El inmueble que le fue incautado al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, está siendo evaluado por el gobierno mexicano para poder ser subastado.
Como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que derivó en una orden de aprehensión contra el ex funcionario por lavado de dinero, las autoridades catearon y aseguraron el inmueble a finales de mayo.
"Hasta donde sé, el valor de la casa es de unos 30 millones de pesos, faltaría un proceso de evaluación por parte interna de nosotros para dar certeza de que el precio inicial sea correcto", explicó el titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas.
"La FGR está declarando el abandono de la casa de Lozoya, pero el abandono tarda como 9o días, que son como tres meses, se está trabajando en que sea declarada así y se pueda incautar", añadió.
La casa, en el número 20 de la calle Ladera, en la colonia Lomas de Bezares, está ubicada en un lujoso y exclusivo barrio en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en el oeste de Miguel Hidalgo; fue uno de los inmuebles cateados a finales de mayo, cuando la FGR emitió la orden de aprehensión contra Lozoya.
De acuerdo con la FGR, el ex funcionario del gabinete de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es buscando por el delito de uso de fondos a través del sistema financiero de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros.
Rodríguez Vargas, por su parte, confirmó que "todavía no se puede vender" el inmueble, pero que el procedimiento "va a ser muy rápido". Desde mediados de junio, Lozoya, a través de su abogado, Javier Coello, interpuso un amparo para poder recuperar el inmueble.
Coello también confirmó hace un par de semanas que la FGR había girado una orden de aprehensión contra la madre, hermana y esposa de Lozoya. Las personas antes señaladas cuentan con Ficha Roja de Interpol. Sus clientes se encuentran actualmente en Alemania.
López Obrador creó en mayo pasado el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, que se encarga de subastar los inmuebles y las posesiones que han sido incautadas a criminales de cuello blanco y también a miembros del grupo organizado.
Las primeras subastas, sin embargo, no han logrado cumplir su objetivo, ya que las casas que se pusieron a la venta y que antes pertenecían a capos del narcotráfico no son tan atractivas para los compradores como sí lo han sido los automóviles de lujo y las joyas que son requisadas por el gobierno federal.
La mansión, pieza clave en el caso Odebrecht
Una clave de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en México está en la edificación de 1,165 metros cuadrados fue adquirida por Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht.
En dicho inmueble presuntamente se negociaron las condiciones en las que se asignó el contrato millonario de la construcción de la refinería de Tula, Hidalgo.
La mansión era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de un miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.
Una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, siguieron la ruta del dinero pagado por la empresa brasileña, y se encontraron con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Lozoya y su hermana, Gilda Susana, fueron identificados como los beneficiarios.
La cantidad transferida aquél día fue equivalente en ese entonces a 38 millones de pesos. Ese es justo el monto que el exdirector de Pemex pactó con la señora Ampudia para adquirir su casa.
El inmueble se ubica en un condominio denominado Residencia La Retama. La empresa brasileña ha declarado que entre 2012 y 2014, le pagaron a Lozoya USD 10 millones.
El caso de Fertinal
A principios de junio, una investigación de Univision reveló que durante la administración de Lozoya en Pemex, la empresa productiva del Estado realizó la compra de una compañía de fertilizantes en quiebra (Fertinal) con un sobreprecio de 193 millones de dólares.
En marzo de este año, la transacción fue denunciada ante la FGR por Martha Rodríguez, apoderada de Pemex, como un daño al patrimonio del país.
LEE MÁS: Lozoya, Altos Hornos y los cómplices: el mapa para entender cómo lograron desfalcar a Pemex
El origen del problema legal data del año 2013. Tras la Reforma Energética en la que se abrió una puerta para que la industria privada pudiera tener negocios con Pemex, Lozoya decidió aprovechar la oportunidad y expandir el ramo de industrias a las que se dedicaban.
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