Qué es la austeridad republicana de López Obrador y por qué ha causado tanta discordia en su gabinete

La política de austeridad republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha costado el desmembramiento de su gabinete. 

Por lo menos cuatro funcionarios se han desprendido de los cargos que tenían o adquirieron el 1 de diciembre cuando llegó la actual administración al gobierno mexicano, por estar en desacuerdo con las medidas financieras que se han implementado en este ciclo. 

El último de ellos fue Gonzalo Hernández Licona, quien fungía como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Qué es la austeridad republicana de AMLO

El ahorro en el gobierno mexicano fue una promesa que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña camino a la presidencia. 

Le aseguró a la población que se acabaría con el lujo y despilfarro de las instituciones gubernamentales, y se recortarían los salarios de los altos funcionarios. A cambio, afirmó que habría organismos más eficientes y que el dinero reservado sería destinado a la población.

Su promesa se volvió realidad cuando se convirtió en presidente de México.  El 30 de abril de este año se remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana. Los receptores aprobaron el proyecto legislativo en lo general el 2 de julio.

En el estatuto se plantea la manera en la que se debe aplicar el sistema de ahorro en las dependencias.

"Los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresa productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados", dice la minuta en el artículo 4, Apartado I.

Las instituciones mencionadas están obligadas a adquirir bienes e inmuebles con máxima economía, eficiencia y funcionalidad, apegándose al presupuesto otorgado a las instituciones federales en el Paquete Económico 2019. 

También solicitó que las adquisiciones, arrendamientos y servicios de adjudicarían de manera prioritaria con licitaciones públicas, aunque este lineamiento no ha sido cumplido. 

Igualmente plantea que se reduzcan gastos en luz, viáticos, transporte, telefonía, alimentación, mobiliario, equipo de telecomunicaciones, papelería, cursos, pasajes, congresos, seminarios, combustibles, material de papelería, etcétera.

En cuanto a la estructura orgánica de las dependencias, se prohibieron las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento, y también se limitó la asignación de secretarios particulares únicamente a los titulares de dependencia o entidad.

Mientras que a los trabajadores que pueden permanecer en sus puestos, se les prohibió que contrataran seguros de ahorro con recursos del Estado. A los altos mandos también se les quitó el seguro médico, de vida y de gastos mayores.

Aunado a estas medidas, en distintas dependencias se ordenó el recorte de personal de confianza. "toda aquella persona contratada a partir del primero de diciembre de 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberá ser separada de su cargo", solicitó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en abril del 2019.

Sin embargo, los despidos comenzaron desde inicios del gobierno. Para junio de este año, 21 mil 727 trabajadores del gobierno fueron removidos de su cargo. Alrededor de 20% de los despidos corresponden al SAT, ISSSTE, Segob, SHCP y SCT.

Esos recortes y reducción del presupuesto ha provocado opiniones negativas, renuncias y despidos en personal que formaba parte de la 4T.

Inconformes con la austeridad

Hace cuatro días Gonzalo Hernández Licona publicó una columna en el medio Animal Político en la que criticaba los recortes que realizaron las secretarías de Bienestar y Hacienda al organismo que dirigía hasta el día de ayer, cuando AMLO solicitó que fuera removido de su puesto.

"Durante este gobierno se han tenido problemas en las áreas de salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto", escribió Hernández Licona en su texto.

Agregó que al organismo se le redujo 8% del salario a los trabajadores de niveles bajos  a los jefes de departamento 9,3%. Además, se le solicitó que se haga una reducción de 20% de las plazas estructurales, y se reservó un presupuesto del 49,2% del total autorizado para en Consejo. 

Hernández Licona dijo que de continuar con esa estructura financiera el Coneval dejaría de funcionar en las siguientes semanas. "Llevemos a cabo un ejercicio de austeridad que se base en una mejor planeación. Hoy tenemos un liderazgo presidencial fuerte, que es un requisito para hacer cambios relevantes en el país. Pero ese liderazgo tendrá mejores resultados si se basa en evidencia". 

El texto probablemente provocó que este 22 de julio, el presidente de la República nombrara al Dr. José Nabor Cruz como el nuevo titular del Coneval, después de que Gonzalo Hernández ocupara el puesto por 13 años.

"El trabajo en CONEVAL quizás ha sido el mejor de mi vida, por el momento (no he tenido muchos trabajos!). Le quisiera desear a todo mundo, alguna vez en su vida, un trabajo así, un trabajo con este equipo", escribió el funcionario en la carta en la que anunció su revocación del empleo.

Y agregó: "De lo que sí me puedo quejar es que el CONEVAL no tenga herramientas para seguir su labor en el futuro. Que el Secretario Ejecutivo se vaya no tiene mucha relevancia, pero los procesos presupuestales e institucionales sí la tienen. En esta coyuntura queremos que exista una solución presupuestal para el CONEVAL. Aplicar las medidas presupuestarias de recorte del 20% del costo de la estructura, eliminar las Direcciones Generales Adjuntas, que son quienes conocen los temas técnicos y quienes hacer la chamba sustantiva, así como recortar el presupuesto de Estudios e Investigaciones, afectaría gravemente a la institución. El CONEVAL no se niega a la austeridad, creemos que es importante, pero creemos que debe ser diferente". 

Gonzalo Hernández se sumó a otros personajes de la administración pública como Germán Martínez Cázares, quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Renunció a su cargo el martes 21 de mayo. 

En el documento en el que anunció que dejaría el puesto dijo que controlar los recursos de la institución podían acabar con la dinámica de solidaridad social del instituto. 

"El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el "cargo" que el "encargo", y agregó "Ahorrar y controlar en exceso el gasto de salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres".

Un mes después habló con el diario El Universal reiteró su posición contra la manera de recortar el presupuesto al instituto "Los niños con cáncer, los diabéticos, quienes esperan una operación no se curan con discursos, sino con dinero. Tiene que invertirse en salud. Los gobiernos progresistas gastan en la materia; estamos condenando a los  más pobres a atenderse en la salud privada, a hacer rica a la atención médica privada a que los medicamentos sean una mercancía cuando deben ser un derecho", declaró.

Antes de él, el 7 de junio renunció por un motivo similar Jaime Rochín del Rincón, que era comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

En su carta de renuncia se quejó de la manera en la que el actual gobierno estaba administrando a la Comisión: "Se requiere reforzar los mecanismos institucionales que las atienden; no diezmarlos, obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben. Se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas, en lugar de debilitarlo con medidas administrativas que devienen en la reducción de calidad de la atención de los casos y, por ende, en el agravamiento del complicado camino de las víctimas hacia la justicia", escribió.

Y una entrevista que posteriormente brindó a la periodista Azucena Uresti, dijo que estaba preocupado por el abandono a las víctimas, y que durante su gestión en el gobierno de AMLO, no tuvo comunicación directa con él.

Los tres funcionarios siguieron a Clara Torres Armendariz, la primera en renunciar a su cargo en la actual administración por temas relacionados con la austeridad republicana.

La funcionaria estaba a cargo del programa de Estancias Infantiles y decidió dejar su posición por acusaciones de corrupción y recorte presupuestal al programa. 

El gobierno federal retiró 46% del dinero que en periodos anteriores se le daba al programa de la extinta Secretaría del Desarrollo Social, para que madres o padres solteros pudieran dejar a sus hijos mientras ellos realizaban otras labores. En el Presupuesto de Egresos de 2019 se destinaron 2.041.621.313 pesos al programa, mientras que el año anterior fueron 3.788.509.242 pesos. 

Además, Andrés Manuel López Obrador dictaminó que el dinero que se le entregaba a las estancias ahora se daría directamente a los padres y madres de familia para "evitar moches y piquetes de ojo".