El 7 de junio de 2018, tres exempleados de la Secretaría de Finanzas local hackearon dos cuentas bancarias de la dependencia y transfirieron 190 millones 24 mil 307 pesos a una empresa fantasma. La fecha del desfalco es significativa para la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues fue un mes antes de las elecciones de 2018.
"El dinero sale en junio de 2018, ya para la interpretación de cada uno de ustedes", comentó la funcionaria en conferencia. Además, precisó que los exempleados habían sido detenidos por las autoridades capitalinas, ya que recibieron pagos sin ninguna justificación y para ello no se habrían seguido los procedimientos adecuados planteados por el Gobierno.
En ese mismo sentido, la empresa que recibió el dinero no estaba registrada en el padrón de de proveedores de la institución, por lo que la Secretaría de Finanzas lo presentó tanto a la Contraloría General como a la Procuraduría capitalina.
Por su parte, la Contraloría identificó irregularidades en prácticamente todas las secretarías por casos similares, pero precisó que al tratarse de faltas de distintos tipos, requieres diferentes sanciones.
Sheinbaum explicó que "algunas son sanciones administrativas y otras se considera que son sanciones ya penales, que en algunos casos lo determina la propia Contraloría General y en otros casos lo determina directamente el área que está encontrando la irregularidad".
También detalló que desde su posición respecto a las irregularidades se plantean si se envían tanto a la Contraloría General o a los Órganos Internos de Control de las contralorías de las distintas áreas. El caso que se considerase grave, dijo, se enviaría a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Sobre el caso de los tres exempleados, puntualizó que éste se encuentra en la Procuraduría, pero que también pasó por la Contraloría. Y es que a decir de la mandataria, desde la entrega-recepción de la Secretaría de Finanzas se encontraron irregularidades, las cuales se sumaron a las halladas al cierre de la Cuenta Pública en marzo de 2019.
El lunes, la PGJ informó que gracias a una denuncia realizada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas capitalina, dos hombres y una mujer pudieron ser aprehendidos por la transferencia monetaria del dinero hacia la cuenta de una empresa "sin antecedentes con la administración pública y sin haber previsto ninguna obra o servicio".
Además, la transferencia estuvo libre de cualquier procedimiento administrativo indicado en las leyes de la ciudad y cabe destacar que no existieron ordenamientos para realizar los pagos de esas cantidades.
En la investigación participó el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la CDMX, así como la Policía de Investigación, ambas instituciones con el fin de obtener datos con testigos y dictámenes policiales.
Gracias a las indagatorias, en las que también colaboraron instituciones bancarias involucradas, se pudo conocer la participación de los tres implicados y también de los cargos que detentaban como servidores públicos.
Ayer por la tarde, un juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva para Berenice "N", quien fungió como subsecretaria de Planeación Financiera; Gabriel "N", ex director general de Administración Financiera; y José Iván "N", quien trabajó como ex director en la misma dependencia.