El reto de AMLO: los tres peces gordos prófugos de la justicia

En numerosas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que durante su administración "no habrá impunidad para nadie" que haya cometido algún delito.

Y lo reiteró el martes 25 de junio durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional: "Podrán evadir la justicia durante algún tiempo pero van a ser detenidos, la autoridad debe hacer su tarea, pero lo que no se puede decir es que no son detenidos porque nosotros los protegemos. Eso no. Es una vil mentira", aseveró.

Sin embargo, este miércoles pareció contradecirse, al señalar que es posible terminar con la corrupción "perdonando a la mafia en el poder".

"Claro que sí, claro, ¿Por qué no?, si hay una circunstancia nueva, si ya no tienen posibilidades de robar y además son mal vistos", dijo el presidente al ser cuestionado por un reportero durante su conferencia matutina.

En el gobierno de López Obrador  hay varios ex funcionarios de alto nivel que aún permanecen prófugos de la justicia. Aquí te presentamos algunos de ellos.

Emilio Lozoya

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) es buscado por autoridades nacionales e internacionales, por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.
En diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos por 5 millones de dólares de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo.

En total, cinco presuntos sobornos de Odebrecht por 5 millones de dólares, habrían sido transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.

Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de una planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

El pasado lunes 17 de junio, un juez federal levantó la suspensión definitiva que impedía que Lozoya fuera detenido, luego de que el exfuncionario incumplió con las condiciones que le habían sido impuestas. Al día siguiente,  otro juez autorizó detener a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, acusada del delito de lavado de dinero.

Aunado a estos casos, el pasado 18 de junio, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal. El caso también involucra a Emilio Lozoya Austin.

Y aunque el ex director de Fertinal, Fabio Massimo Covarrubias negó que la negociación para la compra venta de la empresa por parte de Pemex haya sido con Emilio Lozoya o con el ex presidente Enrique Peña Nieto, las investigaciones continúan.

Apenas este martes 25 de junio, un juez negó la suspensión provisional a Emilio Lozoya Austin, contra el aseguramiento de una casa en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.  El juez federal argumentó que Lozoya Austin no pudo acreditar que el aseguramiento de la casa de Lomas de Bezares le haya causado un agravio.

César Duarte

Fue gobernador de Chihuahua del 2010 al 2016. De extracción priista, el otro Duarte, como se le conoce (en referencia al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte quien se encuentra detenido en Guatemala desde abril de 2017) fue acusado del delito de peculado.

Sobre él pesan 15 órdenes de aprehensión por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.

Aunado a esto, diversas versiones periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. César Duarte era afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos y de ranchos con búfalos.

Fue al inicio de la administración del actual gobernador Javier Corral, en 2016, que comenzó la investigación contra Duarte. En 2017 se emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador, tras detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015.

El 25 de enero de 2019, la Comisión partidaria del PRI decidió expulsarlo de sus filas, pero fue hasta el pasado 12 de junio, que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y aunque en enero del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR) aseguró que ya tenía ubicado a César Duarte en El Paso, Texas y se alistaba su extradición a México, el ex gobernador sigue prófugo de la justicia.

Mario Marín

Mario Marín Torres fue gobernador de Puebla de 2005 a 2011 y está acusado de tortura de la periodista Lydia Cacho quien, en su libro "Los Demonios del Edén", reveló el vínculo entre políticos y empresarios con una red de pederastia.

En su libro, Cacho describió fiestas organizadas por los empresarios de origen libanés Jean Succar Kuri y Kamel Nacif (conocido como El Rey de la Mezclilla), en las cuales se pervertía y abusaba de menores de edad y en las que participaron al menos 19 funcionarios, así como empresarios mexicanos y extranjeros. La periodista señaló a Marín de estar involucrado en la red de pederastia además de proteger a Nacif.

Tras esta revelación, Cacho fue arrestada de forma extrajudicial en diciembre de 2005, cuando Marín llevaba 10 meses en el cargo. La detención ocurrió en Cancún, Quinta Roo, a manos de policías de Puebla.

Durante su traslado vía terrestre a la ciudad de Puebla, la periodista sufrió actos de tortura por parte de los agentes, quienes incluso amenazaron con violarla y matarla. Cacho quedó en libertad tras pagar una fianza de 106,000 pesos, pero el proceso legal en su contra duró más de un año.

En 2006, se revelo una llamada telefónica entre Marín y Kamel Nacif. El empresario lo llamó "mi gober precioso" y le agradeció por haberle dado "un coscorrón" a la periodista.

Aunque Cacho contrademandó por tortura, en 2008 un juzgado penal se negó a emitir una orden de aprehensión contra los policías de Puebla señalados por Cacho, bajo el argumento de que no se acreditaba el cuerpo del delito.

Cacho llevó el caso a instancias internacionales y fue 13 años después, cuando la ONU emitió un pronunciamiento en el que se condenan las violaciones a los derechos humanos sufridos por la periodista.

En enero de 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la comunicadora por fallar en su responsabilidad de proteger la libertad de expresión y haber sido detenida arbitrariamente.

En abril de 2019, la magistrada María Elena Suárez, ordenó la aprehensión de Marín y del empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho.

Días después, una juez federal dejó sin efecto la suspensión provisional concedida al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podrá ejecutar la orden de aprehensión en su contra una vez que lo encuentre.

Sin embargo, eso no ha sucedido. La propia Cacho aseguró que la Fiscalía no tiene interés en detener al exgobernador poblano.

A través de su cuenta de Twitter señaló que una "fuente" de la Agencia de Investigación Criminal le mencionó que ya tienen la ubicación de Marín, quien está en México, a pesar de que la Interpol cuenta con una ficha roja para su búsqueda y detención alrededor del mundo.

En un tuit posterior Cacho aseguró que "Jamás publicaría algo como esto si no fuese cierto. Las renuncias al interior de @FGRMexico se relacionan con el debilitamiento de la institución, los recortes inaceptables y la parálisis en su interior. Los criminales, mientras tanto, operan tan tranquilos".

Hay que recordar que en 2004, Jean Succar Kuri fue acusado de encabezar una red de pornografía infantil en Cancún, por lo que estuvo prófugo, hasta su captura en Arizona, Estados Unidos en 2006. A mediados de ese año, fue extraditado a México.

En primera instancia fue internado en la prisión de Cancún, hasta que en mayo de 2011 lo trasladaron al penal federal de "El Altiplano" en donde permaneció recluido 8 años.

Succar Kuri, enfrenta una condena de 112 años por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores, acusado por siete de sus víctimas. Gracias a un amparo, en mayo de 2019 fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Cancún.