Tres personas han atraído las miradas de las agencias calificadoras y los participantes en los mercados esta semana: Arturo Herrera, nuevo responsable de la política económica del país; Raquel Buenrostro, encargada de hacer cumplir la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador; y Margarita Ríos-Farjat a cargo de recaudar el dinero necesario para financiar los principales proyectos del sexenio.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) responsable de recaudar los impuestos que suman al erario, por lo que es un pieza en clave para el gobierno. Los principales proyectos de López Obrador son irrealizables sin esta institución.
El propio AMLO reconoce su importancia. Durante un discurso pronunciado los primeros días de su sexenio dijo que no se podría financiar el desarrollo del país sin contar con la recaudación de impuestos de los contribuyentes.
El cerebro de ese importante órgano es Margarita Río-Farjat, señalada por el presidente como una de las colaboradoras con las que Carlos Urzúa, quien renunció al cargo de secretario de Hacienda el martes pasado, tuvo discrepancias al interior de la dependencia.
La estabilidad de la finanzas públicas del país depende, en este momento, de la relación entre el nuevo secretario y la directora del SAT, de acuerdo con analistas entrevistados por el diario El Economista. Una mancuerna formada entre ambos personajes servirá como engrasante para hacer funcionar correctamente las máquinas de recaudación de ingresos tributarios y la Unidad de Inteligencia Financiera, que persigue el lavado de dinero.
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La noche del martes, antes de que Herrera saliera a dar su primera conferencia de prensa como secretario de Hacienda, circuló el rumor de que ambos funcionarios estuvieron reunidos y durante su discurso, Ríos-Farjat estuvo presente.
Ríos-Farjat nació en Monterrey, Nuevo León. Es abogada de profesión por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Tiene una maestría en Derecho Fiscal por la misma casa de estudios y un doctorado en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Además ha tomado cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y por la Bolsa Mexicana de Valores.
Su paso por la administración pública ha sido intermitente. Comenzó en el Poder Judicial de la Federación, donde trabajó de 1996 a 1999. A partir de ese año, comenzó a ejercer como abogada privada en diferente firmas de abogados.
Durante el tiempo que estuvo fuera de la política, Ríos-Farjat se dedicó a escribir sobre temas jurídicos, cómo hacer negocios en México, la firma electrónica, el sistema nacional anticorrupción y políticas públicas.
Fue parte de un colectivo que en 2016 adoptó e implemento el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León y se involucró en otras organizaciones civiles de la entidad.
Aceptó colaborar en la elaboración del "Plan de Nación" de López Obrador en 2017 en el área de gobierno y justicia. Al año siguiente, se integró al equipo de transición del actual gobierno y luego fue nombrada directora general del SAT.
Antes de su nombramiento se hizo una modificación a la Ley del SAT en lo que se refiere a los requisitos para ocupar el cargo de jefe del órgano. En la nueva disposición se eliminó el requisito de experiencia en cargos de alto nivel.
Cuando López Obrador ratificó en el cargo a Ríos-Farjat no se hicieron esperar los señalamientos por una modificación a modo para que ella pudiera ocupar el puesto sin problemas.
La polémica aumentó cuando se dijo que era cercana a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, quien también fue señalado por López Obrador como otro de los personajes con quien Urzúa tuvo diferencias.
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Como directora del SAT, Ríos-Farjat ha mantenido un perfil conservador, busca la manera de recaudar más dinero para el erario, pero también porta el estandarte de inquisidora de la corrupción.
Al interior del SAT trabaja con un equipo de apenas 8 personas para manejar 12 departamentos y desde ahí impulsa el combate frontal a la evasión fiscal, explicó el experto fiscal Herbert Bettinger a El Economista.
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