responder.

De acuerdo con declaraciones dadas a algunos medios de comunicación, el rector Barrera Baca aseguró que con lo que respecta a las auditorías de la ASF a la universidad desde el 2011, ya entregó toda la información requerida "ahora sólo estamos esperando la liberación de nuestras observaciones ya que hay una gran cantidad que sigue bajo análisis y otras tantas que son procedimientos resarcitorios, pero esto ya es contra personas físicas, nosotros hemos cumplido", aseveró.

Hasta el momento, Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos del 2012 al 2018, es el único de los ocho rectores involucrados en La Estafa Maestra que está en calidad de indiciado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, su ex secretario Técnico y también ex rector en esa Universidad (1995-2001), Gerardo Ávila García, fue señalado de haber gastado de forma indebida, alrededor de 23 millones de pesos de recursos federales de un contrato de servicios para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando fungía como secretario de la Rectoría, en tiempos de Alejandro Vera Jiménez, por lo que se encuentra en calidad de imputado.

Y aunque la Fiscalía General de la República asegura que está investigando a 30 personas que estarían relacionadas con los convenios que firmó la Sedesol, hasta el momento, la única que ha sido encarcelada es Rosario Robles Berlanga.

El saqueo en Pemex

De acuerdo con la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político, así como el estudio del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pemex fue la institución de gobierno de donde salieron la mitad de los recursos involucrados en La Estafa Maestra.

De la empresa productiva del Estado fueron desviados 3,576 millones de pesos. En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando su director era Juan José Suárez Coppel y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya Austin, con el presidente Enrique Peña Nieto.

Por estos desvíos, sólo tres funcionarios de Pemex estaban siendo investigados: Miguel Ángel Lozada Aguilar quien era director de Pemex Producción y Exploración (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de PEP y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Estaban acusados de haber firmado como responsables de 25 convenios entre Pemex y ocho universidades públicas entre 2012 y 2018, por un monto de 348 millones de pesos que terminaron en manos de 17 empresas fantasmas.

La Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que los tres servidores públicos fueron exonerados por la pasada administración de Pemex y que en sus archivos no hay registro de que se diera un seguimiento a sus casos por parte del Órgano Interno de Control de Pemex.

A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SFP inició una investigación a través de la evolución patrimonial de los tres servidores públicos mencionados en la que se detectaron posibles inconsistencias.

De la investigación se desprendió que los convenios firmados por los funcionarios con la Universidad Popular de la Chontalpa y el Instituto Superior de Comalcalco, para realizar diversas tareas para Pemex, fueron irregulares al permitir la subcontratación, elevar precios y no asegurar las mejores condiciones para el Gobierno.

Explicó que se subcontrató a instituciones públicas que a su vez subcontrataron a otras empresas, contraviniendo la Ley de Petróleos Mexicanos y el artículo 134 de la Constitución, ya que permitieron la elevación de precios.

Las empresas subcontratadas no contaban con el personal, equipo ni capacidad técnica y están ligadas a los funcionarios investigados de Pemex o personas cercanas a ellos e, incluso, algunas de ellas eran "fantasmas".

Rosario Robles es un chivo expiatorio: AMLO

En septiembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, aseguró que Rosario Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sedesol y Sedatu son un circo.

"Sí, porque no se fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando el país, y los medios de comunicación calladitos", aseguró.

Y sostuvo "Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente de que había actos espectaculares, se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, a cinco como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción", sentenció.