Los tres grandes proyectos de la "Cuarta Transformación": detenidos y en la incertidumbre

Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República prometiendo realizar una Cuarta Transformación en la vida de los mexicanos.

Dentro de sus compromisos de campaña y de gobierno están la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la construcción de uno nuevo en la base militar de Santa Lucía; la edificación de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco (su tierra natal) y la construcción del Tren Maya, su obra insignia, con la que llevaría el progreso al sur del país, el cual ha sido abandonado históricamente por todos los gobiernos.

Sin embargo, el gobierno de la 4T se ha visto impedido para arrancar estos proyectos, debido a los innumerables amparos, además de que carecen de permisos, así como de dictámenes de impacto ambiental y arqueológico en todos los casos.

Esta situación, que tiene a los grandes proyectos del gobierno federal pendiendo de un hilo, ha afectado a la economía mexicana, ya que a decir de los especialistas, genera incertidumbre y falta de confianza para realizar inversiones en el país, tanto de empresas nacionales como extranjeras.

La cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción en Santa Lucía

Bajo el argumento de que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (que había iniciado en 2014) estaba plagado de corrupción, Andrés Manuel López Obrador determinó cancelar las obras sin importar que ya llevaran un adelanto de alrededor del 30%.

El anuncio se realizó incluso antes de que López Obrador tomara protesta como presidente Constitucional del país, al realizar "consultas" entre la población (en octubre de 2018) para saber si querían que se continuara la construcción de la terminal aérea en el ex lago de Texcoco o en Santa Lucía. Los resultados arrojaron que el nuevo aeropuerto se construyera en la base militar.

Fue entonces que comenzó la cancelación de uno de los mayores proyectos de infraestructura no sólo de México, sino de América Latina, el cual pretendía atender hasta 70 millones de pasajeros al año, con una vida útil de 100 años.

La cancelación ha generado un costo millonario para el gobierno debido a que ha tenido que indemnizar a empresarios y a los tenedores de bonos del NAIM, lo cual significó un desembolso de 100 mil millones de pesos, alrededor de 1,800 millones de dólares (USD). Apenas el viernes 26 de julio, López Obrador aseguró que "ya se pagó la deuda por la cancelación del NAIM".

Es decir, la anulación del aeropuerto le costó a los mexicanos 100 mil millones de pesos. Y aún falta la construcción de la terminal aérea en la base de Santa Lucía, en el Estado de México, la cual tiene una lluvia de amparos que impiden el inicio de su construcción.

López Obrador ha señalado que a su juicio, los amparos son improcedentes y consideró que ya es un avance el que se haya liberado el dictamen de impacto ambiental. Sin embargo, aún faltan otros dictámenes que impiden el inicio de las obras en Santa Lucía, como los aeronáuticos, sociales y arqueológicos. Pese a ello, López Obrador, aseguró que ya iniciará la construcción.

Para ahorrar en la edificación del aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador anunció que serán los propios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes construirán la terminal aérea.

El gobierno federal ha asegurado que la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía costará el 28.7% del NAIM con todo y cancelación, es decir, 72 mil millones de pesos.

Tendrá tres pistas de aterrizaje, una torre de control y un estacionamiento para 4 mil vehículos; generará 190 mil operaciones aéreas anuales, contará con los sistemas de navegación más modernos y avanzados y las obras se concluirán en menor tiempo que lo que estaba proyectado en NAIM.

El dictamen de impacto ambiental avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asegura que no hay consecuencias negativas en el medio ambiente, ni repercusiones importantes para la población o a la infraestructura ubicada afuera del límite de la propiedad.

"Se concluye que el Proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con base en la información proporcionada por Sedena y bajo el contexto presentado en el estudio, es viable en materia de riesgo ambiental, pues las consecuencias potenciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mínimas al entorno ambiental, en su mayoría temporales, por lo que el sistema ambiental local tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales presentes en la etapa de operación del proyecto".

Sin embargo, existen 11 suspensiones judiciales, concedidas por jueces federales y confirmadas por tribunales, que detienen y condicionan la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al cumplimiento de una serie de requisitos, además de las investigaciones de impacto ambiental, que de acuerdo a la ley marca, son requisitos indispensables.

Debido a estos recursos legales que impiden los inicios de la obra, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía la primera parte del aeropuerto estaría lista para el 2022 y no para el 2021 como lo tenía planeado el gobierno, reconoció el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) Javier Jiménez Espriú.

La Refinería de Dos Bocas

Otro de los grandes proyectos que ha tenido retrasos en su construcción es el de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En junio de este año, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) inició la consulta pública de la construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, la participación ciudadana y el derecho a un medio ambiente sano.

Y es que la información contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental, entre la que se encuentra el monto de inversión, el programa de trabajo y la matriz de impactos ambientales, fue reservada como confidencial.

Pese a ello, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle aseguró este lunes que la construcción de la Refinería comenzará el próximo 1 de agosto, toda vez que dijo cumplir al 100% con la manifestación de impacto ambiental, la cual tiene como fecha límite de entrega el 14 de agosto.

De acuerdo con Nahle, la construcción de la Refinería (la cual consta de 3 etapas y 17 plantas de proceso) tendrá un costo de 8 mil 134 millones de dólares (USD) e insistió en que la construcción se realizará en tres años debido a que se hacen varios trabajos a la vez y puso como ejemplo la planta de Cadereyta, la cual se construyó en ese plazo.

El presidente había anunciado que la edificación de la refinería correría a cargo de la propia Pemex, luego de que el proyecto fue declarado desierto debido a que las empresas Bechtel, Technit, Worley Parsons&Jacobs, Technip y KBR consideraron que la construcción estaría concluida hasta el 2024 y costaría más de los 8 mil millones de dólares que puso el gobierno como tope.

Incluso, la calificadora Moddy`s advirtió que la construcción de la refinería de Dos Bocas tendría un costo de entre 10 mil millones a 12 mil millones de dólares,  debido a la falta de experiencia del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos en la construcción de ese tipo de obras.

El pasado viernes 26 de julio que el gobierno federal anunció la adjudicación de los paquetes de construcción y desarrollo de ingeniería a seis empresas: Fluor Enterprises; ICA Fluor; Samsung Engineering; Asociados Constructores DBNR; Kellogg Brown and Root (KBR), y Constructora Hostotipaquillo.

La Secretaría de Energía (Sener) detalló que los paquetes asignados son el 1, 2, 3, 4 y 6, correspondientes al desarrollo de ingeniería y la construcción de la refinería que tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles de petróleo.

Mientras que el paquete 5, destinado al almacenamiento de productos, iniciará su contratación a inicios del 2020.

La Refinería de Dos Bocas es parte del Plan Nacional de Refinación para rescatar la producción petrolera y alcanzar la meta de 2 millones 400 mil barriles diarios para el final del sexenio, a fin de que México se convierta en un país autosustentable.

El Tren Maya, en la mira de ambientalistas

La obra insignia de la administración de López Obrador con la que pretende reactivar la economía del sur del país, ha sido objeto de numerosos amparos.

Organizaciones ambientalistas, tanto nacionales como internacionales, han advertido que el Tren Maya ocasionará una destrucción ambiental irreparable, lo cual ha sido desmentido por el propio López Obrador.

Y es que el proyecto contempla que el tren atraviese la reserva ecológica de Calakmul, reconocida como Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO. Pero el gobierno asegura que la tala de árboles será mínima ya que se usarán líneas de ferrocarril ya construidas, así como carreteras y tendidos eléctricos.

Pese a que el gobierno anunció que la construcción del Tren Maya comenzaría en diciembre de 2018 y a la realización de una presunta "consulta con las poblaciones indígenas" que habrían avalado el proyecto, los trabajos aún no han comenzado debido a la falta de estudios de impacto ambiental, cultural y al patrimonio arqueológico.

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha pedido al gobierno mexicano respetar los compromisos adquiridos en materia de Cambio Climático.

De acuerdo con el director del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) Rogelio Jiménez Pons, los estudios de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya estarán listos para noviembre de este año, y será hasta después que se pueda realizar la consulta a los pueblos indígenas.

La inversión se prevé en 150 millones de pesos, que se obtendrían a través de inversión mixta (iniciativa pública y privada). El gobierno proyecta que para 2024 se atenderá a 8 mil turistas diarios en la zona sur de la Península de Yucatán, particularmente en el tramo de Palenque a Calakmul, lo que daría casi tres millones de pasajeros al año.

Las consecuencias

Los retrasos en estas grandes obras de infraestructura sumado a la situación de pobreza, desempleo y prácticamente nulo crecimiento de la economía nacional, ha llevado a calificadoras como Standar & Poor´s, Moody´s y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Banco de México (Banxico), a que hayan reajustado a la baja sus expectativas de crecimiento, por lo que ya se habla que México se encuentra en una recesión técnica.

Aunado a ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló el viernes 26 de julio, que la actividad económica de mayo tuvo un nulo crecimiento (0.0%) frente al mes previo.

El Inegi detalló que la actividad de la industria se contrajo un 2.1%, mientras que las actividades primarias y terciarias subieron un 0.7% y 0.8%, respectivamente, mientras que a tasa interanual, la actividad económica descendió un 0.4% en el quinto mes del año, tras haber retrocedido un 1.5% en abril, en datos originales.

También el viernes, el Banco JP Morgan aseguró que una recesión técnica en México parece inevitable con un crecimiento negativo de la economía en el segundo trimestre del año. En una nota sobre el país, la institución financiera redujo su previsión de crecimiento para el periodo de 0.2% a -0.5% con base en los datos económicos disponibles.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado una y otra vez que México se encuentre en una recesión.

"No hay recesión, vamos muy bien. Cada vez está mejor la situación económica y social del país, cada vez hay más desarrollo y bienestar".

Durante su conferencia de este 29 de julio, López Obrador aseguró que está "tranquilo y optimista porque estamos bien y de buenas. No hay ningún riesgo ni para la economía, ni para la estabilidad política. Hay gobernabilidad en el país".