Libertad Servicios Financieros, antes conocida como Caja Libertad, es una empresa que se encuentra en el ojo del huracán, ya que fue involucrada en el escándalo de lavado de dinero del abogado Juan Collado, su socio mayoritario, y de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, señalados como supuestos copropietarios.
La compañía, que cumplirá 59 años de vida este 2019, ofrece servicios de ahorro y crédito. Su último cambio de nombre se realizó en diciembre de 2008, cuando obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la constitución y operación bajo la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
De acuerdo con el Reporte Nacional de Inclusión Financiera de 2018, realizado por la CBNV, la compañía, con sede en Querétaro, unos 175 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, en el centro del país, contaba con 193 sucursales activas a finales de 2018, además de unos 2.2 millones de clientes en 23 estados.
Libertad servicios financieros también empezó a reportar operaciones a través de la cadena Oxxo, donde se ofrece pago de créditos, gracias a la Reforma Financiera de 2014, lo cual amplía su alcance a 16.200 sedes de este tipo de tiendas.
Esto le permite ser la sociedad financiera popular más grande del país, ya que concentra el 36.2% del total de activos de este tipo de entidades, con un acumulado de activos de unos 11.453 millones de pesos.
La detención de Collado
Este miércoles, la empresa recibió un duro golpe, ya que su socio mayoritario y presidente de su consejo de administración, el abogado Juan Collado, será procesado por los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) había detenido en la capital mexicana la tarde del martes al abogado, famoso por su cercanía con el mundo de la política, principalmente con integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se decretó un período de seis meses de investigación, por lo que permanecerá preso en el Reclusorio Norte durante todo el tiempo que dure el proceso y por un máximo de dos años.
La FGR señaló a Collado, actual abogado del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, como autor material de la creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta un terreno de unos 3.877 metros cuadrados que vendió por 156 millones de pesos más IVA a la Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros y en el que posteriormente se construyó la Zona Comercial Centro Sur, cuyo valor actual es de 700 millones de pesos.
Por el caso también se giraron órdenes de captura contra José Antonio Rico Rico, de Caja Libertad, así como a José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, de la compañía Operadora de Inmuebles del Centro.
Collado fue respaldado por Libertad Servicios Financieros, que mediante un comunicado aseguró que la compañía “no ha sido afectada ni vulnerada en ningún sentido y que sus operaciones continúan desarrollándose de manera normal para la tranquilidad de todos sus clientes, colaboradores y amigos”.
Además, aseguraron que Collado, “es una persona íntegra y de reputación intachable, que siempre se ha apegado a derecho tanto en su vida personal, como en su desempeño profesional”. Sin embargo, el acusado renunció a la dirección de la compañía “hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta”.
Entre su lista de los clientes de Collado están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, el empresario argentino Carlos Ahumada y Peña Nieto, de quien fue el encargado de llevar su divorcio con Angélica Rivera.
Las acusaciones contra los ex presidentes
La denuncia contra Collado y los otros cuatro coacusados fue interpuesta por el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien asegura que el terreno era de su propiedad y fue enajenado de manera fraudulenta ya que él nunca consintió la venta.
Además, Bustamante Figueroa aseguró que los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros son presuntamente los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
La compañía ya había sido acusada de actividades ilícitas en otra ocasión. En 2014, después de 15 meses de investigación, fue absuelta de tener vínculos con "prácticas de lavado de dinero", según las declaraciones del presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé.
El primero en deslindarse de las acusaciones fue el gobernador queretano Domínguez Servién, que negó "categóricamente" la "irresponsabilidad burda, mentirosa, que se dio a conocer el día de hoy".
"No tenemos una sola relación con esta institución financiera", dijo, además de advertir que "no van ensuciar" su nombre. "Eso sí no lo van a poder hacer, voy a enfrentar a quien tenga que enfrentar", completó.
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