La ONU denunció por primera vez al Estado mexicano por desaparición forzada

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en un hecho histórico, indicó que el Estado mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de autoridades estatales, que presuntamente tendrían nexos con el crimen organizado.

Christian Téllez Padilla tenía 30 años cuando fue víctima de desaparición forzada en octubre de 2010. Luego de nueve años,  el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución por su caso: el Estado mexicano debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias en las que desapareció.

La ONU publicó el dictamen hoy  en Ginebra, Suiza, tratándose de la primera ocasión en que esta instancia internacional se pronuncia por un caso particular de desaparición forzada en México.

El dictamen está basado en el derecho internacional de los derechos humanos y se emite tras recibir una denuncia de familiares de una víctima de este delito.

Aproximadamente a las 3:30 pm (del 20 de octubre de 2010 )a la altura del Puente Hueleque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dos patrullas de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, compuestas por ocho policías, interceptaron a Téllez Padilla, lo apuntaron con sus armas mientras lo bajaron de su automóvil y lo subieron a una de sus patrullas.

Su esposa, quien seguía el auto de su cónyuge en su camioneta, intentó seguirlos, pero cuando las patrullas se pararon para preguntarle lo que buscaba, llegaron dos policías en motocicletas que se colocaron frente a ella, impidiéndole el paso.

La tarde del 21 de octubre de 2010 la familia encontró el automóvil de la víctima en un lote baldío y dio aviso a la Procuraduría. El experto enviado tocó el volante del automóvil sin utilizar guantes e indicó a los familiares que no podía realizar el dictamen dactiloscópico debido al polvo.

Ella y familiares de la víctima presentaron denuncias. La mujer identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado Los Zetas, de acuerdo a la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que representa a la familia de la víctima.

Los familiares de Christian llevaron el caso ante el Comité debido a que las autoridades mexicanas "hicieron muy poco en términos de investigación". El Comité de Derechos Humanos tiene el mandato de examinar violaciones de garantías fundamentales en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo, el Pacto fue ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo el 15 de marzo de 2002.

El Comité señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.

"Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos", señalaron los expertos.

El Comité internacional señaló que en este caso, se violaron todos esos derechos por el Estado mexicano, no se practicaron a tiempo las diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables, sentenció esta instancia internacional en su dictamen.

"Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte", dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.

El Comité solicitó al Estado mexicano que informe dentro de 180 días sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.