La derrota de López Obrador: México reprobó en combate a la corrupción

Una de las banderas principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción. Pero en los hechos, México no ha logrado grandes avances en la materia.

De acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, realizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA, por sus siglas en Inglés) México se encuentra entre los países de América Latina con menor capacidad para combatir la corrupción. Sólo Venezuela y Guatemala están en peores condiciones.

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Se considera que es más probable que los países corruptos sean procesados y castigados por los países con mayor puntaje

El país con mejor evaluación es Chile, con una calificación de 6.66, seguido por Brasil con 6.14, Colombia con 5.36; Argentina, 5.33; Perú, 5.17; México, 4.65; Guatemala, 4.55; y Venezuela con 1.71.

El Índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir el delito de cuello blanco. Estas variables se dividen en tres subcategorías: capacidad jurídica; democracia e instituciones políticas; y sociedad civil, medios de comunicación y sector privado. Los puntajes generales de los países son un agregado ponderado de estas tres subcategorías.

El combate a la corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación

La cancelación del NACIM y el polémico aeropuerto en Santa Lucía

Desde que fue abanderado como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, abrazó el tema del combate a la corrupción, pero casi siempre como discurso narrativo, sin ofrecer propuestas concretas para acabar con el flagelo.

Una de sus primeras acciones como presidente, fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACIM), que ya se construía en Texcoco y reportaba un avance del 30%.

El argumento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para esta cancelación, fue que las licitaciones para la construcción fueron opacas, por lo que al suspenderse la obra y realizar una nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, el pueblo de México se ahorraría más de 100 mil millones de pesos (mmdp).

Pese a que varias voces en la industria aeronáutica advirtieron del peligro de operar tres aeropuertos de forma simultánea (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca), el gobierno de López Obrador decidió la construcción de la terminal de Santa Lucía mediante una "consulta ciudadana". Y anunció que la realización y operación del aeropuerto estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el Plan Maestro del Aeropuerto de Santa Lucía, el costo total del proyecto asciende a 70 mil millones de pesos (mmdp). Se estima que, en comparación con lo destinado al NACIM (285 mmdp), el proyecto de Santa Lucía costaría 115 mmdp menos. Sin embargo, no existe transparencia con respecto a los procesos de licitación pese a que ya se destinaron recursos en el Presupuesto de Egresos para este fin.

El combate al "huachicol" y la construcción de una nueva refinería

A inicios del 2019, el gobierno federal arrancó una estrategia de combate al robo de combustible, práctica denominada como "Huachicoleo" realizada principalmente por bandas del crimen organizado y que ha ocasionado pérdidas millonarias a las arcas de Petróleos Mexicanos.

La estrategia consistió en cerrar los ductos de Pemex que transportan diesel y gasolina, lo que derivó en una crisis por el desabasto de los combustibles que afectó a 10 estados del país, incluida la Ciudad de México. La situación se prolongó durante semanas.

El gobierno federal anunció que ahora, el reparto de las gasolinas se haría mediante pipas, por lo que se lanzó una licitación para comprar los vehículos (la cual no fue transparente), ya que con las que contaba Pemex eran insuficientes.

Y reveló que, el hasta ese momento desconocido "Cártel de Santa Rosa de Lima", liderado por Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", era una de las dos organizaciones criminales que se disputaban el control del robo de combustible en Guanajuato. Y aunque se han realizado operativos para detener a "El Marro", no ha sido capturado.

Pero dentro de Pemex, no ha habido ningún acusado de complicidad y mucho menos detenido, por el delito del robo a los combustibles.

El gobierno federal aseguró que el dinero ahorrado por el combate al robo de combustibles (que al cierre de abril de este año sumaban 12 mil millones de pesos) se destinarán a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

De acuerdo con la Secretaria de Energía, esta nueva refinería tendrá un costo de entre 6,000 y 8,000 millones de dólares y estará lista en 3 años.

Pese a las críticas de que el proyecto es costoso y las recomendaciones de que la petrolera debería concentrarse más en las actividades de exploración y extracción para frenar la caída de la producción de hidrocarburos, el gobierno federal no ha cesado en este proyecto.

Recortes presupuestales y en la burocracia

Al arranque de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador advirtió que se habían acabado los derroches y los lujos de la "alta burocracia", por lo que se viviría bajo una "austeridad republicana".

Esto implicó numerosos recortes presupuestales en secretarías e Institutos, los cuales se han visto seriamente afectados en su operación; así como el cese de servidores públicos de niveles medios y de base. De acuerdo con versiones periodísticas, las medidas de austeridad provocaron que se despidiera a 83 burócratas diariamente. De diciembre a febrero 8,331 trabajadores dejaron de laborar en dependencias federales.

Como consecuencia de los fuertes recortes presupuestales así como de la cancelación de licitaciones de medicinas, los hospitales públicos viven una severa crisis en el abasto de medicamentos, ocasionando que miles de personas hayan visto suspendidos sus tratamientos, colocando a muchos de ellos al borde la muerte.

La situación derivó en la dimisión del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezado por el ex panista Germán Martínez Cázares, lo que provocó una fuerte crisis en el gobierno de la Cuarta Transformación.

En su carta de renuncia, Germán Martínez acusó que la Secretaría de Hacienda mantiene una "injerencia perniciosa" al imponer recortes y despidos que ponen en riesgo los servicios a los derechohabientes. Y afirmó que las acciones de austeridad en salud que son "inhumanas" para los sectores sociales más humildes.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la renuncia de Cázares, pero aseguró que "había muy buenos funcionarios en el equipo para sustituirlo". Zoé Robledo, del equipo cercano a López Obrador, quedó al frente del Instituto.

Venta del avión presidencial

En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en venta del avión presidencial, un Boeing 787-8, el cual fue comprado por 7,500 millones de pesos en el gobierno de Felipe Calderón. La aeronave fue trasladada California para encontrar un nuevo propietario

El 27 de marzo de este año, La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) publicó el anuncio para la venta del avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón".

De acuerdo con López Obrador, el avalúo de la aeronave es de mínimo 130 millones de dólares, cantidad que, aseguró, servirá para financiar el plan migratorio de emergencia. Y precisó que de cuerdo con Banobras, hay al menos 13 interesados en la compra de la aeronave.

Decomiso de bienes por delitos de corrupción

Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del "Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado" el cual se encargará de facilitar la distribución de recursos que se obtendrán bajo la Ley de Extinción de Dominio.

En diciembre de 2018, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas constitucionales en materia de Extinción de Dominio, que se aplicará a los bienes de quienes hayan incurrido en los delitos de actos de corrupción, robo de hidrocarburos y extorsión. En febrero de este año, 17 Congresos estatales aprobaron el dictamen, por lo que fue promulgada como ley.

A través del Instituto se esperan obtener este año mil 200 millones de pesos, que estarían destinados a los municipios más pobres del país.