López Obrador se desmarcó de la ampliación de mandato en Baja California mientras el escándalo crece

No les importó que les gritaran "traidores". El Congreso de Baja California validó anoche una reforma al artículo 8 de la Constitución local para que el próximo gobernador, Jaime Bonilla Valdez,  pueda permanecer en el cargo durante cinco años.

En sesión extraordinaria que se realizó a puerta cerrada en una sede distinta al Congreso local, 21 de los 25 diputados avalaron la ampliación de mandato. Para lograrlo, la bancada de Morena argumentó el gasto que significaría para el estado tener elecciones en dos años.

Pese a que la sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, en varios momentos se escucharon consignas de "traidores" lanzadas por manifestantes que alcanzaron a trasladarse hasta la improvisada sesión .

La iniciativa pasa ahora al todavía gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien dispondrá de un periodo de 25 días para revisar el decreto y publicarlo en Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, en días pasados aseguró que no lo hará.

A decir de algunos legisladores, la aprobación fue un "madruguete"ya que fueron convocados a sesión extraordinaria con dos horas de anticipación ( sesión que se realizó en la sede del gobierno municipal de Playas de Rosarito y no en el Congreso local que es en Mexicali y que está a dos horas de distancia) además de que en la orden del día no aparecía el punto.

Explicaron que no se les avisó que habría dos sesiones. Fue hasta que terminó la primera cuando se convocó a una segunda sesión extraordianria inmediata para validar la ampliación de la gubernatura.

Los panistas Eva María Vázquez, Andrés de la Rosa Anaya y Miguel Osuna MIllán abandonaron la sesión. Antes de irse, Eva María Vázquez aseguró que estaba "completamente en contra de esta situación que creo es ilegal"

"Estamos siendo convocados en este mismo momento para una sesión (en la) que no conocíamos este punto del orden del día. Me parece que no estamos haciendo lo correcto, les pido que reconsideren".

Por su parte, la también panista Mónica Hernández, una de los 21 legisladores que votó a favor de la reforma, ayer mostró su rechazo a la ampliación

"Si bien voté a favor de esta reforma, es importante que exprese mi sentir. Hemos vivido de todo en esta Legislatura. En este momento sí me quiero manifestar en contra, no en contra de la situación, sino en contra de las formas (…) Esto trascendió más allá de lo que pudimos imaginar y nos llevó a ponernos en el (lugar) que no nos merecemos.

El dirigente nacional panista, Marko Cortés, expresó su rechazo a la aprobación de la reforma al tiempo que la consideró ilegal. Además, informó que serán expulsados los diputados del PAN que votaron a favor de la medida y que se presentarían recursos constitucionales.

De acuerdo con esta reforma, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, iniciará el 1 de noviembre y concluirá el 31 de octubre de 2024.

Jaime Bonilla, de 69 años de edad, ha sido señalado de ser amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso el dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, acusó que cuando era pre candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador habría pactado con Jaime Bonilla Valdez, hacerlo Senador, Súper Delegado y Gobernador, y ahora, la ampliación del mandato de 2 a 5 años.

El Congreso de Baja California está conformado de la siguiente forma: 12 diputados del PAN (6 ya dejaron las filas), 5 del PRI, 3 de Morena, 1 del Partido del Trabajo, 1 Movimiento Ciudadano y 3 independientes.

Una reforma inconstitucional

De acuerdo a la Ley Electoral de 2014 en Baja California y a la convocatoria para el proceso electoral 2018-2019, el gobierno entrante duraría dos años.

No es la primera vez que se determina que un mandato estatal dure ese periodo. Ya había ocurrido con los gobiernos en Veracruz (Miguel Ángel Yunes) y en Puebla con Antonio Gali.

Sin embargo, Morena aseguró que es "una locura" realizar nuevas elecciones en dos años ya que representaría un gasto excesivo. Incluso, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, llegó a asegurar que la gente está cansada de las elecciones.

Luego de varios intentos por ampliar el mandato del próximo gobernador y de que incluso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que se quedara hasta 2021, la madrugada del pasado 8 de julio, Congreso local de Baja California aprobó por 21 votos a favor, la reforma constitucional para prolongar a 5 años el periodo de la gubernatura, lo cual también fue avalada por tres de los cinco ayuntamientos del estado: Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

El diario Reforma realizó una encuesta telefónica una semana posterior a que el Legislativo local avalara la extensión del mandato, y los resultados fueron claros: el 54% de los ciudadanos de Baja California se dijeron en contra de la decisión del Congreso estatal de ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla.

La medición (realizada entre el 12 y el 14 de julio con entrevistas telefónicas a 400 adultos del estado) señala también que 57% de la gente cree que la decisión del Congreso fue antidemocrática, por 35% que la considera democrática. El 67% prefiere que se respete la ley frente a 31% que se inclina por ahorrar recursos en lugar de gastar en elecciones.

La aprobación del periodo de gobierno en Baja California es vista por analistas como un foco rojo, ya que consideran que es un ensayo para intentarlo con otros mandatos, como el presidencial.

Sin embargo, los especialistas consideran que no todo está perdido ya que existe una tesis de jurisprudencia del 2007 que señala que las prórrogas de un mandato son inconstitucionales.

De acuerdo con esta tesis, aprobada por unanimidad de 10 votos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivado de una ponencia de la ministra Margarita Luna Ramos, señala que es inconstitucional extender el mandato "más allá del periodo por el cual han sido electos directa y democráticamente tanto las legislaturas locales como los miembros de los ayuntamientos".

Establece que una extensión de mandato "equivale, de facto, a que los órganos representativos (que promovieron esa ampliación) se coloquen unilateralmente como únicos participantes activos y pasivos (virtualmente son únicos votantes y ciudadanos elegibles), como si se tratara de una elección propia para un nuevo periodo, excluyendo prácticamente para esos efectos a toda la comunidad del territorio de la entidad federativa, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, y convirtiéndose, al mismo tiempo, en intermediarios de una tácita elección en la que se señalan a ellos mismos como triunfadores".

Asimismo, la Tesis sostiene que extender el mandato se pasa por encima del principio de no reelección reconocida en los artículos 116, fracción II, segundo párrafo; y fracción IV, inciso a, así como 115, fracción I en relación con los numerales 35, fracciones I y II, 39, 40, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado dejar en claro su postura sobre el caso de Baja California. Lo mismo ha ocurrido con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue Magistrada de la Suprema Corte de Justicia.

Este miércoles durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador reiteró que se trata de un asunto que tiene que ver con el Congreso local por lo que no quiere que lo involucren.

"Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto porque buscan echarme la culpa de todo.. ya les dije: no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que éstas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente y él daba la orden (…) pregúntenle a la Licenciada Olga Sánchez Cordero si recibió la orden del presidente para que se llevara a cabo esta reforma o acuerdo.. eso ya se terminó (…) entonces no opino por eso, para no dar pie a las malas interpretaciones", dijo.

Sin embargo, algunos miembros de la izquierda que forman parte del actual gobierno, han rechazado lo ocurrido en Baja California. Tal es el caso del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo quien ha dicho que sería una "solución magnífica" la desaparición de poderes en Baja California.

"Si los poderes desaparecieran en Baja California, Bonilla quedaría inhabilitado para ser gobernador, señaló Muñoz Ledo después de la presentación del informe del presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama.

De acuerdo con el Artículo 76, la desaparición de todos los poderes constitucionales en la entidad, conlleva el nombramiento de un titular del ejecutivo provisional designado por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República. El gobernador provisional debe convocar a elecciones y éste no podrá postularse para el puesto.

La "Ley Bonilla", a la Suprema Corte de Justicia

Por lo pronto, el caso de la "Ley Bonilla", como se le conoce en Baja California, ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado lunes 22 de julio, el presidente municipal de Mexicali, Baja California, Gustavo Sánchez presentó ante la SCJN la primera controversia constitucional en contra del proceso legislativo local con el que se aprobó el periodo de mandato de Jaime Bonilla.

Gustavo Sánchez aseguró que los diputados de Baja California violaron términos constitucionales que establecen que "Cuando se hacen reformas constitucionales en Baja California (…) los ayuntamientos debemos ser citados y escuchados previamente a cualquier votación o reforma que se haga".

Dijo que los ayuntamientos no fueron citados para la aprobación de la extensión del mandato, por lo menos no el de Mexicali.

"El (Ayuntamiento) de Mexicali nunca fue citado o convidado a comparecer ante el Congreso (local) para que pudiéramos exponer nuestras razones por las que, por supuesto, hubiéramos y estamos en contra de esta reforma". Aeguró que esto demuestra que el proceso legislativo en Baja California, carece de sentido jurídico.

Pese a que el gobernador Francisco Vega se negó a publicar la reforma en el Periódico Oficial del estado, su veto no detiene la promulgación, según establecen las leyes de Baja California, a menos que acuda a la Suprema Corte.

Ahora, el máximo tribunal del país decidirá si revierte la reforma constitucional o la hace acatar, permitiéndole a Bonilla tomar protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años.