El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar pruebas sobre el dinero -procedente del erario público- que desvió a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
De acuerdo con el periódico Reforma, en julio Duarte envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR, en la que, a cambio de los datos y pruebas, pidió que la información proporcionada no fuera utilizada en contra de sus ex colaboradores.
El ex gobernador se ofreció a declarar en contra del ex presidente Peña Nieto y sus copartícipes, a quienes aseguró que también entregó dinero para fines electorales.
Hasta el momento la FGR no ha dado ninguna respuesta a la solicitud presentada por Duarte, aseguró Reforma.
Según el medio, la Fiscalía está a la espera de que Duarte dé el primer paso y presente la evidencia que dice tener.
El reportero Abel Barajas explicó que los delitos electorales que podrían sumarse al caso "tienen en promedio un plazo 5 años de prescripción y el caso que plantea a la Fiscalía refiere hechos ocurridos hace 7".
También añadió que en 2012 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó sobre un supuesto financiamiento de Duarte a la campaña por la presidencia de EPN. Esto, poco después de que la Fiscalía incautó 25 millones de pesos en efectivo a dos trabajadores del ex gobernador en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
La hipotética inmunidad penal que obtendría Javier Duarte, en caso de conseguirla, sólo aplicaría para el caso en el que imputa al ex Presidente. No tendría ninguna incidencia en el expediente federal por el cual fue sentenciado a nueve años de prisión ni en los dos procesos del fuero común que tiene en curso.
En una entrevista para el medio, Duarte de Ochoa aseguró que Peña le regaló "una suma de dinero" para ayudarlo mientras se encuentra en prisión, algo que el mandatario calificó como "cargos de conciencia".
Supuestamente, ese dinero lo habría utilizado para pagar a Alberto Elías Beltrán, ex encargado del despacho de la PGR, a cambio de que deje en paz a su familia y reclasifique el delito de delincuencia organizada.
El caso Duarte
Javier Duarte de Ochoa, de profesión abogado y político, fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre del 2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción, pidió licencia a su cargo como gobernador y para después escapar del país a bordo de un helicóptero propiedad del gobierno del estado.
El 13 de octubre del 2016, la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, pero fue hasta el 16 de abril de 2017 (luego de permanecer seis meses prófugo) que Duarte fue detenido en un lujoso hotel de Guatemala, acusado de ser el responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y éstas a diferentes prestanombres.
La indagatoria reveló un complejo esquema para el desvío de los recursos.
Y es que entre 2012 y 2013, a través de las Secretarías de Educación y Salud de Veracruz, se concedieron contratos a las compañías "Evolución de Diseños", "Farmacias Genéricos", "Solaris Technologies", "Gali Textil" y "Aglomerados de Concreto del Papaloapan".
Estas compañías fantasmas, recibieron contratos en procesos simulados de adquisición por diversos rubros que no se llevaron a cabo. Luego, traspasaron el dinero mediante transferencias electrónicas, a otras nueve compañías Edifica México, Benfa Inmobiliaria, Diseño Arquitectónicos Malva, Diseños Arquitectónicos Aylin, Sacmet Inmobiliaria, Agatone Advisor, Medical Health Services H2S, Anivis International Y grupo Inmobiliario Boing.
Las nueve compañías que ya no eran contratistas del gobierno, recibieron el dinero público de las que sí eran proveedoras. La Secretaría de Hacienda detectó que todas ellas traspasaron el dinero a otra empresa denominada Consorcio Brades.
Brades simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche. Los terrenos eran propiedad de prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios. Ya con el dinero en poder de los presuntos prestanombres de Duarte, se compraron rancho de lujo en el Estado de México, un yate, y la inversión en diversas propiedades en Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, así como Texas y Florida en Estados Unidos.
Aunque la investigación llevó a la detención de 50 ex funcionarios de la administración de Javier Duarte, cinco de ellos (entre ellos su ex jefe de la policía, Arturo Bermúdez y el ex fiscal Luis Ángel Bravo, acusados de desvíos de recursos y desaparición forzada de personas) han obtenido su libertad gracias a la obtención de amparos.
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