Hallan más anomalías de Rosario Robles, van también contra su equipo, su brazo derecho se ampara

Rosario Robles dio la orden a Emilio Zebadúa, su ex oficial mayor, de no suscribir contratos por adjudicación directa con entes públicos, tales como universidades e institutos. 

Sin embargo, los hizo tres años después de saber que este tipo de contrataciones acarreaban ciertas irregularidades.

El 26 de enero de 2017, según su defensa, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) libró un oficio para que Emilio Zebadúa se abstuviera de suscribir convenios, amparándose en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En el artículo 1 de dicha ley se exhorta a las dependencias a no realizar licitaciones para contratar entes públicos; en su lugar se advierte que estas deben efectuarse mediante adjudicación directa. 

Brazo derecho de Robles se blinda de acusaciones

Ramón Sosamontes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles en Sedasol y Sedatu, solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión.

Esto a pesar de que fue señalado de formar parte del primer círculo de Robles, y de haber firmado 2 de los 27 contratos que según la Fiscalía General de la República se hicieron de manera irregular.

Hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 10 denuncias relacionadas con el escándalo de la Estafa Maestra, pero sólo se han tomado acciones legales contra Robles y su equipo.

El desvío de recursos más grande en los últimos tiempos

Robles es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.

Una investigación periodística titulada con ese nombre destapó una compleja red de corrupción en la que se vieron involucradas varias dependencias gubernamentales, muchas de ellas bajo la tutela del ex presidente Enrique Peña Nieto. 

Se estima que se desviaron alrededor de 7,760 millones de pesos. 

De acuerdo con la investigación, al menos 11 dependencias del gobierno federal desviaron recursos. Entre ellas están la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo; y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya.

Precisamente fue la dependencia encabezada por Rosario Robles la que protagonizó el fraude más exagerado de la estafa: la Cruzada contra el hambre. 

En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas y gorras a los mexicanos del sector más vulnerable, y cuyos hogares están en las zonas marginadas de los 11 estados de la República.

La ASF confirmó que sólo se entregó el 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. No hay constancia de que los beneficios restantes se hayan entregado, únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Durante este fraude se reportaron diez convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que debían ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas de país y combatir la pobreza.

Sin embargo, las instituciones no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación ilícita.

Los tropiezos en su carrera política

Rosario Robles egresó de la licenciatura Universidad Nacional Autónoma de México como economista y después se convirtió en maestra en Desarrollo Rural, pero a partir de 1988 comenzó a labrar los primeros senderos de su carrera política.

Fue dirigente femenil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM (STUNAM); se sumó a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y se convirtió en diputada federal de la LVI Legislatura por el estado de Coahuila.

Sin embargo, su mayor logro llegó en 1999, cuando fue elegida como secretaria de gobierno.

Una de las frases que dijo en su gestión y que es recordada en la historia política mexicana fue: "Tengo las faldas bien puestas".

Durante su gobierno se llevaron a cabo los Operativos de Operación de Centros Nocturnos con los que fueron cerrados cientos de establecimientos por no cumplir la normativa, o darle entrada a menores de edad. También impulsó la llamada "Ley Robles" (avalada dos años más tarde), en la que se establece que los agentes del Ministerio Público pueden autorizar realizar aborto a mujeres que hayan quedado embarazadas por violación.

Pero sus primeros tropiezos llegarían a la par de su amorío con el empresario argentino Carlos Ahumada. 

En 2004 Televisa mostró videos en donde se le ve a Ahumada entregando grandes sumas de dinero a René Bejarano, entonces diputado local y mano derecha del jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador. Las imágenes embarraron no sólo a los involucrados, sino al PRD y sus pilares en la política.

Días después, un segundo golpe llegó: en otro clip el mismo Carlos Ahumada también le daba billetes a Carlos Imaz, entonces jefe delegacional de la alcaldía Tlalpan. 

Los integrantes del PRD señalaron a Rosario Robles como la responsable de relacionar a Ahumada y a los dos políticos. También la acusaron de realizar favores a empresas privadas aprovechándose de la posición en su partido. Ella sucumbió ante los reclamos y en 2004 renunció al partido.

En 2012, durante su participación en un evento de la Red de mujeres de la Sociedad Civil celebrado en Acapulco, confesó que apoyaba al candidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto.

Su apoyo valió lo suficiente ya que cuando EPN tomó protesta como presidente de México, Robles fue anunciada como la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Como funcionaria federal recibió su primer golpe en 2013 cuando fue acusada de conflicto de intereses. La Sedesol firmó un contrato con Pepsi Co. para participar en un programa social, sin embargo, se dio a conocer que su hermana, Magdalena Robles, era la publicista de la compañía.

El 21 de agosto 2013 demandó a Carlos Ahumada, su ex pareja, por extorsión, fraude y uso de documentos falsos. Él un año después la contra demandó a ella y al PRD por 520 millones de pesos que él les había dado para pagar publicidad y que no le fueron retribuidos.

Pero un año después su ex partido, el PRD, la denunció por el uso indebido de programas sociales. Según dijeron, Rosario amenazaba con retirarle los apoyos a las poblaciones más vulnerables si no votaban por el PRI en las siguientes elecciones de la Ciudad de México.

Presuntamente fue en 2015 cuando comenzó a contratar universidades para que realizaran servicios fantasma en la Cruzada Nacional Contra el Hambre y que después fueron señalados como organismos para triangular recursos.

El pasado 13 de agosto fue vinculada a proceso y le dictaron prisión preventiva. Actualmente se encuentra recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla.